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Historias sobre la mayor crisis migratoria de América Latina

Cruzar el río Táchira con el miedo de ahogarse, cortarse el pelo para poder comer y caminar cientos de kilómetros por una ruta peligrosa son algunas de las cosas que hacen los venezolanos para sobrevivir 

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20 de noviembre de 2018 a las 05:00

Jesús Hernández está descalzo y embarrado bajo un sol ardiente. En sus manos sostiene un teléfono desarmado que acerca a su boca y sopla con rabia: el agua del Táchira le entró por todos lados y el aparato ya no enciende. Menea la cabeza aún sin resignación: también fue el río el que se llevó su calzado. Hernández apoya ahora los pies en el pedregullo caliente, ya del otro lado de la frontera. Son más de las doce del mediodía del viernes 5 de octubre y en la localidad colombiana de Villa del Rosario la temperatura supera los 30 grados.

Al lado de Hernández –un chico de 17 años de pocas palabras– está su esposa Vanesa de 20 y otra pareja: Gregory Suárez, también de 20, y Mariana Rodríguez, cuatro años mayor. Los Suárez dejaron dos hijos en Venezuela y hay otro que Rodríguez lleva en su útero aunque todavía no se nota. Están sentados en un cordón, rodeados de gente, en un corregimiento que se llama La Parada. No hay árboles de hojas suficientes –los que hay están secos–, ni techos que ofrezcan sombra para descansar.

Los jóvenes decidieron que las mujeres cruzaran primero y los hombres seguirían sus pasos, pero fue más complicado de lo que calcularon. De los varones, el que la tuvo más difícil fue Gregory: pasó con los bolsos en la cabeza, sin prever que había tramos en los que casi no haría pie. En un momento pensó que se ahogaba. 

“Sentía mucho miedo, pero tenía que seguir para adelante. La corriente me arrastraba y sabía que tenía que llegar a la orilla cuanto antes y agarrarme con las manos de lo que fuera. Tenía que salir”, relata a El Observador.

Los cuatro, todos con el estómago vacío desde hace más de 24 horas, partieron desde Valencia, Maracaibo (Venezuela)  y recorrieron casi 700 kilómetros en ómnibus durante 11 horas hasta San Antonio, la última ciudad venezolana antes del puente internacional Simón Bolívar –enfrente a Villa del Rosario– y así transitaron la vía de mayor flujo migratorio entre ambos países. 

Como ninguno tenía documentación –pasaporte, permiso de movilidad o permanencia transitorio–, no había otra opción que el Táchira, el límite geográfico que separa el estado venezolano que lleva el mismo nombre que el río y el departamento colombiano de Norte de Santander, que se transformó en el principal destino de los migrantes venezolanos que huyen de su país en estampida desde mediados de 2017.

“Creía que se moría. Aquí quedé viuda, pensaba”, dice Rodríguez y se empieza reír. Su esposo la mira serio y luego, resignado, pide que lo abrace.

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Según datos proporcionados por la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), las oficinas de migraciones colombianas sellan un promedio de 2.000 pasaportes venezolanos diarios, un número que aunque ha descendido en los últimos meses no contempla la migración ilegal.

Fue a fines de julio de este año que los migrantes empezaron a cruzar las aguas marrones y lechosas del Táchira para preocupación del gobierno de Colombia y de las organizaciones humanitarias.

“Jamás hemos tenido un flujo migratorio de este volumen, en estas condiciones y de la manera tan rápida. De hecho, estamos haciendo un análisis de la situación y creemos que cuando tengamos los resultados veremos que esta es una de las salidas masivas más aceleradas de inmigrantes en el mundo”, dice Víctor Bautista, director de la Cancillería de Colombia.

Las trochas, como les llaman a los pasos en el río que permiten cruzarlo a pie, existieron desde siempre porque el área metropolitana de Cúcuta y la ciudad de San Antonio del Táchira han estado unidas históricamente por una fluida actividad comercial. Pero su uso, y el beneficio económico de quienes venden el servicio de guías para orientar a los caminantes en qué parte del lecho pisar, se disparó cuatro meses atrás cuando las autoridades colombianas endurecieron las medidas de control migratorio en el puente internacional de Simón Bolívar.

