Dahiana* no pudo abortar, aunque hubiese querido. Cuando las autoridades del hogar del INAU en el que vivía, en Rivera, la acompañaron a una revisión de salud y detectaron que estaba embarazada de 14 semanas, ya era tarde. Eso le dijeron y nadie preguntó más. Siguió con el embarazo y, cuatro meses después, murió.
Su muerte pudo haberse evitado. Su estado de salud se deterioró, justamente, por haber cursado un embarazo que, por su edad y su contexto —de vulnerabilidades y abusos— , era riesgoso.
¿Cómo el Estado protege a quienes tiene que proteger? Ahora la Cátedra de Ginecología agrega otra arista: “Esta chica, con extrema vulneración y con indicios de explotación sexual, tendría que estar incluida en la excepción de la interrupción del embarazo… tendría que habérsele propuesto” un aborto sin importar que hubiese sobrepasado las 14 semanas de gestación previstas en la ley. Así lo sostiene Verónica Fiol, profesora agregada de la Clínica Ginecológica A, que reconoce que “una de las debilidades de la ley de interrupción del embarazo de Uruguay son los (escuetos) plazos”. Solo se permite el aborto hasta la semana 12 (con excepción de hasta la 14 en caso de violación). Pero, “incluso con las fallas que pueda caber en la normativa, existe la posibilidad de hacer una interrupción porque es necesario salvar la vida materna, como debería pasar con muchas adolescentes, y para eso no hay plazos”.
Las estadísticas son contundentes: las adolescentes tienen más chances de parto pretérmino, más posibilidades de acabar en una cesárea, más casos de afectación de la placenta, más chances de abandonar los estudios, más posibilidades de pérdida de vínculos sociales, más probabilidad de que queden sometidas a quienes las embarazó o a su familia, o sean víctimas de represalias, más intentos de suicidios por un embarazo no deseado.
Un embarazo en una niña o adolescente “no es una buena noticia”. Porque si bien existe una reacción cultural —tan arraigada que parece inevitable— en que se tiende a felicitar a quien queda embarazada, como sociedad “no podemos ver con felicidad” un caso así. Incluso aunque la pequeña “diga que está feliz y que quiere seguir con su embarazo”. Magdalena Álvarez, una de las responsables de la estrategia de notificación y análisis de embarazo infantil en ASSE, insiste con que las pérdidas a esa edad son mayores a cualquier ganancia.
Una de cada cuatro niñas que quedó embarazada, desde que ASSE tiene su estrategia de notificación, está bajo protección del Estado. Y una de cada tres niñas se encuentra en procesos judiciales por violencia, incluyendo violencia sexual. Según la última modificación del Código Penal, todo embarazo de una menor de 13 años se presume que es violencia sexual. Lo mismo si se trata de una adolescente que se lleva más de ocho años de diferencia con quien la embarazó.
Maite (12) era amiga de Dahiana. Se habían escapado juntas la noche de noviembre en que la mayor de ellas fue violada en una casa Santana do Livramento, del otro lado de la frontera con Brasil. Al igual que su compinche, quedó embarazada (no en esa noche de abusos, sino que tras esa salida fue que le detectaron las nueve semanas de gestación). Y viajó a Montevideo para realizarse un aborto en el hospital de referencia Pereira Rossell. Pero su caso no figura como violación ni como riesgo de vida de la madre, solo como una "voluntad propia de la mujer". En Uruguay los registros de las interrupciones voluntarias del embarazo sigue los dichos de la usuaria, aunque el médico vea en la consulta todo lo contrario.
Abortos entre la meseta y la suba
Nadie sabe a ciencia cierta cuántos años tienen que pasar, de suba sostenida y con qué porcentaje, para poder afirmar que las interrupciones voluntarias del embarazo están subiendo. Los saltos son moderados, cercanos al 4%. Y desde 2018 superan los 10.000 al año, pero nunca sobrepasaron los 11.000.
