La noticia de la muerte materna de la adolescente que estaba bajo la tutela de INAU en Rivera reabrió un caso que no había tenido avances hasta el momento. La fiscal departamental de segundo turno, Isabel Ithurralde, mantuvo una reunión el viernes con los responsables de la Unidad de Trata y Tráfico de la Jefatura Departamental y establecieron varias líneas a seguir, según pudo saber El Observador con fuentes del caso.
En ese sentido, una de las líneas es determinar si hubo omisión de la policía de Santana do Livramento en tomar la denuncia de Dahiana, la víctima, quien falleció en mayo cuando fue a dar a luz a su hija -que sobrevivió- en el Hospital de Salto. Una investigación de El Observador publicada ese sábado da cuenta de que la joven, de 15 años, y una amiga de 12 -ambas bajo la custodia del INAU en ese momento- denunciaron la violación en la delegacía brasilera, que los policías las llevaron en una camioneta a identificar la casa —en una calle empedrada, un terreno al fondo con portones adelante— donde había ocurrido el crimen, pero no les tomaron la denuncia y les dijeron que volvieran a Rivera del otro lado de la frontera.
Para eso la fiscal Ithurralde pidió un informe a la Policía brasileña que aporte el registro de la denuncia.
Por otra parte, se pidió un análisis de ADN a la beba que dio a luz Dahiana que está desde el 14 de mayo en el Hospital de Rivera, esperando que un juez de Familia disponga su destino. Con el análisis de ADN la Fiscalía quiere verificar quién es el padre de la niña ya que desde INAU afirman que es un novio que tenía Dahiana. La violación que la adolescente quiso denunciar ocurrió el 30 de noviembre de 2023 y ella dio a luz en mayo de este año.
También pidió otra prueba de ADN. La otra adolescente de 12 años que iba con Dahiana también resultó embarazada y se practicó un aborto. En ese momento se le tomó una muestra al feto con orden judicial y ahora la fiscal pretende cotejar esa muestra con otras para establecer quién fue el responsable del abuso sexual que reviste mayor gravedad por tratarse de una menor de 13 años. Dahiana en cambio no pudo hacerse un aborto por estar en la semana 14 cuando la ley determina el límite para el aborto legal en la semana 12. La cátedra de Ginecología A, sin embargo, entiende que esa interrupción del embarazo debió hacerse igual porque corría riesgo la vida de la madre (quien terminó falleciendo).
Si bien en la denuncia que el INAU presentó a la Policía y que recayó en la fiscalía de Ithurralde menciona a varias adolescentes que podrían estar siendo víctimas de explotación sexual, la investigación arrancará por esos dos casos porque hubo embarazos.
También se intenta determinar, en colaboración con la Justicia brasileña, la ubicación de la casa a dónde fueron llevadas las menores.
Hasta el momento no hay ninguna persona identificada. "Solamente tenemos algunos apodos que surgen de la información pero nada concreto", dijo la fuente.
El tratamiento a las víctimas por ser menores y vulnerables
Las fuentes explicaron que al tratarse de víctimas que son adolescentes y están en situación de vulnerabilidad se ha evitado hasta el momento interrogarlas para que no sean revictimizadas.
En ese sentido, se cuenta con el asesoramiento de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía, que orienta a los fiscales del equipo sobre los pasos a seguir. En los procesos penales a las víctimas menores de edad se le puede tomar declaración en forma anticipada por una única vez y luego se utiliza ese testimonio para el juicio.
También hay un equipo de psicólogos de INAU que están tratando a las adolescentes, se indicó aunque una de ellas en este momento regresó con su familia, indicó la fuente de la investigación.