La huida de venezolanos de la crisis socioeconómica, el desempleo, la inflación descontrolada y el desabastecimiento de comida y medicamentos –entre otros productos básicos que faltan en ese país–, propició el ingreso de al menos 442.462 ciudadanos en Colombia sin pasaporte, permiso de residencia o documentos que regularicen su situación. Eso determinó el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia (RAMV), que cerró en junio y estuvo abierto durante dos meses.

En la historia de América Latina no hay ningún antecedente que dé cuenta de una migración de estas dimensiones. De acuerdo al RAMV, si se suman los ilegales con los que tienen los papeles en orden – 376.572–, hay 819.034 venezolanos viviendo en el país, aunque Víctor Bautista, director para el Desarrollo y la Integración Fronteriza de la Cancillería de Colombia, sostiene que a esta altura esa cifra superó el millón.

“Jamás hemos tenido un flujo migratorio de este volumen, en estas condiciones y de la manera tan rápida. De hecho, estamos haciendo un análisis de la situación y creemos que cuando tengamos los resultados veremos que esta es una de las salidas masivas más aceleradas de inmigrantes en el mundo”, afirma.

A principios de octubre, el canciller Carlos Holmes Trujillo adelantó que si el flujo no merma, en los próximos tres años pueden llegar a radicarse cuatro millones de venezolanos y aumentar en un 10% el presupuesto nacional destinado a atender demandas sociales.

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“Estoy muy sucia”, se queja Mariana Rodríguez por segunda o tercera vez.

Gregory Suárez le sonríe, la toma de la mano y le hace dar una vuelta que ella corresponde con alegría.

“Pero qué sucia que estás”, le confirma su esposo y se ríe.

Jesús Hernández, que ya no piensa en su celular, interrumpe el diálogo de sus amigos. “Si quieren esperen aquí; yo voy a buscar chancletas”, dice.

Luego mira hacia todos lados sin fijar la vista y posa las manos en la cintura. Hace una mueca de disgusto y lamenta de nuevo su mala suerte: “Alguien me va a tener que dar algo”, murmura.

Lo que hay a su alrededor es una feria de difícil definición. En La Parada se agolpan a diario los recién llegados y se mezclan con los que ya llevan días, semanas o meses varados, acampando o durmiendo en el pedregullo seco que bordea el punto de salida del puente, y que acechan a los nuevos para vender lo que sea.

Todos los días pasan por este sitio alrededor de 25 mil personas –entre venezolanos y colombianos–, cuya mayoría llega cargando bolsas, mochilas de los colores de Venezuela que el gobierno de Maduro en su momento distribuyó entre la población escolar, maletas, canastos y carros. A su paso se encuentran con carteles que dividen las vías del puente e interpelan a quienes llegan para quedarse o seguir sin rumbo: “Acnur te puede orientar sobre tus derechos”, dice uno de ellos, ilustrado con una mujer morena y cachetona acompañada por un hombre de campera oscura y de lentes negros con barba prolija que sonríe a su lado. “No aceptes ayuda de tramitadores, infórmate directamente con la autoridad migratoria”, advierte otro.

Mientras pasan por el puente, los visitantes caminan como si tuvieran un destino definido, pero cuando llegan a esta plazoleta los absorbe el bullicio: en La Parada hay un permanente griterío de pregones que ofrecen bolsas de agua de 360 mililitros a 500 pesos –menos de la quinta parte de un dólar– pan, azúcar de leche o de avena, helado de coco, o incluso transporte en autos destartalados hasta Los Patios, un pueblo a poco más de 11 kilómetros que está en dirección a Bucaramanga, el primer destino importante de quienes emprenden a pie el exilio. También hay quienes venden –u ofrecen comprar– cabello humano.

En el suelo hay trozos de comida, barro, charcos de agua putrefacta, cáscaras de alimentos y mugre acumulada. Hay olor a frito, quesos, fiambres, fruta podrida. La gente que está de paso se sienta en el cantero central o al costado de la calle sin medir la suciedad.

En ese mundo comenzaron a bucear los Suárez en la búsqueda de un baño. Hernández que tan dispuesto estaba a buscar calzado, se queda parado y los mira irse con su esposa a su lado.

