Las calificadoras Mood's y DBRS Morningstar publicaron este martes dos informes con sus perspectivas para Uruguay luego de las elecciones nacionales celebradas el domingo pasado. Ambas agencias destacaron que luego de 15 años ningún partido político tendrá mayoría en el Parlamento y que la aprobación de medidas claves en dirección a reducir el déficit fiscal requerirá de acuerdos, independientemente de cuál sea el resultado de la segunda vuelta.
El reporte de Moody's señaló que los partidos que hoy son oposición al gobierno tendrán el mayor número de escaños tanto en el Senado como en Diputados. Y a su vez, consideró que como oposición los partidos tenían plataformas electorales “algo similares”. En ese sentido, la calificadora considera que si el candidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou es elegido como presidente “hay una alta probabilidad” de que se podrá llegar a acuerdos políticos para impulsar medidas legislativas.
En agosto la calificadora ratificó su calificación de crédito soberano del país en Baa2, un escalón por encima del grado inversor, a la vez que mantuvo la perspectiva estable. Esa decisión se basa “en la moderada fortaleza económica” de Uruguay y la recuperación esperada en el crecimiento económico entre 2020 y 2022, asociado a la construcción de una tercera planta de celulosa en el país por parte de la finlandesa UPM.
Moody's señala que durante la campaña presidencial todos los candidatos han identificado la debilidad fiscal como uno de los desafíos macroeconómicos más urgentes que enfrentará la próxima administración, que tomará posesión en marzo de 2020, y que hay amplio consenso sobre la necesidad de abordar una reforma del sistema de seguridad social.
La visión de DBRS
Por su parte, la calificadora canadiense DBRS Morningstar expresó que los resultados del domingo marcan un cambio hacia el centro político con un Parlamento más fragmentado. “La próxima administración tendrá una minoría en el Congreso y, por lo tanto, tendrá que formar coaliciones para avanzar en su agenda”, dice el reporte.
Para la agencia, el surgimiento de Cabildo Abierto plantea cierta incertidumbre sobre cómo jugará en la dinámica de la coalición. De todas formas, se entiende que las “plataformas relativamente centristas” presentadas por los partidos Nacional y Colorado combinadas con el electorado moderado uruguayo sugieren que habrá un apoyo limitado para las políticas de extrema izquierda o extrema derecha.
En otro punto, destaca que a diferencia de Argentina, los resultados electorales no representan un riesgo para los pilares básicos de la política macroeconómica. “Todos los principales partidos de Uruguay reconocen la necesidad de finanzas públicas sostenibles, estabilidad de precios y una buena regulación de las finanzas sistema”, destaca.
En enero pasado DBRS mantuvo a Uruguay en una calificación en BBB (low) con tendencia estable, lo que implica un escalón por encima del grado inversor.
Dos estrategias fiscales
La estabilización de la dinámica de la deuda pública requiere una reforma de las pensiones y un ajuste fiscal de aproximadamente dos puntos porcentuales del PIB, según la agencia. Tanto Daniel Martínez como Lacalle Pou reconocen la necesidad de un ajuste fiscal, pero proponen diferentes estrategias de reducción del déficit.
Lacalle Pou propone recortes de gastos por adelantado, mientras que el candidato del Frente Amplio, Martínez, pide un enfoque más gradual basado en un ciclo de recuperación de ingresos y control estricto de gastos. Ambas estrategias implican compensaciones. El gasto se concentra en seguridad social, salud y educación, todos los cuales tienen protecciones legales o fuerte apoyo político.
“Los recortes significativos de gastos podrían aumentar el riesgo de protestas sociales. Un rápido ajuste fiscal podría fortalecer los fundamentos crediticios de Uruguay, pero solo si la administración puede mantener el apoyo del público por tales acciones”, sostiene DBRS.
Por otro lado, considera que un ajuste más lento podría preservar el amplio apoyo público, pero los planes de reducción del déficit dependerían de una recuperación económica robusta, que podría no materializarse, advierte la agencia.
Para esta calificadora, si el entorno posterior a las elecciones se caracteriza por la inacción de las políticas, los desequilibrios fiscales podrían continuar ensanchándose. “En tal escenario, el deterioro de la dinámica de la deuda pública podría ejercer presión sobre el grado de inversión" de Uruguay”.
Se espera que las condiciones económicas se fortalezcan modestamente en 2020 y 2021, respaldado por la inversión de la segunda planta de UPM y una cartera de proyectos de infraestructura público-privada. “Esto podría proporcionar a la administración entrante, independientemente de quién gane el 24 de noviembre, una apertura política para adelantar las reformas necesarias”.
