Poco después que el Parlamento sancionara la nueva ley de riego, Tabaré Aguerre oficializó su salida del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) del gobierno de Tabaré Vázquez. Era enero de 2018 y el ingeniero agrónomo consideraba que su ciclo, que había comenzado ocho años antes con José Mujica, estaba cumplido. La nueva ley había sido una de sus últimas ambiciones.
Varios años después de estos acontecimientos, Aguerre –productor arrocero– volverá a tener visibilidad pública, esta vez desde la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), que lo contratará para un rol técnico en la implementación de la política de riego que busca poner en marcha Yamandú Orsi, según confirmó El Observador con fuentes políticas.
La oficialización del exministro se prevé que sea realizada este martes durante una presentación en la Expo Prado por parte del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.
El “Pacha” dará detalles del decreto del Poder Ejecutivo –publicado el viernes– que define la gobernanza de la estrategia de riego y que tendrá a la CND en un rol protagónico como articulador.
Tras reunirse con la Asociación Rural del Uruguay (ARU), el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, dijo en rueda de prensa que Aguerre había sido el “mentor” de la ley vigente, la cual –de todos modos– debía revisarse porque “no ha sido de recibo de los privados”.
“Uruguay no puede resignar ninguna capacidad”, valoró en referencia al exministro.
El financiamiento, la clave
La necesidad de tener una política activa de riego agropecuario es uno de los asuntos que genera coincidencias entre oficialismo y oposición. Los tres principales partidos (Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado) incluyeron el tema en sus compromisos de campaña.
De hecho, el presidente Yamandú Orsi abordó el asunto en su discurso de asunción ante el Parlamento. En sus primeras palabras como mandatario, señaló que era imperioso desarrollar el riego como una “estrategia nacional” para agregar valor a la producción.
Fratti, a su vez, adelantó que ya había líneas abiertas con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para estudiar la viabilidad de instalar las primeras dos represas. Una de ellas es la de Palo a Pique en Treinta y Tres.
Una de las claves de la puesta en marcha del riego tiene que ver con la financiación. En el Ejecutivo manejan implementar una ingeniería financiera parecida a la que viabilizó el cambio de la matriz energética –mediante asociaciones del Estado con los privados–.
En un informe del año 2023, Ceres señaló que el desafío principal era poder extender las “líneas necesarias para dar soporte en términos energéticos al aumento propuesto”.
“Una opción para acelerar la concreción —más allá de las inversiones realizadas por UTE— podría configurarse si los productores asumieran el costo tomando un préstamo a través del Banco República, del que pueda cubrir parte del repago con el aumento de recaudación que signifique esto para UTE a raíz de un mayor consumo de energía en el futuro”, dice el trabajo.
Agrega que de esta manera no se generaría un incremento en la deuda pública, no se afectaría la recaudación en el corto plazo y una vez terminado el repago significaría un “aumento de la recaudación futura”. “Cabe destacar que el precio al que hoy UTE exporta energía es significativamente menor al que vende en el mercado interno”, sentencia.
El trabajo analiza la viabilidad y el impacto económico de una mayor implementación de sistemas de riego en la ganadería y en los cultivos de soja y maíz en Uruguay. “Para estos últimos, el área bajo riego alcanza hoy casi 40 mil hectáreas. Si se continúa con el ritmo de crecimiento de los últimos tres años, se podría llegar a alrededor de 300 mil hectáreas hacia 2030. Para el caso de la ganadería —de menor extensión en hectáreas regadas— se estima el impacto de introducir 250 módulos cada año, que logre regar 100 hectáreas cada uno, también hasta 2030”, dice.
Según Ceres, una vez se alcance el objetivo propuesto, se produciría un impacto total cada año —dado los encadenamientos productivos que generaría en toda la economía— cercano a los USD 2.500 millones, y en el acumulado hasta 2030 rondaría los USD 10.000 millones.
“La inversión necesaria total para la instalación de los sistemas de riego sería de unos US$ 1.800 millones, con un impacto en la economía superior a los US$ 7.500 millones a lo largo de ocho años”, subraya.
Por último, plantea que el aumento progresivo de la actividad —a partir del incremento en las exportaciones y una mayor inversión— alcanzaría en 2030 una magnitud cercana a los US$ 3.900 millones, lo que se traduciría en un crecimiento del PBI de ese año del 4,8% y dejaría para años siguientes una economía 3% más grande con respecto a un escenario con el nivel de riego actual.
El decreto
En la mañana de este martes, Sánchez dará detalles del decreto de 13 artículos que crea la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego y estará bajo la órbita de Presidencia.
La comisión deberá analizar, diseñar, definir y coordinar las políticas públicas necesarias para la ejecución de proyectos de riego. Funcionará por 180 días y tendrá dos comités: uno de gestión integrado por el presidente Yamandú Orsi y los ministros Gabriel Oddone, Alfredo Fratti, Edgardo Ortuño y Fernanda Cardona, y otro operativo integrado por representantes de estos organismos.
La CND será la que realice los estudios y el asesoramiento técnico para la estructuración y ejecución de los proyectos. “Identificará áreas de oportunidad en infraestructura de riego y asumirá el rol de articulador del comité operativo participando con voz, pero sin voto”, señala el artículo 9°.
