Justicia de Carmelo les dio un ultimátum de 10 días para que vacunen a su hija. "¿Quién se hace responsable de los efectos adversos?", cuestiona el papá
Padres apelarán el fallo de la Justicia
Diego BattisteLos padres de la niña A. —ambos “antivacunas”, aunque este término les sea peyorativo— fueron intimados a vacunar a su hija en menos de 10 días. De lo contrario, reza la sentencia de la Justicia de Carmelo, podrían perder la patria potestad.
“¿Quién se hace responsable de los efectos adversos que le queden a mi hija? ¿Qué pasa si queda muda o le viene autismo?”, cuestiona el padre de la pequeña de dos años, quien luego de la feria judicial apelará el fallo. “Tengo el derecho a elegir qué se introduce y qué no en mi cuerpo. Y así como mi mamá decidió vacunarme cuando yo era chico, porque era la responsable de mi cuerpo, ahora soy yo quien decido no vacunar a mi hija”.
La puja entre la obligatoriedad de algunas vacunas y el “derecho” de los padres a decidir qué se le administra a su hija empezó hace casi dos años. Cuando la pequeña nació, en el hospital pediátrico de referencia Pereira Rossell, los médicos no quisieron darle el alta hospitalaria sin las vacunas necesarias. Los padres firmaron que se iban de la internación por su voluntad.
En marzo de este 2024, cuando la niña A. fue inscripta en un centro público de primera infancia, en Carmelo, se le exigió que presentara el certificado de vacunación al día. Y entonces constataron que la chica no tenía siquiera una dosis. La dejaron anotarse y acudir a clase —por aquello de que la educación es un derecho—, pero le pidieron una constancia médica que dé cuenta el motivo por el que A. no había sido vacunada.
Para hacer corto el cuento: la pediatra derivó a los padres a una asistente social, la asistente les advirtió que un caso así daría paso a la Justicia, y el Día del Natalicio de Artigas, el 19 de junio, los papás recibieron una llamada de la seccional policial: debían presentarse ante la Justicia.
La jueza subrogante Judith Álvarez sentenció a las 15 horas y 28 minutos de este martes: “Intímese a los progenitores de A. al cumplimiento de la vacunación preceptiva que la ley impone en todo el territorio nacional, en un plazo de 10 días, (…) bajo apercibimiento de incurrir en la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad”. Así lo consignó Eduardo Prevé en su cuenta de Twitter.
La magistrada se basó en los dos primeros artículos de un decreto-ley de la dictadura, pero que luego fue reforzado en sucesivas normativas. De hecho, en 2019 la Institución Nacional de Derechos Humanos resolvió que “todas las vacunas que revisten carácter obligatorio cuentan con cobertura legal suficiente para ser exigidas”.
La propia Institución reconoció en su análisis que las vacunas son uno de los instrumentos que más han aportado al incremento de la esperanza de vida de la humanidad (junto con el agua potable y los antibióticos).
El papá de la niña A. no discute eso. “Pero las vacunas de ahora no son las mismas que antes… ahora vienen con cualquier cosa dentro, con ARN mensajero”.
Solo algunas de las vacunas contra covid-19 (que no entra entre las obligatorias) están hechas con esa tecnología. Pero el padre insiste en que a su hija no quiere que le den ninguna vacuna.
“En 2018, a raíz de una enfermedad autoinmune que me fue detectada, empezaron a medicarme y medicarme. Eso me complicó la vida. Hasta que en 2020 dejé de tomar la medicación e inicié un tratamiento con dióxido de cloro”, cuenta a El Observador.
Según el presidente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, Sergio Venturino, “en los últimos años están apareciendo estas opiniones que dictan mucho de la evidencia científica. Nada en la ciencia hace validar al dióxido de cloro. Mucho menos para un niño. Las vacunas son las que salvan vidas”.
La Organización Mundial de la Salud consideró en 2019, incluso antes de la emergencia sanitaria, que la vacilación de las vacunas es una de la diez amenazas de salud mundial.
La pandemia no hizo más que acrecentar esos discursos de duda, a tal punto que en un taller del Ministerio de Salud Pública de Uruguay se advirtió: el problema no es tanto el antivacuna (que es un porcentaje muy minoritario de la población), sino aquellos que sienten indiferencia”.
En ese sentido, Venturino remarcó: “Los pediatras somos los profesionales que defendemos a los gurises. Nuestra misión en proteger la salud de los niños y niñas. Porque esos niños y niñas tienen el derecho a su salud, el derecho a que se les proteja”.
Los diez días de ultimátum que dictó la jueza no serán en realidad diez días. Porque el comienzo de la feria judicial, coincidente con el inicio de las vacaciones escolares, hace que la sede esté en receso y solo se computen tres días hábiles previo a ese corte.