A pocos metros, sentada junto a tres mujeres y dos niños, está Maglady Bravo, una adolescente de 17 años que también dejó Valencia cuando estaba por terminar sus estudios secundarios. “La plata no nos alcanzaba para nada”, dice. Tiene ojos celestes y un cabello rubio que lleva recogido y sin forma. Cuenta que debió cortárselo de apuro esa mañana para entregarlo como pago porque no llevaba dinero ni papeles. Fue el precio que le exigieron, dice, para llegar hasta allí sin cruzar el río.

***

La sede administrativa de la Cruz Roja Colombiana del departamento de Norte de Santander es una casa amplia de paredes blancas, con cuatro patios interiores y varias salas. Está al final de la Avenida 2, al sur de la ciudad de Cúcuta, a diez minutos en auto desde el puente Simón Bolívar.

Son las diez de la mañana del lunes 8 y Juan Carlos Torres está en una de las salas, rodeado de colaboradores que lo asisten cada vez que necesita una palabra y no la encuentra. Torres es un hombre impetuoso, bajito y de tez oscura que se atropella al hablar cuando quiere redondear las ideas.

“El factor más determinante para cualquier ser humano es que tenga trabajo o recursos y ellos están llegando sin soporte humanitario, en una extrema vulnerabilidad que aumenta todos los días, en todos los sentidos”, reflexiona.

Torres trabaja en la Cruz Roja desde hace 30 años. Ingresó como voluntario cuando tenía 18 y hoy, con 49, es director de Gestión de Riesgo y Socorro y por tanto el responsable de la agencia en el combate de la crisis humanitaria en que está sumida Cúcuta desde hace–según calculan–casi 15 meses. 

“Cuando todo empezó –cuenta Torres–, nosotros dábamos primeros auxilios e hidratación: la gente llegaba muy descompensada, porque ya hacían largas horas de viaje desde Caracas o el interior de Venezuela y llegaban aquí sin un peso. Y luego les brindábamos contacto con sus familiares para que los tranquilizaran”.

En la repisa de su escritorio hay 12 condecoraciones de la Cruz Roja, y en cuatro de ellas el homenajeado es él exclusivamente. En una de las piezas, de setiembre de 2017, se lee que lo felicitaron por su labor en la frontera: ese año su equipo atendió a 100 mil venezolanos. En otra placa, de diciembre de 2015, se valora el mismo esfuerzo, aunque la crisis humanitaria de entonces no se debía aún al aluvión de venezolanos, sino al de colombianos que retornaban a la fuerza porque habían sido deportados por orden de Maduro. Hubo que instalar albergues para que los recién llegados tuvieran dónde dormir.

Pero ahora, casi tres años después, una de las principales preocupaciones de Torres y su equipo es un escenario al que nunca se habían enfrentado: un centenar de migrantes que todos los días inician una caminata de 200 kilómetros hasta Bucaramanga sin las provisiones más básicas –abrigo, alimentos, medicación–  y, sobre todo, subestimando un obstáculo insalvable: el Páramo de Berlín. Por esa ruta, cada pocos kilómetros, se ven grupos de dos, tres, cinco, diez migrantes que caminan encorvados, con mochilas o bultos en las cabezas. Algunos piden un aventón, pero muchos no se detienen siquiera para mirar.

***
Hoy es sábado 6 de octubre y son las 12.43. El sol asoma entre las nubes pero el aire es frío y escaso, porque en este punto de la cordillera del noreste colombiano hay más de 2.600 metros de altura. 

Dentro de pocos minutos, Roxana Aponte –36 años, venezolana, inmigrante– enfrentará el dilema de detenerse a descansar luego de 46 horas de caminata o seguir de largo, cuesta arriba, 100 kilómetros más y muy distintos a los que dejó atrás. Ahora, con una manta colorida sobre los hombros, sube el repecho despacio, resoplando, y está por llegar a un rellano al costado de la ruta.

Aponte no lleva dinero y comió cuando contó con la solidaridad anónima o se cruzó con alguna agencia humanitaria. En su próxima parada se alimentará porque el parador que hay en esta parte del trayecto la convidará con sopa de verduras, que a su vez ella decidirá compartir con su marido y su hermano. 

“Dejamos todo: mi casa, mis hijos, mi mamá. Renuncié a mi trabajo porque no me daba, mi esposo no conseguía  empleo, y mi hermano dejó de estudiar porque no había plata para pagar el transporte”.

