13 de septiembre de 2026 5:00 hs

En los días posteriores a la brutal agresión de un estudiante varón a una alumna mujer en la Facultad de Medicina, inevitablemente muchos se plantearon “qué hubiera pasado si…”. Qué se podría haber evitado si los comportamientos del joven en su liceo en Salinas, que podrían bien ser catalogados de acoso a compañeras, hubieran sido tomados con mayor seriedad. Qué hubiera ocurrido de haberse radicado una denuncia policial. Qué se podría haber hecho en la Facultad de Medicina de la Udelar en caso de haber conocido los antecedentes. ¿Se podría haber prevenido lo que ocurrió? ¿Cómo?

Una de las miradas para responder a estas interrogantes recae sobre la ANEP y sus equipos interdisciplinarios, que en cada subsistema (Primaria, Secundaria, UTU) intervienen en las variadas situaciones de violencia que surgen: ya sea entre pares o en situaciones de violencia familiar que se detectan en los centros de estudios, escenarios de bullying, ciberbullying, acoso sexual. Esos equipos también intentan trabajar en prevención y posvención, por más que a menudo la cantidad de casos satura sus capacidades.

“No sé qué podría haber hecho en Udelar para evitar la agresión”, dice con honestidad la médica pediatra María Laura Rovella, que desde 2025 está a cargo de la división sectorial Salud del Codicen de ANEP. Una institución como la Facultad de Medicina, a la que cada año ingresan 2.000 nuevos estudiantes, difícilmente logre detectar algo así a tiempo, plantea.

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Pero aclara: “Lo que sí seguro debería haber pasado es que el joven recibiera una atención psicológica o psiquiátrica. La institución puede estar atenta, pero lo que realmente va a cambiar es un apoyo en su vida, no el psicólogo del liceo. Esto excede a la educación y se precisa apoyo de la familia, de sus adultos referentes. Tiene que haber alguien continente atrás que entienda que es importante”, agrega Rovella en diálogo con El Observador. La autocrítica para todos los que hayan estado cerca de este caso sería entonces la falta de “atención, apoyo y ayuda”.

En ese sentido, el Codicen trabaja para introducir mejoras en los procesos de gestión de las situaciones. Por un lado, existen protocolos de actuación realizados por la división Derechos Humanos del Codicen. Esos protocolos y mapas de ruta, que están disponibles en el sitio web de ANEP, “muchas veces están y no se usan, lo cual es un problema”, reconoce la directora de Salud.

Ante un caso de violencia, ya sea que lo manifieste el estudiante o que llegue por otra vía, los adultos referentes que recibieron la información deben procurar constituir un espacio de escucha sin cuestionamientos. Se espera que den el apoyo a los involucrados en ese momento y acompañen a las víctimas. Después, deben notificar a la dirección del centro de estudios, que a su vez avisará a la inspección que corresponda.

Luego se desencadena el trabajo de los equipos técnicos interdisciplinarios para, ahora sí, abordar la situación en profundidad. La acción “depende de la violencia sufrida. No es lo mismo un maltrato de su familia que algo en el centro educativo. Siempre hay que evaluar que no haya riesgo de vida. Si se hizo daño en salud, la asistencia está primero. Si hay que hacer la denuncia policial, se hace”.

Si el caso involucra temas de salud mental, a veces el centro educativo termina siendo el nexo con el prestador. Aunque esto se hace “de forma artesanal” y “depende del técnico a cargo”, dice Rovella, porque “no hay una institucionalización de cómo derivar estudiantes”.

Los psicólogos de los equipos interdisciplinarios no tienen por qué saber si el estudiante con una patología está medicado o no. Lo que sí debe tratar de determinar es si necesita un apoyo adicional, explica.

La propuesta de los técnicos puede ir desde recurrir a un adulto referente hasta hacer una dinámica entre pares, pasando por diferentes instancias. “Las estrategias varían, pero seguro hay que hacer una acción; no puede quedar en nada”, advierte Rovella.

El diagnóstico y las oportunidades

Según un informe elaborado por la división Salud, al que accedió El Observador, hay unos 500 profesionales de la salud integrando los equipos interdisciplinarios. La mayoría son psicólogos; también hay trabajadores sociales, psicopedagogos y especialistas en dificultades del aprendizaje.

En Inicial y Primaria, Escuelas Disfrutables cuenta con 192 técnicos. En Secundaria, el programa se llama Departamento Integral de Estudiantes y lo conforman 185 técnicos. En la UTU hay 59 profesionales nucleados en las distintas regiones de la Unidad de Apoyo Multidisciplinario.

Si bien sus nombres, organización y formas de trabajo varían, estos programas comparten objetivos similares: un enfoque de promoción en salud y bienestar. En los tres casos, los emergentes y las urgencias suelen tapar el trabajo de mediano o largo plazo.

“Hay menos prevención de lo que nos gustaría porque lo otro lleva mucho tiempo. En una situación determinada hay que hablar con el estudiante, con la familia, hacer seguimiento, ver si se consigue atención en la salud, que la familia lo lleve… son horas de una persona que está detrás de ese estudiante, y está buenísimo. Pero lleva tiempo. No dan las horas para trabajar en prevención porque el problema ya está. A veces uno puede aprovechar una situación concreta para tratar problemas de convivencia, más allá de que después también haya un abordaje específico con esa persona”, señala Rovella a El Observador.

