Cada vez que hay una reforma —o intento de— la discusión se da en un lenguaje académico, árido y abstracto. Pasó con el llamado “marco curricular” en la educación y pasa ahora con el Plan Nacional de Seguridad Pública que el gobierno publicó ayer. Es un documento base de 340 páginas en las que cuesta encontrar medidas concretas, terrenales, y que funciona como un paraguas. Debajo del mismo los “patitos se ponen en fila”, incluyendo el resto de ministerios según anunció el propio presidente de la República, Yamandú Orsi, y desde ahí se van desprendiendo las metas: hacia dónde y para qué se quiere ir.
Junto al documento base, el gobierno publicó un anexo operativo. Y ahí sí aquellas frases azucaradas y abstractas empiezan a entenderse un poco mejor. Son 136 medidas que dependen del Ministerio del Interior, de las cuales la mitad ya están en curso (y otras fueron anunciadas en cuentagotas por la prensa: desde límites en compra de balas, las dos nuevas cárceles con seguridad especial o el patrullaje de las Fuerzas Armadas en la frontera con Brasil para reducir los grandes cargamentos de drogas). Están divididas en siete ejes que sirven para ir explicando qué es lo nuevo entre tanto barullo.
Los homicidios son el primer eje. No solo porque el ministro del Interior fue fiscal especializado en la temática, sino porque la tasa de asesinatos en Uruguay duplica el promedio de mundial. Se proponen 10 medidas, de las cuales siete ya están en curso (incluso algunas son continuidades y fortalecimientos de acciones que exceden las administraciones). Pero entre las tres que no existen aún, hay una que se roba los flashes: “implementar un sistema de análisis y priorización en la investigación de homicidios”.
Otra vez: la frase parece no decir demasiado. Pero El Observador pudo comprobar con la Policía Nacional que, por primera vez, se hará una especie de triaje de homicidios. Una matriz en las que se vea la complejidad de cada caso, la probabilidad de ser esclarecido (alta, media o baja) se lo sistematiza para ver puntos en común con otros homicidios, y se decide qué vías de investigación priorizar. No es lo mismo investigar la muerte de una persona sin documentos en la calle con algún signo de violencia, sin testigos y sin cámaras que un asesinado tras una estafa en la venta de un vehículo por redes sociales con huellas que quedaron marcadas en la red. Hasta ahora los homicidios van cayendo caso a caso, como en cascada, sin esa sistematización ni priorización en las pesquisas.
El segundo eje, sobre violencia de género y contra niños o adolescentes, tiene siete medidas de las cuales cinco todavía no iniciaron. ¿Por qué? La mayoría son capacitaciones, protocolos. Y una llama la atención: “incorporación de herramienta de análisis automatizado de abuso sexual infantil”.
Es un software para la gestión automatizada de reportes de material de abuso sexual infantil remitidos por el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados. Eso lo cruza con el sistema de gestión policial y mide probabilidades de riesgo. La automatización no quiere decir que lo haga una inteligencia artificial generativa, sino que es un proceso donde la máquina ya le da a la Policía la escala de riesgo y conexiones que hoy se hacen manuales y lentas.
En el control de armas de fuego y municiones (el tercer eje) ninguna de las siete medidas ya está en curso. ¿El motivo? Como había adelantado el ministro de Interior, Carlos Negro, a El Observador se está pensando en cambios normativos.
Hasta lo que pudo rastrear El Observador, en la reciente democracia (desde 1985) jamás se reguló sobre las municiones. Por lo general los cambios se hicieron sobre las armas de fuego, pero no sobre las balas. Y eso incluye la compra de cantidades, la trazabilidad, las incautaciones y un largo etcétera de herramientas vinculadas.
En el eje de narcotráfico y economías criminales, nueve de las 19 medidas operativas por Interior no están en curso. El ministro ya anunció algunas ideas que coinciden con una propuesta de un legislador de la oposición: ante un delito leve vinculado al uso problemático de drogas que la manera de cumplir la “pena” sea con la terapia de recuperación (y así evitar que un “pequeño delincuente” devenga en un “peligroso delincuente” tras su pasaje por la “universidad delictiva” de las cárceles uruguayas).
La ley de Presupuesto le da a la Policía la creación de una unidad de oficiales dedicados a investigar el lavado de activos con la Fiscalía competente. Eso se supone que es parte de una estrategia nacional más amplia que suma a otras instituciones.
Y después de la detección de laboratorios en Canelones y Pocitos en la que grupos criminales estaban transformando restos de drogas para armar nuevas, una medida a corto plazo (y para la cual tendrá que intervenir el Ministerio de Industria) es la regulación y el control de precursores químicos (que en teoría entran al país para otros fines).
Sobre los ciberdelitos y fraudes informáticos, solo dos de las 15 medidas propuestas están en curso. Son el quinto eje y donde la Policía viene corriendo de atrás en tecnología y capacitación. Tanto es así que los equipos más modernos fueron donados por la división de drogas de Naciones Unidas y se está ante lo que definen como “una caja vacía”. No existen sistemas de alertas ni siquiera el Ministerio del Interior tiene una gran contingencia a los ataques informáticos que puede recibir (basta recordar lo sucedido en Identificación Civil).
El sistema de justicia criminal son 67 medidas. De una no está el dato de su temporalidad. De las restantes 66, 27 no están en curso. Entran muchos de los cambios del INR, algunos aspectos legales que figuran en el proyecto del ley enviado este miércoles al Parlamento sobre el Código del Proceso Penal, las unidades especializadas en deportes y en espectáculos públicos, y las dos cárceles que Orsi anunció ante el Parlamento.
Pero hay una en concreto más “rupturista” que puede bajar en casi un minuto y cincuenta segundos la respuesta policial de las emergencias (parece poco, pero es un montón en casos de eminente riesgo de que una persona muera).
La línea de emergencias 911 contará con apoyo de inteligencia artificial para con los primeros intercambios con telefonistas saber si la prioridad no es tan alta: por ejemplo, alguien llama porque se le escapó una gallina, mientras hay llamadas en espera por violencia de género donde el victimario está amenazando con un arma a la víctima encerrada en su habitación.
Cuando la gravedad no es tal, se deriva a una especie de chatbot en que la propia IA va dando las soluciones o avisándole a la Policía para que vaya solucionando el problema “menor” cuando lo amerite.
El séptimo eje (y último de la operativa, porque el octavo es transversal y es de la propia policía), tiene 11 medidas de las cuales 4 no están en curso. Dada la desconfianza y violencia en entornos escolares, se les pide a las Jefaturas del Interior, por ejemplo, que hagan un dispositivo de apoyo. Y también se pide el aumento de las sanciones sobre identificación vehicular (eso sirve para distintos delitos, como para problemas comentarios vinculados a picadas).
El plan está pensado para trascender al gobierno de turno, dado que va hasta, al menos 2035. Más medidas concretas se supone que se irán informando acorde avancen los anexos.
