El intendente de Florida, Guillermo López, declaró que recibió con "tranquilidad" la decisión de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) de denunciar a Fiscalía unas presuntas irregularidades en compras directas realizadas entre 2020 y 2023, pero afirmó que la denuncia es parte de una "campaña de desprestigio" en su contra.
En declaraciones publicadas por su prensa oficial, López indicó que la denuncia busca "desgastar su honorabilidad y don de gente" y espera que el caso se dilucide "en los ámbitos que correspondan", donde defenderán su postura "desde los hechos".
"Entendemos que es una clara maniobra de detractores que tiene una intencionalidad, que pretenden confundir a la opinión pública y desgastar valores y principios de esta gestión que no voy a permitir bajo ningún concepto porque de esta manera defiendo también los valores que identifican a Florida", afirmó el intendente.
Por otra parte, López indicó que la denuncia data de hechos ocurridos "dos años atrás", y cuestionó que en un año electoral "se generan resoluciones y definiciones que no son definitivas".
El jerarca defendió que su comuna actuó "siempre con transparencia" y remarcó que todas las compras cuestionadas están en la web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE).
López lamentó que la Junta Departamental de Florida no aprobara la ejecución presupuestal en la que estaban la mayoría de las compras cuestionadas por consideraciones "extra jurídicas" y declaró que este es un caso jurídico "con claro sentido de la oportunidad política".
Las compras irregulares a la empresa de familiares de una secretaria y la reinterpretación normativa que llevó a la denuncia de Jutep
En julio de 2023 Natalia Castellini, secretaria del intendente López, renunció a su cargo después de que se conociera que la comuna contrató en reiteradas ocasiones a una empresa de la familia de Castellini mediante compras directas.
Varias de las compras que la comuna le hizo a la empresa Rodríguez Castellini y Rodríguez Coito –que pertenece al hijo y al exesposo de la secretaria– fueron observadas por el Tribunal de Cuentas (TCA) por superar los montos permitidos para contratar mediante compra directa. Pero, a su vez, el servicio que se le compra a la empresa se realiza prácticamente todos los meses y no se llamó a licitación.
Según los registros en la web de ARCE, las primeras compras se realizaron en 2020. En octubre de ese año se publicó la compra de alquiler de una retroexcavadora para recolectar residuos no domiciliarios que se realizó en julio de 2020 por $199.348.
Compras de este tipo se repitieron durante varios meses del 2020 y 2021, y también se registró una compra en 2023. Según el TCA, en total de las compras directas a la empresa de la familia de Castellini suman en total unos US$ 70 mil.
Según López, estas compras se debieron a la "imperiosa necesidad" de mejorar el servicio para la recolección de residuos con el "precio más barato".
También afirmó que "los resultados del procedimiento de licitación que se llevó a cabo" verifican que la comuna no tuvo un "interés espurio", y agregó que el TCA "definió como razonable la ejecución presupuestal" del año en el que ocurrieron la mayoría de las compras, a pesar de que reconoció que señalaron incumplimientos "que no afectan la opinión sobre los estados".
En la sesión de este martes Jutep votó de forma unánime denunciar lo ocurrido en Florida y decidió investigar en forma paralela si existió una desviación a la normativa.
Según confirmó a El Observador la presidenta de la Jutep, Gabriela Di Longo, y la vocal Ana María Ferraris iban a votar el pase de la denuncia a Fiscalía el pasado 25 de julio, pero el vicepresidente Guillermo Ortiz, representante del Partido Nacional, se opuso a esa decisión y fundamentó aspectos legales del derecho a dar vista a la Intendencia de Florida.
Di Longo explicó que el decreto 354 establece que las denuncias que cualquier interesado hiciere sobre delitos se deben presentar directamente ante la Justicia o la Fiscalía y los que se presenten ante la Jutep "no podrán ser objeto de conocimiento ni de calificación por dicho órgano" y deberán ser inmediatamente cursados a la Fiscalía de Corte. La presidenta pidió un informe al área Jurídica para analizar si era pertinente intervenir.
El informe que llegó a la directiva marcó que Jutep debe actuar "dentro de sus cometidos frente a las denuncias que pueden estar o no en la órbita penal", en lo que representa una "evolución histórica de la normativa vigente", por lo que los integrantes decidieron llevar el caso de Florida a Fiscalía.