El informe, que fue realizado por ella a modo de diagnóstico meses atrás, detalla las fortalezas y debilidades de los equipos. En relación con lo primero, se destaca la experiencia y formación de los técnicos. Además, señala que hay “amplia coincidencia” sobre los paradigmas de intervención. No faltan planes estratégicos a la hora de responder a cuestiones de salud socioemocional o psicoafectiva, y los equipos participan de actividades de formación continua.

El listado de las debilidades, bastante más largo que el de las fortalezas, incluye: “escasa instrumentación de políticas transversales”; “yuxtaposición de abordajes, falta de continuidad y de coherencia conceptual”; “dispersión en la distribución de funciones” en el caso de los equipos de Secundaria; “enclave rígido” de algunos profesionales en un mismo centro educativo; “inequidad en la distribución de los equipos por regiones y subsistemas”; “diferente carga horaria” entre los profesionales, lo cual “interfiere con la prestación de servicios”; “escaso relevamiento de la formación de los profesionales y técnicos”; frecuente “desconocimiento de las acciones realizadas por los distintos equipos técnicos” de ANEP.

La enumeración sigue, y apunta a la complejidad que implica la heterogeneidad de los equipos. Advierte “dificultades en un criterio uniforme para la gestión de las solicitudes de consultas o de intervenciones”, y afirma: “Es frecuente que sean realizadas desde las inspecciones, las direcciones de los centros, o comunicándose directamente a través de los técnicos, según lo establecido por cada dependencia administrativa y cada subsistema”.

También se observa la existencia de “registros heterogéneos de fenómenos y emergentes bio-psico-socio ambientales y de las prácticas implementadas”. “Estos son fundamentales como insumos para instrumentar acciones desde datos concretos y sistematizables”, señala el informe.

Sobre esto último, agrega Rovella: “Queremos saber cuáles son los problemas de salud más relevantes de la ANEP, algo que hoy no te puedo decir porque no tenemos datos. Recabar información para ver dónde tenemos que reforzar y hacer campañas, ya sea en grupos etarios o zonas específicas”.

Si bien se relevan problemas de salud -como puede ser un brote de sarampión-, no se hace lo mismo con la salud mental. “Hay un agujero en ese sentido en el Codicen”, reconoce la directora. “Si bien los subsistemas pueden tenerlo claro, a nivel central no lo tenemos”.

Rovella presentó un proyecto que establece un relevamiento de datos estandarizado para todos los subsistemas y la unificación de los formularios de registro. La propuesta se encuentra en proceso de evaluación para su aprobación en el Codicen.

A su vez, hay un programa piloto en el para la creación de la ficha única del estudiante en todo ANEP. “Es un gran avance”, opina Rovella, aunque el traspaso de información no llegaría, en principio, a nivel terciario.

La pediatra opina que el caso de la agresión en Facultad de Medicina dejó en evidencia que hay “un montón de cosas a mejorar”, y en particular considera que “un vínculo más fluido, con espacios de apoyo de la salud a la educación en territorio, ayudaría mucho”.

Sufrimiento psíquico, patología y violencia

Los temas de salud mental y los problemas de convivencia “muchas veces se tocan” e implican una coordinación y trabajo en conjunto entre las divisiones de Salud y Derechos Humanos del Codicen.

Sin embargo, “son muy pocos los casos en los que el hecho de violencia es causa de una patología”, explica la especialista. Esto puede resultar clave para el caso de Medicina, aún bajo investigación.

“Una persona con diagnóstico de esquizofrenia puede creer que bajó un alien y que está tomando el cuerpo de su compañera, y por eso agredirla, pero eso es muy, muy esporádico. En general, la agresión es porque hubo un conflicto. Cuando una persona vulnera los derechos de otra, puede ser que haya patología o no. Pero, como sea, hay que abordarlo”, dice Rovella.

Justificar una agresión con una patología implica un brote de tipo psicótico, con delirio incluido, y se puede y debe determinar con una pericia psiquiátrica. Este es, insiste Rovella, un escenario de baja prevalencia.

A su vez, aclara que “la mayoría del sufrimiento psíquico no se correlaciona con enfermedades de salud mental”. En otras palabras: hablar de salud mental no es sinónimo de hablar de patología, sobre todo en la adolescencia. A esa edad es muy frecuente que se sientan no escuchados, no comprendidos, solos. “A veces el entorno no ayuda; creen que hacen todo mal, que no sirven para nada. Tienen un problema y uno, como adulto, lo minimiza porque lo compara con problemas grandes”, plantea Rovella.

La división Salud busca entonces “poner algo de optimismo” en estas etapas que suelen resultar difíciles. Se conformó un grupo de salud mental que integran también los coordinadores de los equipos de los subsistemas. “Se está viendo cómo trabajar en las distintas edades lo que es el proyecto de vida como estrategia de prevención y promoción de bienestar. Tener un objetivo, tener proyecto a futuro, ver en qué sos bueno… va por ahí, por lo positivo. Generar estrategias para que la persona pueda desarrollar su potencial”, cuenta.

Es evidente que la educación está asumiendo responsabilidades que antes no eran de la educación. Se pretende que el docente acompañe, escuche y asesore al estudiante sobre su vida personal. “Ojalá muchos lo puedan hacer, pero no era de sus tareas originalmente”, subraya Rovella.

Y agrega: “Hay que ver qué pasa en los entornos de los chiquilines. La violencia está aumentando en toda la sociedad. Puede que en la educación se visualice, pero lo que traen los chiquilines viene de sus casas. Y puede que la educación se ocupe, pero requiere de mucha energía. ¿Dónde está el límite?”.

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