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¿Qué significa que la Republicana tome la seguridad de las cárceles?

Aunque se trata de una unidad considerada como fuerza de choque, en los últimos años han incorporado más tareas de patrullaje
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06 de junio de 2019 a las 08:31

La decisión del Ministerio del Interior de pasar a manos de la Guardia Republicana la seguridad de las cárceles volvió a convertir a la administración de Eduardo Bonomi en blanco de las críticas, esta vez de parte de varios sectores del Frente Amplio que ven en esta medida un retroceso a los proyectos de rehabilitación. Tras los cuestionamientos de sectores como Casa Grande, Ir y el Partido Socialista, Bonomi dijo este miércoles en el programa Panorama 1419 (de La República) que se trata de “una resolución evidente que había que tomar” y que “los que critican” la medida “han leído muchos libros pero conocen poco de cómo funcionan las cosas”. 

El sector Casa Grande –liderado por la senadora Constanza Moreira– expresó a través de un comunicado su “profunda preocupación” por “el paso de la responsabilidad de la seguridad de las unidades a un cuerpo policial altamente entrenado para tareas de represión y que ya ha recibido denuncias de abuso de poder”, al tiempo que el diputado del Ir Alejandro Zavala, expresó a El Observador que con esta decisión se da a entender que la cárcel “se parece cada vez más a un encierro que a un lugar de rehabilitación”. Incluso el precandidato comunista Óscar Andrade mostró reparos al decir que “a priori va en contra de lo votado en el presupuesto pasado, a los efectos de pasar el sistema de cárceles al Ministerio de Educación y Cultura y humanizar las cárceles”. 

Distinta fue la postura del precandidato del Frente Amplio Daniel Martínez, quien este martes se deslindó de la postura de  Casa Grande, Ir y Partido Socialistas (sectores que apoyan su precandidatura) al defender la medida tomada por Bonomi, y dijo sobre el cruce de posturas en la interna del Frente Amplio “hay debates que a veces se dan mal”. 

Es que la decisión de la administración de Bonomi anunciada el pasado viernes no supone llenar las cárceles de policías entrenados para la represión, como sugiere Casa Grande, sino convertir a los policías que actualmente trabajan en centros del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en dependientes de la Guardia Republicana. En definitiva, los mismos efectivos que hoy trabajan en cárceles –muchos de los cuales fueron específicamente formados para esa tarea- seguirán cumpliendo el mismo rol que hasta ahora, pero ahora tendrán como jefe al director de la Guardia Republicana. 

De todas formas el director del INR, Alberto Gadea, dijo a El Observador que esta medida permitirá recibir refuerzos de la Republicana en aquellas cárceles más problemáticas. Estos efectivos que pasen a cumplir tareas en cárceles serán entrenados para la tarea. 

El primer centro en recibir este apoyo será la Cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar),  donde en los últimos meses se han producido graves enfrentamientos entre los internos del módulo 10 y el 11. 

La medida tiene como objetivo dar seguridad al personal civil que realiza tareas de rehabilitación, como el trabajo o la educación, al tiempo que proteger a los internos. En 2018 19 presos fueron asesinados en establecimientos carcelarios, según datos del Ministerio del Interior. 

“Eventualmente que esa gente (los policías que custodian las cárceles) que depende al ministerio del interior pasen a un área especializada, no con las mismas características de la Guardia Republicana, en ese marco, puede ser. Si lo hacen para ayudar a las tareas de rehabilitación, puede ser”, concluyó entonces Martínez. 

La fama de la Republicana

En abril de 2018, el Ministerio del Interior recurrió a la Republicana para reforzar las tareas de patrullaje en el Chuy, luego de que se produjera un duro enfrentamiento entre narcotraficantes que se disputaban el control de esta ciudad fronteriza.  Lo mismo ocurrió el 29 de mayo, cuando la Guardia Republicana fue enviada a realizar patrullajes a San Carlos luego de que dispararan contra uno de los capos de la zona, y una semana después se envío otro contingente a Maldonado Nuevo, donde la lucha de bandas se cobró dos vidas en las últimas semanas. 

Es que mientras que las jefaturas departamentales actúan en el límite de su jurisdicción territorial, la Republicana tiene alcance nacional y por eso puede ser utilizada en donde sea necesaria. Este papel cada vez más preponderante se ha visto reflejado en el número de efectivos con los que cuenta: en 2010, cuando fue creada, tenía 500 policías, pero se espera que para junio de 2019 esa cifra llega a los 2.150 policías. 
Unidades como los Pumas (policía motorizada), el Grupo Especial De Operaciones (Geo) la Unidad de Infantería (que trabaja en el movimientos de valores del Banco República, eventos deportivos, o en requisas en cárceles) o la de Coraceros (policía a caballo), le han a la Republicana fama de fuerza de represión. Sin embargo, en los últimos años se han incorporado otras unidades que van más allá del uso de la fuerza. 

Tal es el caso de la unidad de perros, que actúa en misiones de búsqueda y detección de explosivos, drogas y personas desaparecidas, y que ya actuaba en operativos de control en cárceles. También la Unidad Táctica de Negociaciones que busca una resolución pacífica en casos de toma de rehenes, atrincheramientos, intentos de autoeliminación, secuestros e incluso violencia doméstica. 

Otras unidades, como la Unidad Aérea de la Policía Nacional, que tiene a su disposición aviones y helicópteros, o la de drones, están exclusivamente dedicadas a las tareas de patrullaje, aportando imágenes desde el cielo. 
 

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