Opinión > ANÁLISIS

¿Qué hacemos? ¿Lo echamos o lo dejamos un mes con arresto?

Múltiples fallas políticas cuando se trata de defender la institucionalidad y hacer respetar el mando supremo, emergido de la voluntad popular

Tiempo de lectura: -'

15 de septiembre de 2018 a las 05:00

Cuando tenía 14 años, en aquel “febrero amargo” de 1973, Guido Manini Ríos entró a la Plaza de Armas del Liceo Militar General Artigas para iniciar su carrera militar.

Su bisabuelo materno había peleado en los levantamientos del caudillo blanco Aparicio Saravia, y su abuelo paterno, riverista de pura cepa, lo había hecho con las tropas coloradas de Pablo Galarza.

Manini Ríos había nacido cuando se iba el año 1958, que marcaba la reunificación nacionalista y el triunfo de los blancos tras nueve décadas de gobiernos colorados.
Su ingreso formal al Ejército fue en marzo de 1975 y luego hizo cursos terciarios en la Escuela Militar (1975-1978) de la que egresó como Alférez de Infantería. Recorrió cada escalón de la carrera hasta que en 2003 llegó a Coronel, y en 2012 el gobierno de Mujica propuso su venia para darle el grado de General.

Y así, el 1º febrero 2015, al ser elegido para el mayor puesto de su fuerza, el Gral. Manini Ríos asumió como Comandante en Jefe del Ejército en el mismo lugar al que había llegado en 1973 y en el final de su discurso de asunción, expresó: “Quiero agradecer al mando superior de las Fuerzas Armadas por la confianza depositada en mi persona. Asumo con entusiasmo esta enorme responsabilidad. De mí solo pueden esperar la lealtad de un Comandante, que no es otra que la lealtad del Ejército Nacional para con las instituciones democráticas”.
Ese “mando superior”, de acuerdo a la Constitución de la República es el presidente.

Ahora, ese “superior” impulsa una reforma al sistema jubilatorio de las Fuerzas Armadas que es tan polémico como necesario. A los militares no les agrada la reforma, porque los afecta quitando beneficios, y es entendible que todo que se ve afectado por una reforma, se sienta mal.

Creen que es injusta, que no merecen eso, que se puede hacer de otra manera.


El contenido de la reforma es una discusión en sí misma, que debe darse en uno de los poderes del Estado, el Legislativo, que es donde está representada la voluntad popular.
Esa institución tiene mecanismos de consulta con técnicos y de participación para que los afectados con cada ley puedan explicar argumentos, como además lo hacen en otros espacios de divulgación como pueden ser medios de prensa, redes sociales, o foros en lugares privados.

Pero el Jefe del Ejército, cuando sale a hacer campaña contra un proyecto de ley que impulsa el gobierno y ha firmado su “mando superior”, está desafiando al presidente, lo está exponiendo a una situación incómoda, intolerable.

Pasaría con un ministro que fuera al Parlamento a pedir que no voten un proyecto de ley enviado por su presidente: debería dejar el cargo.
En este caso, es más grave: es un militar, y es el jefe del ejército.

Tabaré Vázquez dijo que cree en la buena fé del militar; quienes lo conocen hablan de una persona de bien, consustanciada con los problemas de su fuerza y con los del país. Pero dentro de una organización, al interior de un gobierno, cada miembro tiene una libertad de expresión inversamente proporcional al grado de su cargo.
En aquel discurso de 2015, Manini Ríos había anunciado que iba a ser leal al presidente “expresando en todo momento” su “real sentir” y eso, tanto “en la coincidencia o no de las directivas que de él emanen”.

El razonamiento es perfecto, siempre y cuando se entienda que eso es en reuniones entre ambos, no en declaraciones públicas.
Cuando se dice que “un ministro”, o “un secretario de Estado”, es un “fusible” ante problemas, es porque si en el equipo de gobierno hay discrepancias entre el mando superior y el que le sigue, el que debe “saltar” es el segundo.

No sólo por una razón de jerarquías, sino porque el presidente es elegido por la ciudadanía y el ministro es designado por éste. El jefe del ejército es elegido por el Ejecutivo y avalado por el Legislativo, y responde a su mando superior: el presidente.

Que Manini Ríos enfrentaba una situación tensa por el malestar de militares que se ven afectados, es entendible. Podía plantear en la interna sus discrepancias pero consciente de que el régimen jubilatorio se vota en el Parlamento, elegido por el pueblo, y con un proyecto que es de iniciativa del Ejecutivo, elegido por el pueblo.

Entonces, si el subalterno dice en público lo que dijo Manini, el mando no tiene otra alternativa que sancionarlo. El caso es qué sanción le aplica.

Manini debió ser removido, pero respetado. El manoseo público sobre su arresto, la divulgación por parte del propio gobierno de que se consideró echarlo pero debido al planteo de la vicepresidenta, (que no integra el Poder Ejecutivo) y otros, cambiaron la decisión para arrestarlo 30 días, todo eso enredó todo.

¿Cómo sigue un comandante en jefe al frente de la tropa luego de haber sido arrestado así, y comentado que estuvieron por echarlo, pero le perdonaron la vida? Desde la oposición, varios líderes y legisladores salieron a opinar con base en trascendidos e incluso a defender al Jefe del Ejército. El caso merecía otra actitud republicana.

Y la gravedad del caso se dio con la circulación de convocatoria a esperar a Manini Ríos en el Aeropuerto, como si eso por sí mismo, no afectara la fortaleza de las instituciones.
Obviamente nadie teme problemas institucionales, pero el caso fue tratado con ligereza por el sistema político.

Manini Ríos mostró su mejor cara de militar comprometido, cuando salió a parar esas convocatorias.

Gobierno y oposición comparten responsabilidades en un caso feo, amargo

Vázquez ha perdido diálogo con la oposición y con su propio partido. Este era un tema para convocar líderes de todos los partidos, explicar la gravedad del sistema jubilatorio y esperar respaldo. Todos, todos saben que esta “caja militar” no se sostiene y debe ser reformada, y que eso implica quitar beneficios. Es feo, ojalá no fuera necesaria, pero es imprescindible. Lo mismo ocurrirá con las otras cajas, que deberán ser reformadas de nuevo; y nadie espera que sea para dar más beneficios, sino para quitarlos.

Vázquez debió haber respaldado a Danilo Astori con el proyecto original y buscar apoyo en serio de otros partidos, pero ni lo hizo, y terminó cediendo ante el MPP para un texto edulcorado, sin efecto fiscal de corto plazo.

Todos los partidos, y los militares, deben saber que se vendrá otra reforma con recortes.

La reforma no puede verse como una venganza contra los militares; quienes han ganado prestigio de la opinión pública en los últimos tiempos y eso no es por casualidad.

El caso deja lecciones

Por un lado, los uruguayos deben tener una mejor consideración de sus Fuerzas Armadas; la gente ya lo expresa en encuestas, pero el sistema político no lo asimila.

Por otra parte, el gobierno equivocó en su reacción, pero tuvo razón en la esencia: no podía dejar pasar lo de Manini Ríos. La oposición debió apoyar la institucionalidad: en la batalla política, no vale todo.

El general, es un hombre respetado, de honor, y aunque no merezca este final, su carrea castrense ha concluido, y el adiós es una decisión que ahora sólo a él corresponde.

REPORTAR ERROR

Comentarios

Contenido exclusivo de

Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.

Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá

Cargando...