El caso Goldring que tiene como indagada a la extitular de Custodia de Valores Mobiliarios (CVM), Sara Goldring, imputada por apropiación indebida y que está a punto de ser acusada por la fiscalía, generó un duro cruce judicial entre una de las abogadas que representa a damnificados y la entidad liquidadora de CVM, la Liga de Defensa Comercial (Lideco).
La abogada Patricia Regules denunció penalmente al gerente comercial y al gerente de Servicios Jurídicos de Lideco, Bernardo Quesada y Fernando Cabrera respectivamente, así como al directorio del Banco Central (Guillermo Tolosa, Ana Claudia De los Heros, Julio Luis Sanguinetti) “y subsidiariamente contra todo funcionario y jerarca del BCU que resulte responsable por acción u omisión en la supervisión y control de la liquidación de Custodia de Valores Mobiliarios Corredor de Bolsa S.A. y United Brokers Agente de Valores S.A, las dos empresas de Goldring.
En el caso de Lideco, la denunciante afirmó que ejerció una “función pública” por delegación del BCU en la liquidación de CVM al recibir la delegación de poderes y ejercer una potestad propia del Estado.
Regules denunció básicamente tres hechos: "decisiones y omisiones del liquidador delegado, toleradas y/o avaladas por el BCU, que podrían configurar abuso de funciones y administración fraudulenta en perjuicio de la masa de acreedores"; señala que el APR "opera, en los hechos, como instrumento de protección de la Sra. Goldring, de Jefferies LLC y del propio liquidador"; y omisiones del BCU en el contralor de lo hecho.
A grandes rasgos sostiene que Lideco "omitió promover cualquier acción directa contra Jefferies LLC en los Estados Unidos, se alineó con la posición del BCU de no perseguir al custodio bancario y concentró sus esfuerzos en diseñar y promover un APR que limita el recupero de la masa al 50% de los “créditos verificados”. Esos créditos son unos US$ 12 millones cuando según sostienen los damnificados habían invertido más de US$ 100 millones.
Regules señaló que se iniciaron demandas en los Estados Unidos de América y medidas cautelares ante tribunales federales, en particular ante la U.S. District Court for the Southern District of New York que involucra a Jefferies y a Goldring, “ante los cuales Goldring y Jefferies han presentado escritos que contienen manifestaciones relevantes sobre la existencia, formalización y firma de un acuerdo con el BCU y con el Liquidador Delegado en Uruguay, así como sobre el conocimiento —o supuesta falta de conocimiento— de Jefferies respecto de que las cuentas administradas por Goldring en ese banco contenían fondos de terceros clientes”.
La abogada agregó que se enteró “por vía verbal, de que en el mes de junio/julio de 2025 el BCU habría solicitado la repatriación desde EE.UU. a Uruguay de varios millones de dólares depositados en cuentas a nombre de Sara Goldring y empresas vinculadas en el banco Morgan Stanley, casi en simultáneo con la solicitud de embargo preventivo”.
Según supo El Observador, la abogada que vive en Brasil, llegó este lunes a Montevideo para presentarle la denuncia en mano al fiscal de Lavado Enrique Rodríguez ya que la había enviado por mail y nadie había acusado recibo. El fiscal le informó que el caso estaba cerrado, ya que está próximo a acusar a Goldring (pedir su condena) y le recomendó presentarla en otra fiscalía.
Lideco contradenuncia: “Se basa en hechos falsos”
Desde Lideco, el abogado Cabrera dijo a El Observador que “está decidido” a denunciar a Regules por difamación y difusión de noticias falsas.
El abogado señaló que la denuncia de Regules “está basada en hechos falsos” como la afirmación de que se cobraron millones de Morgan Stanley. “Tengo el estado de cuentas y había US$ 27.000”, dijo Cabrera.
“Hemos hecho infinidad de contactos y no hemos logrado ni siquiera repatriar esos US$ 27.000”, cuestionó.
Por otro lado, rebatió la afirmación de la abogada sobre que el Banco Central haya firmado el APR, el acuerdo que se puso a consideración de los damnificados y por el que ahora se les ofrece devolverles el 60% del dinero que tenían a diciembre de 2022.
Cabrera dijo que la denuncia de Regules comete errores porque les adjudica el delito de abuso de funciones que “solo lo pueden cometer los funcionarios públicos”, y agregó que la denuncia fue hecha por chatGpt.
“Afirma que seguimos el criterio del BCU y actuamos con mala fe por no impulsar el juicio en el exterior. Podrá haber una diferencia en la estrategia jurídica pero de ahí a cometer un delito, es demasiado”, dijo.
“No hay ninguna norma que nos obligue a ir a litigar a EEUU. Ella miente y dice que consiguió una tercera parte financiadora, que compra el litigio, te paga y hace el juicio.
Agregó que cuando se presentó en el BCU dijo que los primeros US$ 500 mil del costo del juicio los pagaban sus clientes.
Según Cabrera la realidad es que ella no tiene legitimación porque los clientes particulares no eran clientes de Jefferies, sino que lo era CVM que tenía las cuentas ómnibus en ese banco. Afirmó que tendría que haber iniciado una demanda ante la SEC.
Cabrera mencionó por último que los representantes de Lideco serán testigos de la fiscalía en el juicio, y la abogada al desacreditarlos “está coadyuvando con Goldring”.
