¿Priorizar el “déficit fiscal” o el “déficit social”?

A fin de 2019, la cantidad de trabajadores amparados al subsidio de desempleo eran 45.551, lo que subió a 119.383 en marzo y a 189.555 en mayo, pero luego comenzó a bajar cada mes, quedó en 105 mil y poco en setiembre, en 89 mil en octubre y en 79.838 en noviembre, pero la tendencia se frenó y subió a 80.866 en diciembre. Ese dato muestra un núcleo duro de gente que no logra recuperar empleo, y muchos otros ni seguro de paro tienen.

Fisco

El déficit fiscal global cerró 2020 en un monto equivalente a 6% del PIB que confirma un deterioro de las cuentas públicas debido a la baja de recaudación de impuestos y al aumento de gastos para atender el impacto de la pandemia. El PIB fue recalculado en noviembre y es más alto que el anterior, por lo que tomando la base anterior, para hacerlo comparable, se pasó de un déficit heredado de 5% (a febrero) a uno de 6,4% a fin de año.

Hablando en plata, el agujero de la caja del Estado es de US$ 3.100 millones, lo que se financia con deuda, que en algún momento hay que pagar. El economista Pablo Rosselli dijo en su análisis de Radiomundo que el país llegó a la pandemia “con un déficit fiscal insosteniblemente alto, que derivaba en un aumento sistemático de la deuda pública” y que eso imponía que “antes del covid-19 era imprescindible que Uruguay abordara un ajuste fiscal importante”. Agregó que “el déficit fiscal de 2020 terminó siendo mayor al previsto originalmente y la deuda pública subió nuevamente el año pasado” por lo que opinó que “en los próximos años será necesario bajar fuertemente el déficit fiscal”.

¿Gastar más?

El impacto mundial de la pandemia ha generado debates sobre la conveniencia de que los gobiernos impulsen la demanda mediante aumento del gasto público, pero eso depende del caso de cada país, como hay precisado Rosselli, y Uruguay no tiene campo libre para gastar sin entrar en otros riesgos.

Además, si el gobierno hubiera soltado la billetera en el otoño, no habría llegado con aire a la primavera, y si la soltara ahora, no sabe hasta cuándo va a durar el efecto del virus en lo económico-social.

El uso del dinero público exige una responsabilidad, no solo de evitar endeudamiento impagable, sino sobre la eficacia de los programas, para que la ayuda sea en serio.

El empleo viene bajando desde 2015 y eso ha seguido a la retracción sostenida de la inversión privada, por lo que más allá de la crisis derivada de la emergencia sanitaria, hay un problema estructural para atender, que no se soluciona gastando más.

Pero en medio de eso, hay un drama complejo con aquellos trabajadores que pierden sus puestos por empresas que cierran o se achican, o que sus funciones son reemplazadas por máquinas o por mayor rendimiento de los empleados que mantienen sus cargos, y fundamentalmente por jóvenes sin estudios ni capacitación alguna, que no pueden conseguir un trabajo formal.

Con ese contexto, la oposición ha replanteado la idea de una “renta básica universal”, que es un concepto difuso, con interpretaciones diversas, pero que consiste en pagar una mensualidad a la gente, a cambio de nada (sin contrapartida).

En 2015 se reactivó le debate sobre RBU cuando el movimiento de izquierda española “Podemos” propuso una “renta garantizada” de 600 euros mensuales para la gente sin ingreso y otra “renta complementaria” para trabajadores con sueldo inferior a 900 euros.

La RBU ha estado más en debate que en la vida real, y Finlandia hizo un experimento con 2.000 personas (su población es de 5,5 millones) a los que pagó durante dos años 560 euros mensuales para estimular la inserción laboral. El programa se canceló porque la gente cobraba el subsidio pero no conseguía volver a trabajar, que era el objetivo.

Uruguay tiene finanzas frágiles y miles de personas en fragilidad, y el gobierno deberá ser creativo y responsable para atender a los golpeados por la pandemia, y a los que ya venían golpeados por el estancamiento-recesión. Eso supone más gasto público, pero con mucho cuidado y con políticas rigurosas que apuntan a dos metas: capacitar a los empleados para tareas que se requieran en el mercado, y generar clima de negocios para favorecer la inversión (y la generación de empleo).

El subsidio por desempleo tiene carácter temporal y no se puede abusar de prórrogas porque eso supone debilitar el mecanismo y afectar al BPS. Mientras, el gobierno debe manejar políticas específicas para contemplar problemas sociales, y los subsidios en dinero deben ir con capacitación, para lo cual hay fondos en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

¿Entonces? ¿Cuidar la caja o cuidar la gente?
El gobierno no puede dejar a la gente sin ayuda, pero a la vez debe ser cuidados del dinero público; podrá gastar más y en ese caso crear o reforzar planes de ayuda, pero la ayuda no puede ser para pasar “el invierno” y punto, sino para que los afectados puedan levantarse y caminar; caminar por su propia fuerza.