Ellos, de paso más lento, se quedaron atrás y caminan acompañados de otros tres jóvenes que se unieron al grupo dos días atrás.Los seis andan con lo puesto y un par de bultos en una ruta de curvas cerradas sin banquinas ni senderos. El grupo bordea el camino expuesto al peligro: de un lado hay vegetación o el precipicio, del otro la piedra de la montaña, y por el medio marchan a paso firme camiones de carga que apenas frenan cuando doblan.

La carretera que une la ciudad fronteriza de Cúcuta con Bucaramanga, uno de los principales caminos que hacen los migrantes venezolanos en Colombia, está poblada de señalizaciones. Hay carteles que advierten sobre derrumbes de tierra, que insisten en el riesgo mortal de sobrepasar vehículos o que recuerdan velocidades máximas de 30 kilómetros por hora –que nadie respeta–. También son frecuentes las reparaciones al pavimento que obligan a canalizar el tráfico en una vía sola, y  hay cercos de conos que excluyen una parte del camino porque se hundió y cayó al vacío. 

“Dejamos todo: mi casa, mis hijos, mi mamá. Renuncié a mi trabajo porque no me daba, mi esposo no conseguía  empleo, y mi hermano dejó de estudiar porque no había plata para pagar el transporte”, dice Aponte.

Su esposo, Ottoniel Yajurez –albañil desempleado, menudo, venezolano indocumentado–, aprovecha la pausa y cruza hacia la vía contraria para beber de una cascada que desciende por la montaña. Cuando termina regresa despacio y cuenta risueño que el agua estaba fresca.

“Vamo’ a darle”, le dice Aponte, seria, sin levantar la voz y extendiendo la duración de las vocales. Le suplica que no se ponga cómodo, que no se siente, que sigan caminando.

Los ojos de Yajurez están rojos porque hace dos días que no duerme. Al descansar, apoya las manos sobre las rodillas como un atleta fatigado y mantiene la cabeza en alto. Ahora mira hacia adelante donde el camino se corta en una curva. “Ya va”, responde a su esposa, también sin muestras de enojo.

“Hay que ir bien retirados porque los autos pasan muy pegados, y cuando doblan es peor. Pero no siento que sea peligroso”, dice Yajurez  y niega en voz baja haber sentido miedo incluso cuando atravesaban la ruta en la oscuridad de la noche. Sin embargo, su voz crece cuando refiere a un peligro que, aunque no duró días sino una hora y media, recuerda con nitidez.

“El cruce fue fuerte porque el río estaba crecido. Pagué dos mil pesos (colombianos) para que me cruzaran. El agua me llegaba por aquí”, dice y pone una mano a la altura de su corazón.

Hasta allí a él también lo mojó el agua del Táchira.

***

El Páramo de Berlín es un tramo de este camino –que comienza a partir del kilómetro 134– en el que se alcanzan los 3.200 metros de altura con una niebla espesa que limita la visibilidad y en donde hay temperaturas bajo cero. Entre los venezolanos, se repite como mantra que allí murieron 17 compatriotas por hipotermia. Es por eso que Aponte no quiere quedarse a descansar: sabe que está a pocos kilómetros de esas condiciones y le advirtieron que bajo ningún concepto podían atravesarlo por la noche. 

Aunque no hay datos oficiales que constaten esas muertes, el peligro de la hipotermia es real, dice Torres. Y por eso hoy hay una unidad de la Cruz Roja instalada a la salida del pueblo de Pamplona, en el kilómetro 74,9 de la carretera, para informar, aconsejar, curar los pies y entregar elementos primarios para sobrellevar el viaje. La unidad es un contenedor gris, en el recodo de una curva, en donde se atienden un promedio de 100 caminantes por día y entre los que hay ancianos y embarazadas, aunque la mayoría son adultos de entre 18 y 35 años. 

“Esto empezó a fines de julio cuando Colombia endureció los controles migratorios, y muchos todavía llegan sin pasaporte. Fue eso lo que obligó a que se usaran caminos irregulares, la trochas, para cruzar el río. Y entonces ahí empezó el flujo de caminantes: la necesidad hace al ser humano”, señala Torres.

Cuando habla, muestra una media sonrisa como quien se siente a gusto conversando sobre lo que hace, lo que vio, lo que planea para el día siguiente.

