Disminuir la violencia y mejorar la convivencia en los barrios es uno de los objetivos centrales que comparten varios ministerios de la administración de Yamandú Orsi. El gobierno apuesta a que los frutos de este trabajo se observen en la recomposición de un tejido social que supo ser cohesionado pero que hoy luce deshilachado a partir, principalmente, del avance territorial del narcotráfico.
El desafío tiene como buque insignia el programa “más barrio”, un híbrido nuevo encabezado por Vivienda e Interior que comenzará a la brevedad en zonas de Montevideo, Canelones, Durazno, Rivera y Maldonado e incluye a otro proyecto llamado “barrios sin violencia”, una iniciativa de la administración anterior para bajar los homicidios a través de mediadores.
Este último, que fue resistido por referentes del Frente Amplio durante la campaña pero Interior ha seguido adelante a la espera de una evaluación específica acerca de sus resultados, registró 221 acciones de interrupción el año pasado, superando la meta de 150 que se había establecido.
Los datos forman parte de una respuesta del Ministerio del Interior a un pedido realizado por el senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda. El documento, al que accedió El Observador, señala que el 43,4% de las acciones fueron de alto riesgo, 39,2% de “riesgo medio” y 17,5% de riesgo bajo. “Esta distribución indica que la mayoría de las intervenciones realizadas se concentran en conflictos categorizados como de riesgo medio o alto, lo cual es consistente con el criterio operativo de priorizar situaciones con potencial de escalamiento hacia violencia grave”, dice.
Respecto a los conflictos, 36,4% eran vecinales, 29,3% eran intrafamiliares, 24,7% intergrupales y 2,1% con instituciones.
42% de las acciones de interrupción terminaron en un “desescalamiento del conflicto”, en 39,2% se logró prevención de daño o retaliación, en 10% hubo extracción preventiva, en 4,5% se llegó a un acuerdo de no agresión y en 4% hubo derivación institucional.
Los mediadores están distribuidos en dos zonas. Un grupo tiene su base de operaciones en el centro de referencia de políticas sociales de Casavalle y trabaja en este barrio, Peñarol, Marconi, Villa Española y Ellauri, mientras que el otro se aloja en el Hospital del Cerro y alcanza a Casabó, Cerro Norte, Tres Ombúes, Cotravi y La Paloma.
En la primera zona, predominaron la intervención en conflictos vecinales (52% de los casos), mientras que en la segunda zona se registró una mayor proporción de conflictos intergrupales (40,6% de sus casos). El informe aclara que la ejecución del programa en este último lugar tuvo un impasse operativo de tres meses en el año analizado.
Los equipos están compuestos por 8 interruptores, un psicólogo y una trabajadora social. Los interruptores recorren la zona asignada en duplas y son los que intervienen directamente en la comunidad.
¿Funcionó?
Si bien el informe señala que el programa está “consolidado” con equipos territoriales estables, criterios metodológicos definidos y un sistema estructurado de registro y supervisión de las intervenciones realizadas, Interior definirá si lo mantiene una vez que esté la evaluación acerca de si logró bajar la violencia.
Ese análisis está previsto para este año, se hará a partir de un “diseño cuasiexperimental” orientado a “estimar los efectos del programa sobre indicadores de violencia en las zonas intervenidas, mediante comparación con territorios de características similares” y "sus resultados constituirán un insumo técnico clave para la toma de decisiones sobre la eventual consolidación o escalamiento del programa”.
