Valetti es la jueza a cargo de la audiencia por el femicidio de Lagos, que comenzó el 21 de agosto y en el que Fiscalía busca que el hombre implicado sea condenado a 30 años de prisión con 15 años más de medidas limitativas. La notificación de la SCJ llegó a Atlántida el jueves, luego de que se desarrollara la quinta de las nueve audiencias previstas para este caso, y dejó al juicio "sin juez", confirmó a El Observador el abogado de la familia de Lagos, Rafael Silva.
El caso pasó a un juez suplente, pero este solicitó que el caso volviera cuando la jueza se reintegrara. La defensa de Lagos, integrada por Silva y la abogada Valeria Campos, recurrieron esta decisión, ya que entienden que el nuevo juez debe culminar la audiencia.
La denuncia de Natalia Lagos que llegó a la justicia por teléfono y la falta de una audiencia
Tres semanas antes de su muerte, el 13 de julio, Lagos concurrió a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Parque del Plata para denunciar a su exnovio por distintas agresiones que había sufrido. Allí la mujer relató que tenía "miedo" de cruzarse con él, y pidió a las autoridades "ayuda" para que no se le "acerque más".
Tres días antes de denunciarlo, el 10 de julio, Natalia fue a ver a su ex en la casa donde estaba viviendo, aclarándole todo el tiempo que no tenía la intención de retomar la relación. "Le tuve que decir que volvía para que me dejara ir, sino no me dejaba irme", explicó a los policías presentes. Lagos no volvió a esa casa, y desde ese día hasta su denuncia el hombre comenzó a llamarla y enviarle mensajes de forma incesante, que decían: "Volvé por favor" o "no me dejes solo".
El detonante para que la víctima fuera a la comisaría ocurrió el mismo 13 de julio, cuando en la mañana su ex fue al puesto de la feria de Parque del Plata donde Natalia trabajaba. "Me dijo que sabía todo de mí, cómo están ubicados los camiones y todo", le dijo a las autoridades. Además, el agresor le quitó las llaves de su camión y no la dejaba ir del lugar, por lo que le tuvo que decir que lo iba a ver ese día a las 19:30. Sobre las 17:00 concurrió a la Comisaría.
"Tengo miedo de cruzarlo, ya estoy viviendo asustada", fueron las últimas palabras de Lagos a los policías. Luego los efectivos le preguntaron si el denunciado tenía problemas de consumo y acceso a armas, y la mujer contestó que no consumía pero que sí tenía armas. Cuando le consultaron qué le solicitaba a la justicia, contestó: "Solicito medidas, no quiero que se me acerque".
El 14 de julio la jueza de Atlántida Florencia Sorrondeguy, que estaba en su último día a cargo de los cuatro juzgados de Atlántida durante la feria menor del Poder Judicial, dictaminó de forma telefónica una "prohibición de contacto comunicación y acercamiento" en un radio de 500 metros, según se puede leer en la resolución judicial a la que accedió El Observador. El caso no llegó a la órbita de Fiscalía y la jueza no llamó a una audiencia.
Ese día fue viernes, y la jueza Valetti volvió a su cargo el lunes 17 de julio. Diez días después, la jueza pidió a la Policía que actualizaran la situación de Lagos, y consultaran si las medidas cautelares dispuestas por la jueza subrogante eran cumplidas. Los oficiales se comunicaron con Natalia, que afirmó que no había ocurrido ningún conflicto desde el día de la denuncia.
Cinco días después, en la noche del 1º de agosto, el agresor raptó a Lagos mientras estaba en la casa de un amigo en Parque del Plata, luego de herir con un cuchillo a ese hombre y robar su auto. Más tarde, sobre las 2:00, la Policía recibió la denuncia de un accidente de tránsito ocurrido en el peaje de Soca. Cuando los efectivos llegaron, encontraron a la mujer muerta, y al agresor atrapado con varias heridas. El implicado chocó contra una de las divisiones de las garitas, y no hubo otros autos involucrados.
