El abogado Ignacio Durán, que representa a más de 200 damnificados por la causa de Conexión Ganadera, presentó una ampliación de la denuncia contra una de las hijas de Gustavo Basso a quien acusa de haber vendido una casa en Florida por el valor de US$ 100.000.
De hecho, la casa fue publicada a la venta en redes sociales por una inmobiliaria local que se llama Soraya Propiedades. En la vivienda vivían Agustina Basso y Alfredo Rava, encargado de Pasfer, una de las empresas que tomaba ganado de Conexión Ganadera.
En contradicción a lo denunciado por Durán, los abogados de la familia Basso desmintieron que el inmueble sea propiedad de Rava y Agustina Basso. De acuerdo con la versión de Eduardo Sassón y Pablo Donnángelo, el hecho denunciado es “rotundamente falso”.
“Nuestros clientes eran inquilinos y devolvieron el inmueble a su propietario, tras decidir mudarse del departamento de Florida. Llamamos a la prudencia y recato de todos los actores”, apuntaron Donnángelo y Sassón en diálogo con El Observador.
A su vez, recordaron que “las imputaciones de hechos con apariencia delictiva con total ligereza y sin evidencia, podrían eventualmente encartar dentro de figuras penales recogidas por nuestra legislación”.
Los abogados manifestaron “preocupación” por las “intrusiones a la intimidad con total impunidad, desconociendo las reglas del estado de inocencia”. “Resulta hasta tedioso tener que recordar que nuestros clientes, así como todos los ciudadanos del territorio nacional, gozan de dicho estado. Hemos presenciado en las últimas semanas todo tipo de acusaciones infundadas y ligeras, hasta ridículas”, concluyeron.
Los penalistas prevén presentar, cuando llegue el momento, una serie de documentos que corroboran su versión. Entre el material que poseen, al que accedió El Observador, está el contrato del alquiler y los comprobantes de pago que indican que la casa está a nombre de Badimar LTDA.
