Las respuestas de la ministra de Defensa no conformaron a los legisladores opositores, que plantearon que nadie dudaba que las garantías de Cardama eran falsas
La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo
Foto: Gastón Britos / FocoUyLa comisión especial del Parlamento que investiga la frustrada compra de las patrulleras oceánicas OPV para la Armada Nacional al astillero Cardama recibió este lunes a la ministra de Defensa, Sandra Lazo.
Su comparecencia era esperada por la oposición, que pretendía contar con información nueva acerca de cómo fue el proceso que terminó con la rescisión del contrato, pero también porque querían consultarle sobre el rol que tuvieron Damián Rojas, Daniel Marsiglia y Alfredo Maeso, tres asesores de Lazo, cuya labor desembocó en sanciones a buena parte de la cúpula de la Armada.
Y como ocurrió en otras presentaciones como las de los exministros Javier García y Armando Castaingdebat, la comparecencia estuvo plagada de polémicas con intercambios, acusaciones y reproches por respuestas que fueron consideradas insuficientes por quienes preguntaban.
En el caso de Lazo, la ministra realizó largas exposiciones que molestaron a la oposición ya que, al decir del diputado nacionalista Pablo Abdala, evitó las respuestas concretas y eludió los puntos neurálgicos de las consultas.
La crispación fue expresada por el diputado nacionalista Gabriel Gianoli cuando transmitió –con ironía– su indignación ante lo que consideró un trato diferencial hacia la bancada oficialista.
“Siento una envidia sana por la actuación del legislador (Joaquín) Garlo, porque asistimos a una pieza memorable: hizo cuatro preguntas y la ministra le contestó las cuatro, y a nosotros nos respondió con evasivas", le dijo, mientras que Felipe Schipani transmitió que sentía que la ministra le estaba "tomando el pelo".
Respecto al rol de sus asesores, Lazo señaló que hicieron tareas para un "mejor conocimiento" de la situación heredada, pero los legisladores opositores machacaron en que “hicieron pesquisas” y algunos de ellos –Rojas, principalmente– actuaron por fuera del marco legal.
A juicio de la ministra, las tareas no constituyeron “ningún tipo de investigación administrativa” ni “fines de carácter disciplinario”, aunque el resultado de varias de las entrevistas fueron sanciones a militares, ya sea por dar información incorrecta o demorar en entregar material.
Respecto al marco legal, el legislador colorado Felipe Schipani denunció que Rojas no tenía contrato ni se había solicitado que fuera en comisión a Defensa, algo que Lazo evitó responder.
“Ese período de regularización de los vínculos jurídicos es habitual y no implica en la práctica que quienes aguardan por esa formalización no puedan igualmente comenzar a ejercer ciertas tareas políticas y de gestión que el jerarca les asigne”, contestó de forma genérica, pero la oposición apuntó como problemático el acceso a información confidencial.
La ministra aseguró que actuaron bajo órdenes verbales y no firmaron documentos, pero Gianoli subrayó que había documentos firmados que estaban en el expediente que les habían entregado.
Para Gerardo Sotelo, la ministra “mintió” cuando dijo que Rojas y Marsiglia no habían firmado ningún expediente, pero también cuando dijo que ambos habían tenido un “diálogo amistoso” con altos oficiales de la Armada.
Otro de los puntos de discusión obedeció al pago del “hito B” por US$ 8 millones tras la presentación del plano de la cuaderna maestra el día previo al cambio de gobierno.
Lazo dio a conocer novedades sobre el recorrido de ese pago, el cual definió como “raro”. “Aparece que esa nota fue enviada dos veces con diferente fecha, pero con el mismo número”, dijo en referencia a la aprobación dada por el excomandante Jorge Wilson.
“Este es el único hito de pago donde el comprador debe emitir una aprobación del hito, razón por la cual dicha nota o notas, a esta altura, resultan esenciales para el cumplimiento de los recaudos exigidos en la carta de crédito y, por tanto, esenciales para el pago del crédito documentado por parte de la entidad confirmadora”, agregó.
A su vez, la ministra dijo que en la reunión del 10 de octubre Mario Cardama les contó que estaba teniendo problemas para “financiar los motores” del buque, razón por la que negó que la conferencia del gobierno dos semanas después –en la que informó que una garantía era falsa– influyera.
Durante su presentación, Lazo insistió en que Cardama había cometido un fraude al Estado, razón por la que el gobierno había rescindido el contrato, algo que fue reconocido por los legisladores de la oposición, quienes consideraron que el asunto no era tan grave como para tomar esa medida extrema.
“No hay nadie aquí que defienda la actuación de Cardama en el episodio de la garantía; nadie, ni una sola persona. Tampoco aquí he escuchado a alguien de la oposición decir que la garantía está bien, que es válida. Por lo tanto, es evidente que si la garantía no era válida hay indicios para pensar que hubo una conducta –no sabemos de quién– seguramente fraudulenta”, dijo Sotelo.
Gianoli, en tanto, mencionó que “el fraude sucedió”. “Tenemos claro lo que sucedió con la garantía. Lo dijimos siempre. Lo sabe todo el mundo. ¿Qué vamos a inventar? ¿La pólvora?”, planteó, y señaló que la oposición entiende que “no implicaba suspender el contrato”. “Es una visión diferente a la que tiene el oficialismo”, sentenció.