Y agrega: “Esto ha sido una crisis social que ha evolucionado paso a paso, y es muy diferente a lo que sucede cuando ocurre un terremoto, porque entonces el problema afecta a una población determinada, dura unos tres meses, y luego comienza la etapa de recuperación. Pero aquí no hay esa etapa, está todo el mundo afectado y la crisis crece todos los días: no afloja”.

Torres fue enviado como delegado colombiano de emergencia y desastres para asistir los terremotos de Haití en 2010 –en donde murieron más de 200.000 personas– y de Ecuador en 2016 –con más de 670 muertos y un millón de desplazados.

***
El silencio y la posibilidad de caminar sin tropezones denuncia que es domingo en La Parada. Es 7 de octubre. Tres años atrás eso era lo habitual: una zona de paso, en la que apenas se reunían algunos vendedores de divisas.

La visita del alto comisionado de la ONU estaba pautada para las ocho, pero la caravana de autos oficiales llega con cinco minutos de anticipación: tres camionetas blancas con banderitas de Acnur –junto a dos patrulleros– aparecen por detrás de un edificio, bordeando el río, y se estacionan al costado de una playa de estacionamiento reservada.

Al bajar, antes de la recorrida por las carpas de la ONU, de la Cruz Roja y del Consejo Noruego para los Refugiados, y antes de participar del acto por el que el italiano Filippo Grandi vino hasta aquí –inaugurar un centro de atención médica gratuito que no reconocerá nacionalidad–, el punto de visita impostergable es el puente. Desde ese lugar muchos detienen su paso y observan cómo una cohorte de jerarcas bien vestidos –hay varias autoridades del gobierno colombiano– empiezan a moverse como si fuera una procesión entre una decena de camarógrafos.

Grandi es alto, espigado, canoso, con un poco de panza que asoma debajo de su saco azul. Viste una camisa celeste con rayas blancas finas, pantalón gris y zapatos negros, y no parece molesto por el calor que ya empieza a humedecer los rostros de tantos; sonríe a menudo con lo que le dicen, y se pone serio cuando le señalan dificultades en el control del área. Grandi responde a todo en un español que no domina pero que se esfuerza por que parezca que entiende con facilidad.

El tropel, ya sobre el puente, camina despacio, estorbando a quienes, apurados,  van de un lado a otro de la frontera y deben pedir permiso para pasar. Cuando llegan a las vallas, el límite con Venezuela, el responsable del desarrollo fronterizo de Colombia, Víctor Bautista, se abre paso para situarse al lado de Grandi. Entonces comienza a lamentar en voz alta la “falta de colaboración” que muestra Venezuela para hacer frente a la crisis migratoria; incluso, dice, del otro lado no la reconocen.

“Tenemos suscrito un memorándum para la gestión de las ambulancias –pone de ejemplo–, pero por problemas de mecanismo y de otros tipos, no logramos entendernos”.

Grandi asiente y luego se pone a observar a quienes ingresan. Ante su interés, los jerarcas colombianos detienen a un venezolano que dice llamarse Alejandro Sánchez, y le piden que le muestren al alto comisionado su Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF). Es un permiso que los colombianos dejaron de conceder a sus vecinos en febrero de este año, cuando detectaron que de las 1.624.915 tarjetas registradas hasta el 8 de febrero, 83.709 debieron ser canceladas por uso indebido. El documento permite un máximo de siete días de residencia en Colombia, para aquellos que deben desplazarse entre ambos países.

A Sánchez, desconcertado, ahora le piden que resuma su historia en 30 segundos: cuenta que cruza la frontera para comprar alimentos básicos y que tiene cinco nietos. Todos vacunados, responde.

Grandi se lo queda mirando en silencio hasta que le pregunta si no tiene problemas legales al volver por el puente con mercadería colombiana, y el hombre le responde que no, que pasa sin problemas.

Felipe Muñoz, gerente de Frontera con Venezuela, camina al lado de Grandi de vuelta hacia La Parada y hace una puntualización clave: es domingo a la mañana. “En la semana el flujo puede ser hasta diez veces más intenso”, advierte.

Grandi vuelve a asentir con su sonrisa, sin quitar las manos en los bolsillos.

El sol ya arde contra el suelo y apenas son las 8.30.