Las faltas que llevaron a la Suprema Corte de Justicia a suspender a las dos juezas
A finales de agosto de 2023, semanas después del femicidio de Lagos, la defensa de su familia denunció a las dos juezas. "La jueza tendría que haber dispuesto la elevación de antecedentes para el primer día hábil, y tendría haber convocado a una audiencia dentro de las siguientes 72 horas", afirmó en ese entonces a El Observador Silva.
"No haber activado y cumplido las normas a las que estaba obligada de procedimiento, de buenas prácticas judiciales, lleva a que el aparato judicial no funcionó. Hubo un defecto de funcionamiento del servicio estatal. Como consecuencia de ese defecto del funcionamiento se dio este trágico desenlace", agregó.
La Suprema Corte tomó el caso y dispuso que un instructor analizara la actuación de ambas juezas, las cuales pudieron realizar sus descargos. Por el lado de Sorrondeguy, la magistrada afirmó que Lagos solo denunció que su expareja había concurrido a su lugar de trabajo y le había retirado las llaves.
Además, indicó que la Policía no le comunicó que el hombre era un exfuncionario policial, afirmó que cuando culminó su turno todavía no había terminado el plazo de 72 horas para llamar a la audiencia; marcó que el informe de valoración de riesgos que debe realizarse previo a estas audiencias "nunca llega a tiempo", e indicó que la cantidad de denuncias por violencia doméstica son "enormes", por lo que existe una "suerte de priorización" que lleva a que la mayoría de los reclamos lleguen a la justicia a través de un llamado de la Policía.
Por su parte, Valetti declaró que llegó al juzgado el 17 de julio, luego de estar varias semanas con licencia médica por un accidente de tránsito y tras pasar la feria menor, y cuatro días después de la denuncia de Lagos. La jueza titular destacó que el 27 de julio, a los 15 días de la denuncia, solicitó un relevamiento de la situación y se le informó que no habían ocurrido "nuevos incidentes". En ese momento, Valetti sostuvo que no existía un "riesgo aparente" para Natalia.
El instructor tomó declaraciones de familiares y testigos de Lagos, y de distintos funcionarios judiciales, y determinó que Valetti no había incurrido en ninguna falta, mientras que Sorrondeguy debía ser sancionada. Esta opinión fue compartida por el área de Asesoría Jurídica del Poder Judicial en un segundo informe realizado en marzo de 2024.
La jueza suplente recurrió al primer informe, e indicó que "no contaba con el parte policial a la vista" y que "no se celebran audiencias" los sábados y domingos como parte de sus argumentos.
En el caso de la jueza subrogante, los ministros de la Corte marcaron que el hecho de que Sorrondeguy haya culminado su labor un día después de dictaminar las medidas cautelares no "le eximía de su deber funcional de convocar a audiencia al adoptar la medida cautelar comunicada vía telefónica".
Para la SCJ el argumento de que no se celebran audiencias los fines de semana en materia de violencia de género es "inaceptable", y remarcaron que se puede solicitar una instancia en un día inhabil. Aún así, indicaron que si el caso debía recién ser visto el lunes 17 de julio, cuando Valetti asumió su rol, Sorrondeguy debió convocar la audiencia para el día hábil siguiente. "¿Cómo la titular del Juzgado habría de enterarse del antecedente y de lo que la Dra. Sorrondeguy había resuelto si a esa fecha no contaba con actuación alguna? La pregunta se contesta sola", criticaron.
La sentencia marca que la audiencia "no se convocó ni se celebró, en buena medida, por la omisión" de Sorrondeguy, que entienden incurrió en "una violación grave y grosera, manifiesta de deberes funcionales y profesionales básicos que desnudan la flagrante violación de derechos fundamentales en el acceso a la jurisdicción por parte de la victima".
No obstante, los ministros decretaron que Valetti también cometió irregularidades. Entendieron que cuando la jueza titular tuvo acceso al expediente del caso el 27 de julio, pudo ver el tenor de la denuncia, que incluía violencia física, y el antecedente como funcionario policial de la expareja de Lagos, lo que mostraba una necesidad de convocar a una audiencia.
"En uno y otro caso, las magistradas fueron omisas porque no ejecutaron el acto debido, ya que pudieron y debieron convocar y celebrar la audiencia en el marco del proceso de protección; mas no lo hicieron", sentenciaron desde la SCJ.
