Aunque los candidatos buscan diferenciarse, sus propuestas tienen varios puntos en común
La campaña electoral es tierra fértil para que los partidos se diferencien a la hora de buscar los votos. Suelen armar sus programas de gobierno y luego los candidatos eligen algunos énfasis que transforman en sus principales promesas.
Aunque esas diferencias son la constante, la lectura de los programas muestra sintonía en varias áreas principales que abren la puerta a “una agenda de acuerdos nacionales que podría consolidarse en el próximo período de gobierno”, según señala un estudio realizado por el Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP).
Este think-tank vinculado al Partido Colorado analizó las propuestas en cuatro temas clave como son seguridad, infancia, educación y economía, y concluyó que a pesar de las diferencias lógicas en ciertos enfoques hay una “convergencia significativa”.
En materia de seguridad, el Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC), Cabildo Abierto (CA) y el Partido Independiente (PI) coinciden en “mejorar la infraestructura y la presencia del Estado en los barrios”.
También están de acuerdo en tener una estrategia “dual” que abarque la “prevención y represión” aunque se distancian en el énfasis que harán si llegan al gobierno.
“La única medida de represión contenida en todos los programas de gobierno es la de reforzar las comisarías barriales en cuanto a los recursos con los que cuentan, humanos y materiales”, dice el documento.
A su vez, hay acuerdo en aumentar los salarios policiales, mejorar la prevención de ciberdelitos, las adicciones y el uso de drogas, y en continuar desarrollando la policía comunitaria orientada a problemas.
También hay consenso en aumentar los dispositivos de videovigilancia y en fortalecer la seguridad en las fronteras con apoyo militar y de tecnología.
La coincidencia también alcanza a la necesidad de fortalecer la utilización de medidas sustitutivas a la prisión e incrementar los recursos humanos con los que cuentan las cárceles.
Todos los partidos menos Cabildo Abierto están de acuerdo en crear un Ministerio de Justicia y sacar al Instituto Nacional de Rehabilitación de Interior aunque hay diferencias sobre si debe ser un servicio descentralizado o formar parte del nuevo ministerio.
Aunque suelen criticarse, el FA y el PN también comparten el objetivo de crear un grupo o sistema integral e interinstitucional de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
La única cifra de incremento de gasto –US$ 200 millones– que menciona el programa de Álvaro Delgado es un “Plan Familias” dedicado a combatir la pobreza infantil, un tema que es de “alta prioridad” para todos los candidatos.
De hecho, blancos y frenteamplistas coinciden en aumentar las transferencias monetarias a las familias más vulnerables que tengan niños menores de tres años. El FA habla de aumentar un 50% el monto de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) y del Bono Crianza, mientras que el PN plantea triplicar el monto del bono y extenderlo hasta los 6 años (hoy es hasta 3).
Los partidos también coinciden en aumentar, diversificar y flexibilizar ofertas de cuidados y coordinar estas políticas con las educativas. Se proponen promover los centros de referencia y atención integral en los barrios con servicios de atención para la infancia.
En materia educativa, los partidos están de acuerdo en extender el tiempo pedagógico buscando universalizar el acceso a la educación de tiempo completo o, al menos, de tiempo extendido.
También en seguir fortaleciendo Ceibal y su coordinación con la ANEP, y mejorar la articulación entre la educación y el “mundo del trabajo”. Los programas ponen énfasis en fortalecer la educación en ciencia y tecnología, pero en lo que no hay acuerdo es en la gobernanza de la educación. El FA plantea volver a incluir a los docentes mientras que la coalición mantiene que deben quedar por fuera de la gestión.
La designación de Gabriel Oddone como ministro de Economía en caso de una victoria de Yamandú Orsi buscó enviar una señal al mercado en momentos en que se estaba produciendo un aumento del dólar por la incertidumbre respecto al plebiscito de la seguridad social.
En entrevistas previas y en un libro que publicó con su ideario, Oddone transmitió su compromiso con la sostenibilidad fiscal y prudencia en materia de gasto, algo con lo que coincide con Diego Labat, que será el ministro si Álvaro Delgado gana las elecciones.
En los programas, los cuatro principales partidos explicitan que la sostenibilidad fiscal es una “condición necesaria para el crecimiento económico y las políticas sociales”.
En este sentido, aunque el Frente Amplio intentó derogar la regla fiscal en el referéndum contra 135 artículos de la LUC –que no salió– ahora cambió de posición y habla de “fortalecerla y consolidarla” coincidiendo con la coalición.
Los partidos también están de acuerdo en mantener la “inflación baja” para favorecer el clima de negocios y el salario real y plantean “promover mecanismos alternativos que compensen los efectos negativos” del Impuesto Mínimo Global (impulsado por la OCDE) para mantener la “inversión en el país”.
Respecto al empleo, la principal coincidencia está en dar incentivos tributarios para la contratación de jóvenes, donde el desempleo es cercano al 25%. En este sentido, e FA y el PN incluso estipulan metas cuantitativas de “12.000 y 15.000 puestos de trabajo” para esta población.
Otra de las coincidencias está en la reducción de la carga burocrática y tributaria que enfrentan las Mipymes para promover su formalización, en dar incentivos para el turismo y en continuar desarrollando la políticas de hidrógeno verde en el marco de la segunda transición energética.
Los partidos también están de acuerdo en “revitalizar” el fondo del desarrollo pesquero, en extender la navegación del río Uruguay y la Laguna Merín y en construir una represa en Casupá (Florida). De todos modos, en este último punto hay diferencias ya que para el FA es una prioridad absoluta mientras que el PN lo plantea para después que termine el desarrollo de la planta en Arazatí.
Por último, los cinco partidos están de acuerdo en la necesidad de implementar una “política nacional de riego” para incrementar la productividad del sector agropecuario. Aunque no existe consenso sobre los detalles de cómo ejecutar esta política, todos coinciden en que el Estado debe cumplir un “rol fundamental, brindando exoneraciones fiscales e invirtiendo en infraestructura energética”.