Esa especie de "meseta", con tendencia a la suba, es la que, según los demógrafos, justifica que la caída de los nacimientos en Uruguay no está vinculada a los abortos. Pero la misma estadística deja al descubierto un problema de convencimiento y aceptación.
Mientras que en las mujeres adultas solo entre el 5% y 6% decide continuar con su embarazo (o la obligan a eso porque no está dentro de los plazos legales) tras haber consultado para interrumpir su embarazo, en las menores de 15 años siguen adelante con la gestación el 12%. Así lo dejan en claro el último informe de abortos 2023 que publicó el Ministerio de Salud Pública.
"A diferencia de la creencia popular, de que los embarazos infantiles suelen ocultarse y captarse de forma tardía, más del 70% de ellos se captan a edades gestacionales" previstas en la ley de IVE. La estrategia de notificación de ASSE lo deja demostrado. Pero eso no significa que los tiempos de las niñas sigan esas lógicas: muchas veces no tienen autonomía para la decisión, muchas veces no hay un adulto protector.
“Lamentablemente, estas situaciones van muy de la mano con falta de adultos protectores reales". Por lo general, “existe una protección difusa: ‘yo la voy a cuidar y le voy a poner una casita y le voy a conseguir unos bloques para hacer una casa, va a tener una cama propia’. Pero sabemos que no es así: deja de ir a la escuela, no come bien, no tiene la suficiente ropa, ni siquiera la posibilidad de salir a jugar”. Álvarez es psicóloga de profesión y lleva años mostrándole a sus pares de la salud cómo cuando vemos a una niña embarazada no estamos viendo lo que hay detrás.
Por eso el catedrático de Ginecología Leonel Briozzo, uno de los promotores de la ley de IVE, insiste: la muerte de esta chica de 16 años se convirtió en un caso paradigmático, “es el ejemplo más terrible del riesgo de continuar un embarazo para una niña o adolescente con múltiples vulneraciones de derechos. La interrupción de ese embarazo podría haberla salvado”.
Los plazos, la mayor debilidad de la ley 10 años después
Para Briozzo, los plazos en la ley merecen una revisión. En la misma línea se expresó Fiol, bajo el argumento de que el embarazo no siempre se detecta en tiempo y forma, y se exigen, además, cinco día de reflexión que achica los tiempos en caso de que la gestante decida abortar definitivamente.
Santiago Puyol, de la ONG Mujer y Salud (Mysu), sostiene que "el plazo es claramente un problema porque las mujeres siguen recurriendo a la clandestinidad para resolver situaciones de aborto, y ya se han registrado procesamientos de mujeres como fallecimientos por prácticas inseguras desde la aprobación de la ley. Lo que es claro es que si Uruguay fue de avanzada en su momento, se quedó muy atrás, porque Argentina legalizó hasta las 14 semanas y sin plazo para violación, y Colombia legalizó hasta las 24 semanas y también sin plazo por causales. Y Canadá ni siquiera pone plazos".
Mónica Gorgoroso, coordinadora de Salud, Mujer y Género de ASSE, había dicho a El Observador que, tras más de diez años del aborto despenalizado en Uruguay, existe la madurez para rever aquellas falencias del sistema que coartan derechos. La referente técnica de ASSE menciona dos: por un lado, la necesidad de que las inmigrantes recientes no tengan que esperar más de un año de residencia para acceder al aborto seguro. En segundo lugar, los plazos.
La activista Cecilia Stapff, de la ONG Iniciativas Sanitarias, remarca que si bien la ley fue buena, porque muchas mujeres accedieron a "un aborto seguro", con el tiempo notaron que los plazos, como el de los cinco días de reflexión obligatorios, la obligatoriedad de un equipo disciplinario o que las migrantes sin un año de residencia queden excluidas, se han convertido en un problema.
*Los nombres de las niñas y adolescentes que aparecen en esta nota son ficticios, pero siguen la coherencia de anteriores notas publicadas por El Observador.