***

“Acá tratamos de sobrevivir, porque si nos volvemos para nuestras casas es peor: allá no teníamos qué comer, el sueldo no alcanzaba para nada. Con lo que uno gana en Venezuela en un mes solo se puede comprar tres kilos de carne, y te arrebatan las bolsas del supermercado; te quitan la comida de las manos; hay demasiada hambre”. 

Lorena Mercado –37 años, delgada, excomerciante en Maracaibo, hoy vendedora ambulante en la frontera– dice todo eso sin respirar.

Está sentada en una mesa del comedor comunitario de la Casa de Paso Divina Providencia, obra de caridad de la Diócesis de Cúcuta y uno de los tres puntos de asistencia –el más antiguo– que hay en La Parada. Enfrente está Jorge Pirell –de 32, menudo, también excomerciante y vendedor como ella, su pareja–, y los dos comen el menú del día: un arroz con varias carnes y un pedazo de pan. Son las 10 de la mañana y están aquí como todos los días de los últimos ocho meses, cuando dejaron algunos de sus hijos en su ciudad y recorrieron 450 kilómetros en 10 horas de ómnibus hasta San Antonio.

“Nos estamos preparando mentalmente, porque ya sabemos que es duro. Pero no nos queda otra escapatoria. Estar acá así es difícil. No podemos seguir viviendo con dos o tres mil pesos”.

El plan era cruzar a Colombia y hacer dinero suficiente como para ir a buscar a los niños que quedaron en casa –a dos los trajeron con ellos–, pero no esperaban quebrarse cuando cambiaron los bolívares que llevaban a pesos colombianos. Cuentan con la solidaridad de alguien que les presta un cobertizo en San Antonio para pasar la noche, y durante el día venden golosinas en Villa del Rosario; los adolescentes de 14 y 15 años que viajaron con ellos hacen lo mismo del lado venezolano.

No usan el centro de atención transitoria que inauguró el gobierno en febrero –la segunda respuesta social que hay en el corregimiento, y que cuenta con 120 camas y diez cuartos– porque la estadía que ofrece posibilita una estancia de hasta tres días.  

El plan es partir hacia Bogotá y caminar 557 kilómetros, lo que significa que atravesarán el Páramo de Berlín.

“Nos estamos preparando mentalmente, porque ya sabemos que es duro. Pero no nos queda otra escapatoria. Estar acá así es difícil. No podemos seguir viviendo con dos o tres mil pesos”.

Mientras Lorena aclara que ese monto equivale a menos de un dólar por día, Grandi –que ahora sí muestra manchas de transpiración en axilas y pecho– camina y sonríe por entre las mesas.

Minutos antes había recorrido las calles de La Parada con dirección a La Margarita, un centro de salud –la tercera respuesta asistencial– que comenzó a prestar atención médica y psicosocial en forma gratuita por iniciativa de Acnur y del Consejo Noruego para los Refugiados.

En su inauguración, Grandi lo definió como “el símbolo de la voluntad de la comunidad internacional de estar cerca de Colombia y de los colombianos” y habló de la necesidad de “responder a una crisis monumental”.

“He visto concretamente el volumen enorme de este flujo, este movimiento de población. Y esta mañana he comprendido la complejidad de este flujo”, dijo en una declaración a la prensa.

Pero ahora Grandi se saca fotos entre los cocineros y voluntarios con gorras y tapabocas que esperan con bandejas de comida la fila incesante de visitantes. Algunos llegan desharrapados, casi todos llevan mochilas; muchas mujeres cargan con niños.

Mercado y Pirell, al fondo, permanecen ajenos a la visita oficial y cruzan los cubiertos de sus platos para seguir hablando. 

Estar comiendo les angustia: se acuerdan de los hijos que dejaron atrás.

“A veces nos llaman para decirnos que no tienen qué comer en el día”, dice Lorena.

Cuando partieron comían una vez al día, antes de acostarse. Ganaban el sueldo mínimo de entonces –unos US$ 70– hasta que cerraron un supermercado que tenían debido a la escasez de productos. 

Cuentan que las personas que “eran gordas” ahora están flacas, que muchos comen de la basura, que “los niños se están muriendo de hambre”, 

Y recuerdan otra vez a sus hijos.

“¿Qué estarán comiendo ellos allá? Sabemos que no han comido y ahora –señala el plato con desprecio– nos viene un nudo en la garganta”.

Lorena llora.

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