Después de varias semanas en medio de una intensa tormenta política, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, anunció su renuncia a las tres mutualistas privadas en las que también trabajaba pese a que la Jutep consideró, por mayoría, que no existía incompatibilidad con las restricciones fijadas por la Constitución.
La decisión y la resolución del organismo no conformó a la oposición, que anunció que seguirá adelante con la interpelación prevista a la ministra Cristina Lustemberg. A su vez, también acordó interpelar al ministro José Carlos Mahía debido a que entienden que en la Jutep primaron consideraciones políticas por encima de las técnicas.
El asunto central de la controversia son los artículos 200 de la Constitución y el 9 de la ley 18.161 que descentralizó al prestador público de salud. Ambos señalan que los miembros del directorio no pueden “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con ASSE”.
El alcance de la restricción es motivo de discrepancia entre los juristas, cuyas interpretaciones en este caso han sido utilizadas por oficialismo y oposición para sostener sus posiciones.
Sin embargo, no es la primera vez que se da el debate. Durante la discusión de la ley –en el primer gobierno de Tabaré Vázquez– varios legisladores advirtieron sobre la dificultad que generaría incluir el artículo porque los médicos solían tener multiempleo. A su vez, señalaron que habría problemas de interpretación y que era muy restrictivo.
Carpinteros o economistas
El proyecto fue enviado por el gobierno en agosto de 2006. Se trató primero en el Senado y luego en Diputados.
Fue en esta cámara donde se incluyó la restricción –que imita el artículo 200 de la Constitución– por iniciativa del entonces diputado del Partido Colorado, Daniel Bianchi. El legislador había presentado un proyecto de ley similar al del gobierno que luego se fusionó.
Según surge de las versiones taquigráficas y los diarios de sesiones de la época, en la cámara se dio un intercambio cuando Bianchi presentó el artículo.
El primero en advertirlo fue el diputado nacionalista Jaime Trobo. Dijo que le resultaba “difícil de interpretar” y preguntó “qué sentido tenía” el artículo si Tabaré Vázquez continuaba trabajando en la Asociación Española mientras ejercía la Presidencia.
“Traslado la pregunta a los miembros informantes para que nos expliquen la razón de las incompatibilidades establecidas en el artículo 9, que no vamos a acompañar simplemente por aquello de que, ante la realidad, es evidente que este artículo no se puede votar”, señaló.
Quien le contestó fue el frenteamplista Álvaro Vega. Señaló que el artículo “simplemente” tomaba lo que la Constitución ha prohibido. “Aquí no hay ninguna intención de sacarse dudas, sino de pegarle de costado al presidente de la República. Bueno, ya está hecho. Quedó registrado en la versión taquigráfica y ojalá que lo recoja la prensa”, le dijo.
A la hora de la votación del artículo, quien pidió la palabra para hacer una advertencia fue el diputado nacionalista José Quintín Olano. Consideró que era un artículo “muy difícil de salvar” porque la situación particular del directorio de ASSE era “muy diferente” a la de otros organismos.
“Para un director de Ancap o Antel es muy sencillo ser director y no participar o trabajar en ninguna empresa que venda teléfonos o pórtland. Pero ¿cómo vamos a hacer para encontrar alguien que ocupe la dirección de ASSE y no sea integrante, funcionario, médico, empleado, barredor ni administrativo del Ministerio de Salud Pública? Seguramente tampoco va a poder ser empleado del sistema mutual que va a contratar con ASSE”, expresó.
Luego relató que tendrían “grandes dificultades para encontrar a la persona adecuada que conduzca a este organismo”.
“Parece una broma, pero tendremos que buscar entre los carpinteros, los mecánicos, los abogados o los economistas”, agregó y agregó que “nadie que trabaje o que esté vinculado a ningún organismo público ni privado de la salud va a poder integrar este directorio”.
Por último, reiteró que habría “grandes limitaciones”. “Esto no significa que pretendamos que exista conjunción de intereses, pero sí que en estos temas tenemos que bajar la pelota al piso; tenemos que saber que, seguramente, los más aptos para conducir esto no van a estar habilitados para hacerlo en función del artículo 9°”.
El único que le contestó fue el también nacionalista Álvaro Lorenzo, que mencionó que si no estuviera establecido así en la ley, igualmente sería “imposible actuar de otra forma” por la Constitución, más allá de que “en el plano sustantivo genere dificultades para que la gestión se lleve de manera apropiada por la exclusión de candidatos plausibles”.
Problemas interpretativos eternos
Al volver al Senado –sin posibilidad de modificaciones– el nuevo artículo fue motivo de debate en la comisión. El frenteamplista Víctor Vaillant se preocupó por la prohibición de tener que esperar un año para volver a trabajar y valoró que a la persona “no le convendría aceptar el cargo de director habida cuenta del tiempo que debe dejar pasar”.
Mónica Xavier –que ahora encabeza Inmujeres– pidió analizar un poco más la redacción porque no era clara mientras que Enrique Antía cuestionó que las prohibiciones también se extendieran a las funciones docentes remuneradas y preguntó cuál era el “concepto” de la disposición.
El senador Isaac Alfie (Partido Colorado) le respondió que no tenía dudas de que lo que establecía el artículo era que un director de ASSE no podía ser a la vez médico ni funcionario de ese organismo a lo que Antía le retrucó que se contradecía con “la actividad del presidente de la República en una institución, en forma dependiente”. “Sería el caso que plantea el señor Presidente, llevado a su máxima expresión. Aclaro que no es una picardía, pero sí una realidad”.
Alfie le contestó que no era la “misma situación” porque el presidente no tomaba decisiones que tuvieran que ver con “esa institución”.
Xavier se sumó al debate. Cuestionó que a Antía le surgiera la preocupación por la incompatibilidad “justo” en el caso de Vázquez cuando “históricamente en este país quienes han ocupado lugares de decisión han desempeñado -en lo público y en lo privado- otras responsabilidades”.
“Me parece que esto nada tiene que ver con el tema que estamos discutiendo de la función pública y de que no se puede pertenecer a un directorio y a su vez ser el director del hospital de ese departamento, porque queda claro que en ese caso y desde el punto de vista funcional, a nivel público hay incompatibilidad”, sentenció.
Proféticamente, quien cerró el debate fue Carlos Ramela (Partido Colorado). Como abogado advirtió que la expresión “directa o indirectamente” era una “fuente de conflictos y de problemas interpretativos eternos” pero no tenían margen para cambiarla.
“Cuando hablaba de que no puede ser miembro del directorio y funcionario de ASSE a la vez, con este 'indirectamente' se puede ser no funcionario de ASSE y trabajar en una empresa de salud de cualquier naturaleza que se relacione a través de algún subcontrato o de otra forma, por lo que estaría abarcado. Es decir que el 'indirectamente' es amplio y peligroso, aunque entiendo que el espíritu de la norma quiere, aun en su defecto, tratar de ser lo más restrictiva posible. Pienso que la redacción no es la más feliz”.
