El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, asistieron este martes a la Comisión Permanente del Parlamento para informar acerca de la renegociación del contrato de la potabilizadora que se iba a construir en Arazatí(San José) y el aumento en las tarifas de este año.
La comparecencia había sido solicitada por el diputado Juan Martín Rodríguez, que planteó 32 preguntas a las que se sumaron otras realizadas por el senador Pedro Bordaberry.
Las autoridades del gobierno defendieron la modificación del contrato –que aún está a estudio del Tribunal de Cuentas– enfatizando en que generará “ahorros” que se utilizarán para otras obras como las represas de Casupá y Solís Chico, mientras que la oposición señaló que las explicaciones dejaron al descubierto “errores jurídicos y un aumento injustificado de costos”.
Respecto a la suba de tarifas de 8,5% –cuatro puntos por encima de la inflación proyectada para este año–, el oficialismo aseguró que era para “recomponer” estructuralmente la situación financiera de OSE, mientras que la oposición rechazó que lo recaudado no fuera a obras sino a “cubrir el déficit de la empresa”, en palabras de Rodríguez.
Los US$ 10 millones menos
Más allá de los intercambios dialécticos, la principal novedad la dio Ferreri al anunciar de cuánto serán los pagos por disponibilidad (PPD) que el gobierno realizará al consorcio privado compuesto por Saceem, Berkes y Ciemsa una vez que estén prontas las obras.
En lugar de la planta en Arazatí, el consorcio construirá una potabilizadora de 200 mil metros cúbicos diarios en Aguas Corrientes junto con una planta de tratamiento de lodos con disposición final y una nueva línea de bombeo (la séptima) que irá hacia el sur-este.
También se encargará de la ampliación de las instalaciones existentes en la zona abastecida por el Recalque Unión, de la ampliación de las instalaciones existentes en el Recalque de la cuarta línea de bombeo y hará una reforma y ampliación en una subestación de 150kV que UTE tiene en Aguas Corrientes.
Todas estas obras tendrán un costo de US$ 213 millones para el consorcio y el gobierno le pagará anualmente por aproximadamente 18,5 años unos US$ 40 millones de PPD, por lo que al final del período se habrán abonado US$ 740 millones.
Esa cifra anual está US$ 10 millones por debajo de lo que estaba previsto en Arazatí –unos US$ 50 millones de PPD– por lo que el gobierno habla de “ahorro” ya que al final del período habría abonado US$ 925 millones. En esta planta de San José, el costo de la construcción para el consorcio eran US$ 293 y el Poder Ejecutivo debía invertir US$ 70 millones extra en obras adicionales.
“Lo renegociado generó ahorros”, sintetizó Ortuño, que volvió a repetir que la represa de Casupá está valuada en US$ 130 millones, que serán financiados por la CAF, y la de Solís Chico en US$ 45 millones (también incluirá una potabilizadora pequeña). Ferreri aseguró que están dialogando con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para conseguir el financiamiento. Ambas se harán por fuera del contrato en licitaciones independientes.
El rojo de OSE
El otro punto de la convocatoria fue el aumento de las tarifas por parte de OSE.
En este sentido, Ferreri habló de una “situación crítica de las finanzas” debido a deudas comprometidas y que arrastran varios años de gastos por encima de los ingresos.
El presidente de OSE señaló que en 2024 hubo un endeudamiento bancario por US$ 40 millones y atraso con proveedores por US$ 20 millones, mientras que al inicio de su gestión en 2025 había un déficit de US$ 70 millones.
El ajuste “garantiza sostenibilidad financiera, continuidad y calidad del servicio de la empresa” a la vez que “aporta a la inversión histórica en obras que realizará OSE en el período”, sentenció.
