Gobierno contrató otra certificadora internacional para analizar la construcción de las patrulleras por parte de Cardama
El gobierno contrató a una nueva empresa certificadora que analizará el avance de la construcción de las patrulleras oceánicas por parte del astillero español Cardama.
La noticia fue confirmada a El Observador por la ministra Sandra Lazo y había sido mencionada por el prosecretario Jorge Díaz en Desayunos Informales (Canal12).
El objetivo, agregaron fuentes del Poder Ejecutivo, es que la empresa internacional se sume al trabajo que realizan los dos oficiales de la Armada enviados a Vigo para monitorear el avance de las obras, y tener un panorama más claro y completo de qué es lo que se ha construido hasta el momento y su calidad.
De momento, los informes que han enviado los capitanes de Navío Ismael González y Héctor Cardozo han sido muy críticos del trabajo del astillero.
El Observador publicó extractos del último informe enviado por los oficiales en el cual se marcan retrasos en la marcha de la obra y problemas de estabilidad y navegabilidad, que podrían afectar la seguridad de los tripulantes.
Los enviados consignaron que de los 27 bloques que deberían estar unidos solo se había llegado a 16, además de retrasos en la entrega de los motores por parte de la firma Carterpillar.
También Telemundo divulgó extractos de un documento que resumen pasajes de ocho informes anteriores de González y Cardozo. Allí se señala que los enviados han reportado que Cardama construye las patrulleras como si fueran un barco de carga, que el plan para averías es justamente el de un carguero, que hay malformaciones, defectos de diseño, y que la construcción avanza sin tener los planos aprobados, entre otros problemas.
De momento, la certificadora Lloyds Register ha certificado que Cardama cumplió con los dos primeros hitos del proceso de construcción, lo que ha habilitado dos pagos del Estado uruguayo de 28 millones de euros en total.
Por otra parte, los capitanes González y Cardozo formalizaron su pedido de ser sometidos a un tribunal de ética dentro de la Armada a raíz de las acusaciones de las cuales fueron objeto de parte del senador Javier García durante la reciente interpelación a la ministra Lazo.
La noticia fue confirmada por fuentes del Ejecutivo.
En esa oportunidad, García calificó a ambos oficiales de “delegados personales y políticos” de la ministra y denunció que ambos realizaron “tareas de inteligencia” en España con el objetivo de boicotear el contrato.
Desde setiembre ambos oficiales vienen enviando semanalmente informes sobre la marcha de la construcción de las patrulleras oceánicas, compradas por el Ministerio de Defensa a un costo de 82,2 millones de euros.
La acusación de García hacia los oficiales ya había provocado una dura respuesta de la bancada oficialista. La senadora Bettiana Díaz acusó al exministro de actuar con irresponsabilidad, exponiendo a los oficiales a ser acusados de un delito militar.