21 de septiembre 2024 - 5:00hs

Desde que Marcela era Marcelo está acostumbrada a que le digan que “no”. Que no puede vestirse como se le canta. Que no puede trabajar en algo diferente a la prostitución. Que no puede cambiar el nombre y el sexo en el registro. Que no puede obtener en su mutualista la debida hormonización.

Cuando superó todos esos “no” y parecía que por fin —ley integral de personas trans mediante— iba a conseguir la operación de reasignación de sexo que acabase con un lento proceso de transformación, otra vez le dijeron que no.

Hace cuatro años esta psicóloga fue al Servicio Médico Integral (SMI) donde estaba afiliada y empezó el trámite para hacerse una vaginoplastia (una cirugía de reconversión de sexo que, en su caso, implica primero la quita del pene y los testículos, luego la construcción de la vagina, la vulva y el clítoris). Pese al visto bueno de la endocrinóloga y el urólogo tratante, el prestador de salud le dijo que no (aduciendo que la prestación no formaba parte de la oferta financiada).

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Entonces empezó una travesía que todavía no terminó y que, a diferencia de otras negativas a las que se ha enfrentado Marcela, esta vez supone una carrera contra el tiempo. Porque una vaginoplastia no es una operación cualquiera. Son varias horas de anestesia general y otros riesgos que aumentan con la edad.

Marcela Pini (51) lo tiene claro, está dispuesta a dejar la vida por su decisión. Lleva meditando el asunto hace décadas. Ya en la década de 1990, cuando era un joven estudiante de Psicología y debió dejar la carrera por la mitad porque los horarios le eran incompatibles con el trabajo (“explotación”, dice ella) sexual, sabía que era y quería verse mujer. Como cualquier otra.

Cuando retomó y terminó la licenciatura —hace más de una década— ya lucía como mujer, había cambiado su nombre y sexo en los documentos, había accedido a la medicación que le quita el bello y le modifica en algo la voz… pero no había logrado la trasformación completa.

Ella, quien considera que “el goce es multifactorial y va más allá de un orgasmo”, carecía del dinero y el interés para operarse en el exterior.

—Soy uruguaya, este es mi país, aquí tengo mis afectos y me siento cómoda.

Con la aprobación de la ley trans (2018) y la reglamentación un año después, la normativa la avalaba. Aun así, se chocó con un nuevo “no”.

El SMI le negó la prestación. Hizo la denuncia al Ministerio de Salud, quien demoró en responder. Y si bien la cartera sentó por escrito que “el procedimiento aludido (vaginoplastia) forma parte de la reglamentación en forma taxativa por lo cual debe ser brindado por parte de la institución”, jamás intimó a la mutualista y archivó el expediente.

¿Por qué? El entonces jerarca máximo de la Junta Nacional de la Salud justificó que habló por teléfono con el director del Hospital de Clínicas (donde se vienen realizando estas intervenciones con cierta normalidad), quien supuestamente le dio el “ok”, y listo. Pero eso nunca se concretó.

Marcela, sabedora de no darse por vencida, radicó una denuncia ante la Institución de Derechos Humanos. El fallo fue lapidario: “el Ministerio de Salud Pública vulneró el derecho de Marcela de acceder a la atención integral, en concreto a las prestaciones consagradas en la normativa vigente”.

Como la intervención seguía sin concretarse —incluso sus compañeras de trabajo no salían de su asombro ante semejante perseverancia e insistencia—, fue a la Justicia.

La magistrada Sahiana Sena dio lugar al derecho de amparo. Convocó a una audiencia “muy dolorosa”, que duró más de dos horas, y en la que el abogado del SMI acusó a Marcela de querer desfinanciar el sistema integrado de salud.

Sena analizó las pruebas y condenó a la mutualista “a realizarse a la afiliada los procedimientos mediocoquirúrjicos necesario para la reasignación de sexo morfológico femenino”. Les dio diez días para empezar la coordinación administrativa.

La mutualista apeló. El tribunal de Apelaciones de Familia adujo que el asunto era una cuestión Civil y no de Familia. Entonces el expediente pasó a otra órbita judicial. Allí le dijeron que si bien podía tener la razón, el plazo para un derecho vulnerado de urgencia había caducado (debió haberse hecho tras la primera negativa del SMI y no años después).

Marcela no dio crédito. El MSP tiene una oficina especializada para denuncias, pero su caso quedó archivado sin más. La Justicia le reconoce el derecho al amparo, pero le dice que llegó tarde. Y la Institución de Derechos Humanos le reconoció su derecho vulnerado, pero el fallo no es vinculante.

—Me quería cambiar de prestador cuanto antes, pero si lo hacía tiraba todo por la borda

Por el último número de su cédula, en agosto pudo cambiarse de mutualista. Y ahora empezó el trámite para la vaginoplastia con la esperanza de que esta vez no reciba un “no” como respuesta.

“No hay nada por lo que festejar”

Este último viernes de setiembre será la marcha por la diversidad. El Centro de Montevideo lucirá los colores del arcoíris y una multitud —sobre todo jóvenes— bailarán al compás de los DJs que viajan en chatas. Pero para Marcela “no hay nada por lo que festejar”.

La consigna de la marcha coincide sin decirlo: “Hasta que los derechos sean hechos”. Los colectivos convocantes reconocen que Uruguay tiene las leyes, pero critica que partes de ellas (en especial la ley trans) se incumplen.

“Sigue habiendo un debe. Hemos recibido varias denuncias de personas trans a las que se les niega la intervención de reasignación de sexo. Incluso hace poco recibimos la denuncia de unas chicas en Maldonado que recibieron en su prestador medicamentos (para la hormonización) vencidos”. Paula Moreno, una de las organizadoras de la marcha, lamenta “la falta de compromiso” en Uruguay.

La Cátedra de Urología realizó “una veintena” de vaginoplastias desde que se aprobó la ley trans. En el mutualismo se realizaron menos de cinco. Y el catedrático Levin Martínez admite que “el sistema mutual no está preparado, se le impuso algo para lo cual no sabe cómo hacer frente, ni siquiera tercerizando el servicio porque no hay gente capacitada para darle el seguimiento posterior a los usuarios y las usuarias”.

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