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22 de junio 2025 - 5:00hs

Era una aspiración de larga data en el Estado. Varios gobiernos, en mayor o menor medida, intentaron avanzar en la venta de inmuebles que el Estado tiene en su poder pero que no usa y que, en algunos casos, están abandonados. Pero la mayoría no pasaron de buenas intenciones.

La administración anterior encabezada por Luis Lacalle Pou lo tenía claro desde el principio y en sus dos principales leyes –la de urgente consideración y la de Presupuesto– incluyó artículos pensando en abordar este tema.

La Contaduría General de la Nación era la que, históricamente, llevaba el registro de los inmuebles del Estado. En 2020, ese información decía que había 369 que estaban vacíos y en desuso pero en la nueva administración sospechaban que no estaba actualizada.

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Por eso, a través de cambios normativos aprobados en distintas instancias, el gobierno creó el Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado, pasó el registro a la Dirección Nacional de Catastro y obligó a toda la administración central, servicios descentralizados y entes autónomos a relevar sus bienes, calificarlos en prescindibles o no e informar a Catastro en los primeros 60 días de cada año.

Con dificultades y bastante molestia de algunos organismos, ese sistema comenzó a funcionar y entre 2023 y 2024 el Estado logró vender 22 inmuebles por US$ 1.124.406, según datos a los que accedió El Observador a través de una solicitud de acceso a la información pública. Hubo otros dos inmuebles (uno de la Secretaría de Deportes y otro del Ministerio del Interior) que fueron subastados pero no hubo interesados.

El valor de mercado del predio de la Secretaria de Deportes era de US$ 2,2 millones, según informó en 2023 el entonces director nacional de Catastro, Augusto Alcalde, en el Parlamento. Hubo, además, un segundo inmueble que en la respuesta al pedido de información figuraba como del Ministerio del Interior y que fue subastado por US$ 20 mil pero finalmente la transacción no se concretó. “Fueron devueltos los importes pagos al comprador, por ser un padrón de Colonización”, dice la respuesta al pedido de acceso a la información.

Desde la Dirección Nacional de Catastro aseguraron a El Observador que actualmente hay un listado de entre 70 y 100 inmuebles declarados prescindibles que podrían seguir el mismo camino aunque la situación de cada uno es distinta. La enorme mayoría (17) de las ventas mencionadas fueron realizadas durante 2023.

Lento proceso

Si bien el gobierno de Luis Lacalle Pou tenía claro que quería empezar a trabajar el tema desde un inicio, el proceso estuvo lejos de ser sencillo. La idea inicial del gobierno era que la venta de inmuebles prescindibles financiara las políticas de asentamientos.

“El programa sobre asentamientos se va a financiar básicamente con la venta de inmuebles que hay en la administración central. El programa es bien potente y ambicioso. Adicionalmente hay otros recursos que ya están en Presidencia para esos fines, pero la apuesta será que el financiamiento más grande vendrá de ahí”, dijo en setiembre de 2020 a El Observadorla por entonces ministra de Economía Azucena Arbeleche.

Rápidamente esas aspiraciones se chocaron con la burocracia y el celo de los organismos. La ley establecía que, como regla general, el 75% de los recursos de esas ventas irían para el Ministerio de Vivienda y el 25% para el organismo propietario aunque luego en los hechos la distribución se define caso a caso.

“Buena parte del problema es que los organismos se creen no solo propietarios sino gestores del patrimonio del Estado”, explicó a El Observador Augusto Alcalde. Si bien celebra que pusieron “la rueda a funcionar” porque se concretaron las primeras ventas, reconoce que todavía cuesta que los organismos cumplan con la ley y envíen la información a Catastro sobre sus bienes. Incluso, en algunos casos lo usan para negociar recursos con el Ministerio de Economía.

En 2024 la Dirección Nacional de Catastro envió oficios –como si fueran “cedulones”– a los organismos para que envíen el listado de inmuebles y los califiquen. Eso, aseguró Alcalde, generó mayor cantidad de respuestas y más información para Catastro.

Lacalle Pou y Arbeleche rápidamente se dieron cuenta que sus planes de obtener recursos de ahí no iba a ser lo suficientemente rápido y buscaron los recursos en otro lado: la Rendición de Cuentas presentada en 2021 establecía el pasaje de dinero desde el Instituto Nacional de Colonización al Ministerio de Vivienda.

¿Quiénes vendieron?

De los 22 inmuebles vendidos entre 2023 y 2024, 17 correspondían al Ministerio del Interior y los restantes cinco eran del Ministerio de Economía. Los más caros fueron dos inmuebles del MEF ubicados en Montevideo y vendidos por US$ 136 mil y US$ 93 mil. En el otro extremo, el Ministerio del Interior vendió un padrón en Soriano por US$ 4 mil.

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En la lista que estaba en poder de la Contaduría General de la Nación hasta 2020, había 369 inmuebles vacíos y casi la mitad (182) eran propiedad del Ministerio de Transporte. Muchos de esos son terrenos o partes de terrenos expropiados para obras públicas.

El Ministerio del Interior era el segundo en esa lista pero con 47 inmuebles y en tercer lugar aparecía la Administración de Servicios de Salud del Estado con otros 37.

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