La firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea el sábado en Asunción puso fin a una negociación de más de 25 años y parecía encaminar un tratado que tuvo que superar decenas de obstáculos. Sin embargo, menos de una semana después de la foto familiar entre los presidentes del bloque regional y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, surgió un nuevo inconveniente que podría demorar aun más la entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio.
Es que el Parlamento Europeo aprobó por 334 votos contra 324 (y 11 abstenciones) enviar el texto del acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se expida sobre la “compatibilidad” del tratado con la normativa europea. Este movimiento busca retrasar la ratificación en la Eurocámara sometiendo el acuerdo a un proceso que se puede extender hasta por dos años.
Sin embargo, algunos líderes europeos ya están manejando una alternativa que permite empezar con una aplicación provisoria antes de que sea ratificado por el parlamento. Se trata de una decisión política que deben tomar los líderes europeos y para la que solo se precisa que el texto sea ratificado por algún parlamento del Mercosur.
El artículo 23.3 del acuerdo establece que “la aplicación provisional podrá tener lugar entre, por una parte, la Unión Europea y, por otra, uno o varios de los Estados Mercosur signatarios, de conformidad con sus respectivos procedimientos internos” y agrega que esa aplicación comenzará el primer día del segundo mes siguiente a la fecha en que el bloque europeo y el estado del Mercosur “se hayan notificado mutuamente de la finalización de sus procedimientos internos o la ratificación del presente acuerdo”.
La interpretación que hacen algunos líderes europeos es que los procedimientos internos de la UE ya están finalizados y por eso se podría avanzar en una aplicación provisional de la parte comercial, según dijeron a El Observador fuentes de la representación europea en Uruguay.
En ese sentido se expresó, por ejemplo, el canciller alemán Friedrich Merz, en su cuenta de X. “La decisión del Parlamento Europeo sobre el acuerdo del Mercosur es lamentable. No interpreta correctamente la situación geopolítica. Estamos convencidos de la legalidad del acuerdo. Basta de demoras. El acuerdo debe aplicarse ahora de forma provisional”, escribió.
Sin embargo, en Uruguay el gobierno es escéptico de que el bloque europeo avance en ese sentido. "¿Es imaginable que la Comisión Europea, con los tractores cortando Francia o Bruselas y todos los países que se oponen, avance en ese sentido? No en este momento", dijo en diálogo con radio Carve la vicecanciller, Valeria Csukasi.
En el procedimiento normal el bloque europeo pretendía esperar la ratificación de la Eurocámara para comenzar a aplicar la parte comercial del acuerdo mientras que los capítulos de cooperación y política tenían que ser ratificados por los parlamentos nacionales. Esa separación se hizo para poder agilizar la aplicación de la parte comercial y es una de los puntos impugnados por los contrarios al acuerdo.
Sin embargo, con este nuevo movimiento, una vez más, la incertidumbre es lo que prima respecto a la concreción del acuerdo entre bloques.
¿Quiénes votaron esta nueva demora?
La cantidad y diversidad de parlamentarios europeos –son más de 700– hace difícil sacar grandes conclusiones sobre los distintos posicionamientos ante la votación sobre enviar al TJUE el acuerdo con el Mercosur. Sin embargo, algunas agrupaciones permiten una aproximación para entender quiénes fueron los que respaldaron la moción que demora su entrada en vigencia.
La primera alineación que permite sacar algunas conclusiones es por países: los eurodiputados de Francia y Polonia votaron de forma unánime a favor de enviar el texto al tribunal. Más allá de la diversidad ideológica de los diputados de esos países todos coincidieron en que lo mejor era aprobar la moción.
Francia es el segundo país con más eurodiputados (la cantidad se define en relación a la población) mientras que Polonia es el quinto. En otros países también populosos pero que sus gobiernos están a favor del acuerdo, como España, Italia o Alemania, la votación fue más dividida aunque una mayoría votó en contra de la moción aprobada.
Eso se explica porque en esos países pesó, en parte, la orientación ideológica de los partidos. Y al mirar esa variable salta a la vista una curiosidad: los extremos se juntan. Es que los partidos que están más a la derecha y más a la izquierda del arco ideológico votaron a favor de enviar el texto a la justicia mientras que los que tienden al centro votaron en contra.
En el caso de España, por ejemplo, el partido de ultraderecha Vox (que integra el grupo Patriotas por Europa) y las formaciones más radicales de izquierda como Sumar, ERC (izquierda independentista catalana) y BNG (nacionalismo de izquierda gallego) respaldaron la decisión del Parlamento y el Partido Popular (centroderecha) y el Partido Socialista (centroizquierda) votaron en contra.
En el siguiente gráfico en el que se ordenan los grupos parlamentarios europeos de derecha a izquierda se ve claramente cómo los votos en contra de enviar el texto al Tribunal de Justicia se concentran en los partidos que están más cerca del centro aunque los posicionamientos de esos grupos no fueron monolíticos.
Incluso, el Partido Popular Europeo de la presidenta Von der Leyen, una de las principales impulsoras del acuerdo, votó dividido. Casi uno de cada cuatro votos de esa agrupación fueron para mandar el texto a la justicia.
