La audiencia judicial de control de acusación de Sara Goldring se volvió a aplazar por tercera vez y se fijó para el 13 de mayo debido a que su defensa alegó que la excorredora de bolsa permanece con internación domiciliaria y con medicación muy fuerte por lo que tampoco era viable hacer la audiencia por Zoom, dijeron a El Observador fuentes del caso.
Inicialmente la audiencia estaba fijada para el 12 de marzo pero debido a que Goldring se cayó en su casa, se fracturó una pierna y debió ser intervenida, se aplazó para el 8 de abril. Sin embargo, llegada esa fecha, la extitular de Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) seguía con complicaciones debido a que se le hizo una trombosis por la que debió ser hospitalizada nuevamente y hasta ahora permanece con internación domiciliaria.
Si bien la audiencia de control de acusación fue fijada para el 13 de mayo es probable que se extienda a varias jornadas, dado que se deberá discutir y acordar entre fiscalía y defensa toda la prueba que ingresará al juicio.
Hasta que concluyan las audiencias de control de acusación se mantiene vigente el plazo para que los damnificados de CVM puedan llegar a un acuerdo con Goldring.
La última propuesta del Acuerdo Privado de Reorganización (APR) entre Goldring y quienes fueron sus clientes, implica la posibilidad de cobrar el 60% del total de activos informados al 31 de diciembre 2022..
Según dijeron abogados al tanto de las negociaciones actualmente el acuerdo cuenta con un 70% de adhesiones pero para que pueda ser aprobado por la justicia debería superar el 75%.
El acuerdo fue apoyado por la Liga de Defensa Comercial (Lideco) como interventora de la empresa, asignado por el BCU y algunos abogados de los damnificados también lo apoyan en el entendido de que es una solución a mano para recuperar parte de lo invertido frente al riesgo de no cobrar nada. Del otro lado, un grupo de damnificados, asesorados por la abogada Patricia Regules, lo rechazan y entienden que es muy perjudicial.
Quienes cuestionan el acuerdo destacan que si se llegara a las mayorías que se requieren, del 75% de los créditos reconocidos, Goldring podría presentar ese acuerdo para cerrar el tema penal y eso es lo que algunos damnificados no quieren. También hay algunos juicios civiles en trámite que caerían.
Sus allegados dicen que si bien ella se vería beneficiada al cerrar el tema penal está ofreciendo recursos propios pagar el 60% de la deuda reconocida por lo que consideran es una "buena oferta". Además, destacan que el acuerdo no cierra la posibilidad de litigar en Estados Unidos donde ella tiene tres cuentas en el banco Jeffries que están embargadas a pedido de la fiscalía uruguaya.
Si bien no se sabe a ciencia cierta cuánto dinero hay en esas cuentas, desde el lado de Goldring afirman en agosto de 2022 había US$ 12 millones pero se debían US$ 4 millones al banco Jeffries por lo que quedaban US$ 8 millones. Las estimaciones permiten concluir que como el mercado se acomodó después de 2022, es probable que ese monto haya subido.
Consideran que esos US$ 4 millones que ofrecen como un "aporte extraordinario” de cuentas de la familia Cukier Goldring ahora estarán en el entorno de los US$ 6 millones, lo que sumado a otros montos que entregarán se llegaría a cubrir US$ 13 millones, de los US$ 21,8 de deuda estimada por el BCU.
Sin embargo, un grupo de damnificados toma los valores de sus cuentas a 2021 y aseguran que lo que se les debe son US$ 100 millones por eso consideran que la oferta los perjudica. Ese grupo de personas consideran que en las cuentas de EEUU hay más dinero que sólo podrán recuperar si Goldring no se ve beneficiada con el acuerdo.
Una nueva denuncia penal contra Goldring
Según dijeron a El Observador damnificados, la abogada Regules presentó una nueva denuncia la semana pasada en la que sumó hechos que considera son nuevos y no fueron incorporados en la investigación de fiscalía que terminó en la acusación por apropiación indebida por la que el fiscal Enrique Rodíguez pidió 4 años de condena.
Desde la fiscalía de Lavado afirmaron que esa denuncia no puede ser incorporada al caso actual debido a que el fiscal ya acusó y una vez que se pide la condena de una persona no es posible incorporar nuevos hechos.
Para saber si esa nueva denuncia tendrá cabida deberá ser asignada por la oficina de Designación, Priorización y Asignación (DPA) a un fiscal, probablemente se trate del mismo fiscal de Lavado, y recién en ese momento definirá si se trata de hechos nuevos que ameriten abrir una nueva causa contra Goldring.
El fiscal de Lavado acusó a Goldring de apropiarse del dinero que le fue confiado (los US$ 21,8 que perdieron sus clientes y que es el monto estipulado por el BCU) "en la medida en que lo empleó con otra finalidad (solventar los perjuicios económicos de otros inversores), convirtiéndolo en su provecho propio, desde que ello le permitió cobrar comisiones, mantener la imagen de que la empresa funciona, evitar la corrida y pérdida de clientes de su cartera, así como, en beneficio de un tercero haciéndose cargo de las pérdidas de otros sujetos, incumpliendo de esta manera, con la obligación asumida".
