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“La movilidad no está limpia”, dijo el ministro Basso sobre suspensión de apertura al corralito

El ministro afirmó que el sistema de huellas no evita la intermediación lucrativa y quiere  redactar una ley penal para quien cobre por los traspasos, algo que ya existe 

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19 de noviembre de 2018 a las 17:30

“La movilidad ahora no está limpia. Tenemos pendiente generar mayores garantías para asegurar que la intermediación lucrativa no continúe”, explicó el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, este lunes a El Observador desde el Parlamento para argumentar por qué el Poder Ejecutivo resolvió suspender por decreto la apertura del corralito mutual de febrero de 2019, cuatro días después de que la Junta Nacional de Salud (Junasa) anunciara públicamente que lo habilitaría. 

La noticia generó sorpresa porque, justamente, la junta informó la semana pasada que implementaría un novedoso sistema informático de huellas digitales con el fin de evitar el oportunismo de los empresarios que cobran dinero por trasladar a los usuarios de una mutualista a otra. Pero unos días después, esa tesis fue deslegitimada por el Poder Ejecutivo. “No da garantías”, retrucó Basso sobre el sistema informático presentado por la Junasa y advirtió que la falla se mantendría latente con ese sistema.

Insistió en que si bien el sistema de huellas es favorable porque la tecnología permite minimizar la intermediación lucrativa, no elimina por completo la acto ilícito.

“No tenemos la garantía de que no volverá a suceder. Es un riesgo que no queremos asumir. Puede ser muy interesante seguir trabajando en el sistema de huellas, pero más allá de los aspectos técnicos, hay aspectos jurídicos que queremos profundizar. Queremos fortalecer la mirada judicial”, remarcó el secretario de Salud.

Basso dijo que el objetivo ahora es redactar un proyecto de ley que contemple la responsabilidad penal del empresario que cobre por el traspaso mutual de los usuarios, aunque ya existe una ley que penaliza la intermediación lucrativa que impone penas que van de los 4 a 24 meses de prisión. Y por eso le han quitado la luz verde, aseguró. Pero para los integrantes de la Junasa esto fue sorpresa, dado que los representantes del Poder Ejecutivo no manifestaron jamas esta posición en ninguna de las reuniones que se convocaron para habilitar el corralito. Ni tampoco se les notificó a ninguno de ellos que se firmaría ese decreto el viernes. 

El ministro informó que todavía existen “causas abiertas” que se investigan por este asunto y considera desfavorable liberar el corralito.

Como consecuencia del caso llamado estafa al Fonasa fueron procesadas unas 30 personas, entre ellas el exjefe de ventas del Círculo Católico y un supervisor del Casmu, luego de que se probara que un grupo de personas recorría asentamientos en busca de personas a las que les ofrecían $ 500, pero como contrapartida se debían cambiar de mutualista. Estas personas que reclutaban gente cobraban entre $ 1.500 y $ 2.000 por cada nuevo afiliado que conseguían. Para cometer la estafa se creaban empresas fantasmas que eran dadas de baja días antes de que se cumplieran los tres meses, debido a que luego de ese plazo el BPS da de baja a los trabajadores por lo que no recibe aportes. Cuando eso sucedía, se abrían nuevas empresas fantasmas. Pero antes de ello, por esos tres meses las mutualistas cobraban las cápitas por los falsos trabajadores.

Fue como consecuencia de esta estafa, que demostró la falta de controles del BPS, que el MSP decidió cerrar el corralito. Se indagó si algún funcionario del BPS formaba parte de las maniobras pero eso nunca se pudo probar.

Según el decreto, los usuarios podrán cambiarse libremente de mutualista recién en febrero de 2020. 
 

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