Ambas personas habían sido detenidas el jueves en el Aeropuerto de Carrasco cuando llegaron desde Río de Janeiro
Archivo: Punta Negra
Foto: Intendencia de MaldonadoEl dueño de una inmobiliaria en Piriápolis fue imputado por varios delitos en el caso de las maniobras en que ilegalmente se adquirían terrenos en Punta Negra con el uso de poderes falsos y luego se vendían a terceros compradores.
El hombre fue formalizado el viernes por un delito de asociación para delinquir, dos delitos de uso de documento público falso y un delito continuado de estafa. Deberá permanecer en arresto domiciliario por tres meses con tobillera electrónica. Además se le decretó cierre de fronteras, retención de documentos de viaje y prohibición de comunicación con los demás mencionados en la investigación.
Por otra parte, su esposa ya fue condenada mediante un proceso abreviado, informaron desde la Fiscalía General de la Nación. En este caso, cometió un delito de asociación para delinquir y tres delitos de estafa, en calidad de coautora. Ahora deberá cumplir una pena de 22 meses de prisión en régimen de libertad a prueba.
Ambos fueron detenidos el jueves en el Aeropuerto de Carrasco cuando llegaron desde Río de Janeiro.
Por el caso, ya había otros dos condenados y otros dos imputados. En cuanto a los condenados, se trata de un hombre y una mujer por asociación para delinquir y dos delitos de estafa, de los que fueron considerados coautores. Ambos recibieron una pena de un año y medio de prisión, que fue sustituida por un régimen de libertad a prueba.
Las otras dos personas imputadas deberán realizar arresto domiciliario total con tobillera electrónica hasta finales de diciembre.
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en 2019 por la Intendencia de Maldonado, luego de que se detectaran irregularidades en operaciones inmobiliarias realizadas sobre terrenos del balneario.
Según la investigación de la comuna fernandina, los involucrados utilizaban "poderes generales de administración, disposición y afectación" que aparentaban haber sido firmados por un escribano fallecido en 2006.
En algunos casos, los documentos figuraban firmas de personas (otorgantes) que habían muerto antes de la fecha en la que supuestamente habían firmado los poderes. Fiscalía constató, además, algunos cheques de las compraventas "no habían sido efectivamente cobrados ni acreditados en las cuentas de quienes figuraban como vendedores".
Estos documentos le servían a los imputados para hacer compraventas ficticias y adquirir formalmente los terrenos, que luego vendían a terceros. Además, las autoridades informaron que durante los allanamientos realizados en los domicilios de los involucrados se incautaron documentos, dispositivos electrónicos y un sello con el nombre del escribano cuya firma habría sido utilizada en los poderes falsos. También se encontraron copias de documentos que "simulaban tener carácter notarial".
