Usted fijó el gasto público como la clave para una buena distribución del ingreso.
El gasto público, en materia de política fiscal, es el gran instrumento para obtener una razonable distribución del ingreso, tanto en políticas de corto plazo, a través de transferencias directas a los sectores menos favorecidos, como en políticas de mediano y largo plazo, a través de la mejora en los sistemas educativos que aseguran igualdad de oportunidades para que las personas se inserten lo mejor posible en el mundo laboral.
Sin embargo, el actual gobierno y los anteriores han mantenido o aumentado el gasto y no tanto su calidad, y apuestan más a distribuir con instrumentos tributarios.
Los presupuestos de la administración anterior y de la actual han hecho un esfuerzo enorme por aumentar los recursos que se destinan al gasto social y en particular a la educación. El punto es que ese esfuerzo no se ve correspondido con una retribución por parte de los servicios educativos.
Y creo que ahí es donde hay que dar la gran batalla respecto a la mejora de la distribución del ingreso y la mejora de la equidad.
Hoy en el gobierno se discute la promesa electoral de bajar el IVA dos puntos. Se habla de reducirlo no en forma lineal de 22% a 20% sino focalizado para ciertos sectores. ¿Qué piensa que es lo más conveniente?
Una baja generalizada de dos puntos del IVA sin ningún otro requisito no asegura una transferencia efectiva de la disminución del impuesto a los consumidores. Se maneja la posibilidad de que esa rebaja esté asociada a la utilización de mecanismos de tarjetas de crédito o de débito. Eso tiene varias ventajas. En primer lugar la formalización de la economía, la mejora en la bancarización y por tanto en el cumplimiento tributario de los empresarios que se vinculan al sistema, y eso es un adicional muy importante. En segundo lugar, se asegura que la rebaja tributaria realmente llegue al consumidor.
El hecho es que hoy en Uruguay la mayoría no tiene tarjetas de débito.
La instrumentación de una medida de esa naturaleza va a requerir previamente un enorme esfuerzo tecnológico.
Usted dijo que la carga tributaria en Uruguay es 28% del PBI. ¿Es pesada en relación a otros países?
Está por debajo de los países de la región. Es una carga relativamente elevada pero el gran tema, a mi juicio, es la calidad de bienes y servicios públicos que recibe la población, que –también hay que decirlo– en parte están acotados por las transferencias al sistema de seguridad social que en rigor no corresponden a situaciones de este período sino de períodos anteriores. Aun así la parte del gasto discrecional –el gasto no comprometido por ese tipo de erogaciones ni por los intereses de deuda pública– no da un adecuado retorno al ciudadano.
Creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande para corregir esa situación y mejorar la calidad del gasto público.
¿Los cambios tributarios con la universalización de la fuente y al secreto bancario afectan la credibilidad del país?
Entiendo que no. En términos de intercambio de información, la norma lo que hace es cautelar la forma en que se cumplen los convenios para evitar la doble imposición. Además las modificaciones se encuadran en una tendencia internacional a la que Uruguay no puede escapar.
(Observa)
