Altas expectativas, anuncios de decenas de proyectos, trabas institucionales, falta de impulso político y un largo proceso para la adjudicación final son algunos de los elementos que han impedido que los planes de Participación Público Privado (PPP) pudieran expandirse y asentarse como referencia para alentar la infraestructura económica y social. Esas fueron las conclusiones de un informe de Deloitte presentado ayer durante la conferencia PPPAméricas, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el hotel Conrad de Punta del Este, que durará hasta el miércoles.
Agregó que la selección de los proyectos pilotos debe ser más cuidadosa y que comenzar con la construcción de una cárcel –el proyecto en Punta Rieles– y rutas –la 21 y la 24– no ha sido lo más acertado.
Según el reporte que Deloitte presentó en el foro, no ha habido ningún éxito de la figura de iniciativa privada “como consecuencia de falta de interés por parte de los Ministerios receptores”.
“Hay una demora excesiva en la adjudicación definitiva y en la firma del primer contrato por esperar a la certeza del cierre financiero. Hay una ausencia de liderazgo político que impulse estas iniciativas”, aseveró Espelt.
“No tiene sentido la figura de adjudicación provisional. Es un proceso intermedio que muchos juristas no le ven sentido. Y sí se necesita la creación de un fondo de contingencias para cada proyecto; esto no está contemplado en la ley”, añadió.
En el espacio de debate que se abrió tras esa exposición, Cristina Vázquez de CPA Ferrere concordó en que las PPP deben mejorar las instancias de procedimientos, como la adjudicación provisional, “que no aporta”. “Termina teniendo más o menos el mismo valor que la preadjudicación y con el inconveniente que abre instancias impugnativas”, indicó.
Sergio Hinojoza, consultor chileno, dijo que “es importante no ideologizar las PPP para así darle sustentabilidad en el tiempo” y elogió el instrumento tal como se aplica en Uruguay, en el que “no hay restricciones”. “Tienen 38 iniciativas privadas presentadas”, número que avala la herramienta, de acuerdo al experto.
En tanto, desde una visión de gobierno, Susana García, de la Dirección Nacional de Vialidad, comentó que Uruguay llegó a las PPP tras una “amplia experiencia” en concesiones y destacó la iniciativa de la cárcel en Punta Rieles, “que se inició con un impulso muy importante”.
También dejó planteada la pregunta de por qué la inversión privada no se expande a través de este instrumento. “Hay que mirar con visión comprensiva e integradora y preguntarse por qué ninguna iniciativa privada vino por esta ley, porque quizás no encuentran el plus que sí tienen en otro ámbito”.
Silvina Panizza, del área de PPP del Ministerio de Economía y Finanzas, defendió el proceso que los proyectos deben llevar adelante para ser aceptados. Dijo que su equipo de trabajo apela a la “rigurosidad” para seguir los pasos que requieren la ejecución de los proyectos.
“Pueden ser un límite, pero nos asegura que no implementemos proyectos que por ahí podrían ser convenientes hacerlos por otra vía”. Agregó que las PPP son una “apuesta fuerte a la infraestructura con el involucramiento del sector privado, de modo de transferir riesgos y también para ganar en eficiencia”.
