Estación Central: informe de Presidencia defiende que el acuerdo delimita el "costo fiscal" y que el Estado recuperará deudas del privado
Según informe de Presidencia, el acuerdo con Glenby SA es “una solución integral a un conjunto de litigios y controversias que se han extendido durante varios años” que asegura “beneficios fiscales”, termina con la “incertumbre” y propicia la “revitalización” de La Aguada
Los que tengan menos de 30 años de edad probablemente no guarden recuerdo alguno de la histórica estación de trenes en el barrio de La Aguada. Los menores de 20 posiblemente nunca hayan entrado al impactante recinto en desuso. Hace dos décadas que los únicos vistazos posibles a las viejas plataformas se reducen a contadas visitas por el Día del Patrimonio, a algún paseo por la Torre de las Telecomunicaciones o, recién desde 2023, al paisaje efímero de la nueva rambla portuaria.
La Estación Central General Artigas recibió el 28 de febrero de 2023 su último tren de pasajeros. La crisis del 2002 precipitó el fracaso de la concesión resuelta en 1998 por el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti a favor de Glenby SA, en el marco de un “Plan Fénix” ideado para hacer resurgir la zona. Con sucesivas dificultades para acceder al predio ferroviario obsoleto, el empresario Fernando Barboni inició en 2013 un juicio al Estado por US$ 1.000 millones.
Tras años de demandas cruzadas, este miércoles el directorio del Banco Hipotecario (BHU) le puso la lápida al diferendo al mandatar a firmar un acuerdo transaccional con los titulares de Glenby SA. Con Barboni entrado en años, desde el gobierno de Luis Lacalle Pou ya reconocían un quiebre en el juicio a partir de que su familia empezó a tener mayor incidencia y a procurar una negociación para acelerar el final.
El anterior directorio del BHU estuvo a punto de votarlo a fines de 2024, pero la inminencia de un cambio de gobierno y la voluntad del entonces director por la oposición de negociar mejores condiciones llevó a suspender la definición. Ya con Yamandú Orsi en el poder y con Gabriel Frugoni investido como presidente del BHU, el directorio votó sucesivas prórrogas de 180 días hasta lograr un acuerdo que entendieran favorable.
Alejandro Sanchez
Foto: Leonardo Carreño
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez –quien trabajó en el tema junto al BHU, la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry y el Ministerio de Economía– celebró el miércoles que la negociación fue “beneficiosa" pero "particularmente” para el Estado al resolver un “viejo litigio que llevaba muchos años”. Sánchez aseguró a El Observador que será por “una suma razonable” que “además va a permitir que ciertas deudas que se habían generado” con el Estado “se resuelvan” por parte del privado.
Un informe interno de Presidencia de la República –a cuyas conclusiones accedió El Observador– enumera los “beneficios fiscales”, “económicos y sociales” que llevaron al gobierno a considerar que “el acuerdo transaccional propuesto constituye una solución integral a un conjunto de litigios y controversias que se han extendido durante varios años en torno a los padrones vinculados a la Estación Central”.
“Desde el punto de vista fiscal, la transacción permite reducir contingencias judiciales, recuperar créditos tributarios, regularizar deudas con organismos públicos y establecer un costo fiscal cierto y acotado”, sintetiza el informe valorado por Presidencia para instruir el cierre de las negociaciones.
“Desde el punto de vista económico y social, la solución permite destrabar la situación jurídica de los predios y habilitar su recuperación y eventual desarrollo, contribuyendo a la revitalización de un área urbana estratégica de la ciudad de Montevideo”, añade el texto. Por ello, culmina, “la celebración del acuerdo transaccional resulta conveniente para el interés público tanto en términos fiscales como en términos urbanos, institucionales y sociales”.
Sánchez adelantó que un juez deberá homologar los términos del acuerdo y que una vez culminado ese proceso el gobierno hará “una comunicación oficial” sobre sus planes para la estructura erigida en el siglo XIX por el prestigioso arquitecto italiano Luigi Andreoni.
Retornos para DGI y la IM
El informe pondera que se evitan “los costos asociados a la continuación de los litigios”, y en particular “la etapa de liquidación de sentencia del juicio por obras inconclusas” que involucra a peritos y montos que “podrían variar significativamente respecto de las estimaciones actuales”. También destaca que se ponga fin a la “incertidumbre respecto a eventuales fallos adversos” y que fije “de forma definitiva las obligaciones entre las partes”.
Estación Central
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Leonardo Carreño
Aunque el gobierno aún está actualizando los números, se estima que la DGI recuperará casi $80 millones correspondientes a deudas que Glenby SA mantenía con el organismo. De igual modo, el informe de Presidencia plantea que “se prevé el pago de deudas tributarias con la Intendencia de Montevideo asociadas a los padrones involucrados, lo que permite levantar los embargos existentes y regularizar la situación fiscal de los inmuebles”.
Según el Ejecutivo, el acuerdo con el privado “permite cancelar obligaciones financieras con entidades públicas, particularmente con el BHU y su sociedad vinculada SADUF S.A., relacionadas tanto a contratos anteriores como a créditos garantizados con hipoteca sobre los padrones en cuestión”. La regularización “mejora la situación patrimonial de dichas instituciones y elimina litigios interinstitucionales que podrían extenderse durante varios años”.
El informe valora que se pueda “fijar con claridad el costo fiscal” del acuerdo. Con los números finos aún por definirse, el gobierno calcula que ya hay unos US$ 4 millones depositados en la cuenta judicial en el marco del proceso de expropiación y que, con ese crédito a favor, el saldo a financiar con recursos del Tesoro rondaría los US$ 13,5 millones.
“La existencia de un costo fiscal definido resulta preferible a la eventual exposición a sentencias judiciales futuras cuyo monto podría resultar superior o incierto”, indica el informe.
“Planificar su recuperación”
Al consolidar “la titularidad pública sobre predios estratégicos”, el Ejecutivo entiende que la cancelación de los litigios son el “paso necesario para que el Estado pueda disponer de los inmuebles y planificar su recuperación”.
“Durante años, la existencia de litigios y gravámenes ha impedido el desarrollo de iniciativas de recuperación y reutilización del predio. La resolución de las controversias jurídicas permitirá avanzar en proyectos de revitalización urbana, con potencial impacto positivo sobre el entorno urbano, la actividad económica y la generación de empleo”, pondera el informe y destaca el “alto valor patrimonial y simbólico” de la estación.
“La concreción del acuerdo representa además una señal positiva en materia de resolución de conflictos complejos entre el sector público y el sector privado, demostrando la capacidad del Estado para alcanzar soluciones que compatibilicen el interés público con la resolución eficiente de controversias jurídicas de larga data”, culmina el texto.
En horas en que el gobierno procura alinear a la Intendencia de Montevideo con su reforma para el transporte metropolitano, con el nudo gordiano en torno al eventual túnel en 18 de Julio, la noticia de la inminente recuperación de la Estación Central antecede a una cumbre entre el presidente Yamandú Orsi y Mario Bergara que tendrá lugar este jueves en Torre Ejecutiva.
