Mientras fue intendente, Yamandú Orsi se embanderó junto a sus pares para que el gobierno de Luis Lacalle Pou mantuviera los jornales solidarios, y como minoría opositora reclamó que las nuevas ediciones no achicaran el alcance. Hoy, del otro lado del mostrador, el Poder Ejecutivo trabaja en las nuevas bases del programa Oportunidad Laboral que, al decir del titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, no puede “funcionar de forma espasmódica” bajo la lógica de “ir cada un año o dos al Parlamento”.
Sin fisuras entre colores políticos, el Congreso de Intendentes le reclamó al nuevo gobierno que mantenga el programa, y pocos días después la OPP solicitó “a la mayor brevedad posible” a las comunas una evaluación por cada departamento. La apuesta del gobierno es a reeditar un programa laboral de cara al segundo semestre de este año, en una ley que puede llegar a discurrir en paralelo a la del Presupuesto Quinquenal.
Algunas intendencias ya remitieron sus informes –a los que accedió El Observador– pero el Ejecutivo sigue a la espera de la mayoría de documentos, tal como transmitió Arim semanas atrás al intendente de Durazno y presidente del Congreso, Carmelo Vidalín.
Entre varios detalles sobre cómo implementaron el plan, que en plena pandemia creó 15 mil puestos para 12 jornales mensuales por $12.500 y luego se redujo a 9 mil puestos, las intendencias respondieron también “debilidades”, “fortalezas” e hicieron sugerencias de “perspectiva”.
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Foto: Inés Guimaraens
La de Colonia, por ejemplo, redactó dificultades con las certificaciones médicas. “El beneficiario trabaja dos jornales y presenta certificación por la totalidad del plazo, presentada mes a mes. Esto implica que alguien ocupe un lugar sin trabajar, lo que le quita la oportunidad a otro beneficiario”, ejemplificó la administración de Carlos Moreira, que sugirió una “regulación sobre el tema”.
En este plano, la intendencia sugirió un “registro de beneficiarios que han salido sorteados y no se han presentado a trabajar o que han trabajado un día y abandonan el trabajo”, así como un “criterio claro acerca de con cuántas faltas pierden el programa”. En ese departamento, por ejemplo, resolvieron que fueran hasta tres faltas sin justificar en la quincena para quedar afuera.
Colonia recomendó también “criterios claros en caso de embarazo” para “establecer un plazo específico de hasta qué mes de embarazo pueden entrar al programa”. “Se han dado casos de mujeres que han entrado a trabajar en los últimos meses de embarazo, lo que implica poco tiempo de trabajo con el consiguiente régimen de parto y lactancia”.
San José, donde la nacionalista Ana Bentaberri salió reelecta intendenta, apuntó que su “principal debilidad” radicó en el ingreso al plan de los cupos para discapacitados. “La mayoría no se encontraba inscripta en el registro respectivo que lleva el Ministerio de Desarrollo Social. Se adoptó un criterio sustitutivo de permitir a la persona acreditar su condición con certificado médico lo cual generó dificultades interpretativas”, respondió la intendencia maragata.
En ese departamento, la comuna reservó un 4% de los cupos para discapacitados, el 1% para la población trans y el 8% para afrodescendientes. De acuerdo a la intendencia, “situación similar” a la de los discapacitados ocurrió con las personas afrodescendientes sorteadas, “con el agravante que al no existir registro se adoptó el criterio de la autopercepción”.
La Intendencia de Canelones, en tanto, reparó en el “tiempo acotado con el que se cuenta desde la recepción de los habilitados para participar en el sorteo con respecto al día de inicio de los Jornales Solidarios, el cual resulta insuficiente para el proceso de actividades de ingreso así como para beneficiarias jefas de hogar que no logran conciliar su vida personal y laboral en poco tiempo”.
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Plan de Jornales Solidarios continuará hasta diciembre de 2024
Presidencia
Según la administración que en aquel momento manejaba el propio Orsi, tampoco se establecieron “derechos tales como el día por PAP o por fallecimiento de algún familiar directo”, “por lo que se han generado inasistencias en etapas anteriores”. Además, la intendencia reparó en que “el cobro de las certificaciones médicas por parte de los beneficiarios ante BPS ha generado inconvenientes debido a que no todas las sucursales de BPS están al tanto del procedimiento a seguir ante este programa”.
Nivel educativo y casos de violencia
Seis de cada diez de los que accedieron a Oportunidad Laboral con la Intendencia de Florida apenas tenían Primaria completa. En Colonia dieron con casos de beneficiarios que no sabían leer ni escribir, lo que los llevó a “interactuar” con Primaria. En Soriano aplicaron encuestas entre los beneficiarios para recabar el máximo nivel educativo alcanzado, oficios y conocimientos en informática para ofrecer talleres.
En Florida dos de cada cinco manifestaron tener “alguna problemática de vivienda”. La comuna destacó en ese sentido la posibilidad de desarrollar programas específicos para atender este tipo de realidades. A modo de ejemplo, valoraron que el 58% relató llevarse “algún saber adquirido” por la experiencia.
Para la Intendencia de Colonia, el programa permitió detectar casos de violencia de género. También destacaron que se pudo “promover el trabajo en equipo y mejorar el relacionamiento entre los beneficiarios”.
Canelones, el segundo departamento más grande del país, enfatizó en que más allá de los “altos porcentajes de rotación”, hubo “adherencia al programa” y “aceptación por parte de los beneficiarios”. Para la comuna canaria les facilitó además la atención a la salud con servicios propios de la comuna, desde la vacunación hasta la atención odontológica.
La intendencia sugirió “avanzar” hacia tareas que abonen “mayor complejidad en las capacidades de los participantes” para lograr “apropiación del conocimiento” y la “consolidación de trabajos más duraderos para la sociedad”. La comuna procuró también que los trabajos de los jornales sean “capitalizados” por el territorio para que, en caso de que cese el programa, “la sociedad tenga incorporado un valor público que no se vea resentido”.
A la espera de acordar con los intendentes electos el nuevo esquema de transferencias del gobierno nacional a los departamentos –y donde el Frente ya ha adelantado que Montevideo y Canelones volverán a ser compensados–, el gobierno se apresta a arribar a una nueva fórmula para un nuevo programa laboral.
