¿Son caros los combustibles y la electricidad en Uruguay?

Según los cálculos de Méndez -que involucró a @verificadouy  para que chequeara esos dichos y desafió a cualquiera a refutar sus argumentos-, las tarifas de energía eléctrica y los combustibles están “más baratas” en precios constantes en relación a la evolución del salario real de los uruguayos. O lo que es lo mismo, en cada año de la última década la capacidad de consumir energía de cada uruguayo creció ininterrumpidamente.

Y en ese sentido, Méndez tiene razón, como se encargó de reflejar en las siguientes gráficas.

Pero no todo lo que brilla es oro y ese es el comparativo que le sonríe al gobierno. Y, como todos sabemos, en campaña electoral los números pueden decir tantas cosas como quieran quienes los esgrimen. Entonces, ya que Méndez presentó la versión edulcorada -que vale decirlo, es así en los términos planteados-, me propongo agregar elementos al análisis para que usted, estimado lector, tenga una composición de lugar más adecuada a la realidad.

Partamos de una pregunta inicial. ¿Es válido hacer el comparativo de evolución en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación sobre los precios para llegar a la conclusión de Méndez?

Para el economista Aldo Lema ese análisis no corresponde. Las variables que deben considerarse para saber si las tarifas evolucionan de forma razonable son los costos de producción.

"Las tarifas públicas han caído en términos reales en Uruguay, pero lo relevante es compararlas con sus valores de eficiencia y/o referentes internacionales (precios de paridad o tarifas en países con PIB per cápita similar)" Aldo Lema.

Entonces, ¿son caras las tarifas de energía uruguayas?

Porque una cosa es que te diga que podés comprar más que antes (el razonamiento de Méndez), lo que habla de tu capacidad de consumo. Pero otra cosa es que te diga que estás pagando más caro algo que debería ser más barato, lo que habla de la eficiencia de quien te está vendiendo, que en este caso son agentes que no tiene competencia porque están en monopolio. O lo que es lo mismo, si te están robando con los precios, no tenés mas remedio que embromarte, porque le tenés que comprar igual.

Pero empecemos de lo general a lo particular para ver más claras las cosas.

Como bien dijo Méndez, las tarifas de los energéticos considerados en su conjunto evolucionaron por debajo de la inflación en general, como se ve en la siguiente gráfica de los últimos dos años y fracción.

La fuertes caídas que se ven en la línea azul -que se reflejan también en el indicador general del Índice de Precios al Consumo (IPC) que es la línea amarilla-, se registran todos los meses de diciembre por efecto del plan UTE Premia, la promoción de la empresa estatal que beneficia a los buenos pagadores con un descuento en la tarifa.

Tras ese efecto, las tarifas retornan a su cadencia habitual, pero un escalón más arriba de lo que estaban -como también se ve en la gráfica-, porque en enero habitualmente el Poder Ejecutivo aplica los ajustes anuales. El último enero estuvieron alineadas o por debajo de la inflación pasada -en 2018 el ajuste había sido más fuerte-, pero igual generaron polémicas porque muchos defendían que existía margen para no subir, o incluso bajar alguna de ellas.

Hasta acá vamos bien, pero todavía no te dije si son caras o no las tarifas, así que vamos a verlo rubro por rubro y con gráficas, que siempre es más fácil.

Combustibles 

Como se ve puede ver en estos datos que publica Ancap, la incidencia del costo de la refinería en el precio de los combustibles va desde el 22% para el caso del supergas, hasta el 56% en el caso del gasoil. El resto es básicamente impuestos -que en Uruguay son altos- y los costos de distribución.

De ese porcentaje que justifica Ancap, la mayor parte corresponde al petróleo, la variable sustancial cuyo precio se fija en los mercados internacionales.

Pero como Ancap tiene el monopolio de importación y refinación de hidrocarburos, no existe forma de comparar con otro operador local si el ente estatal es eficiente o no en al producción de combustibles. Por eso, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua  (Ursea) realiza mensualmente un comparativo de las tarifas locales con el precio de paridad de importación, que simula un escenario en el que la importación de combustibles es libre y a los precios de mercado internacional le adiciona los costos locales (impuestos, distribución, etc) que cargan a los combustibles de ANCAP. Claro que existen salvedades para esa comparación, como por ejemplo las inversiones logísticas que requeriría cualquier operador que decidiera importar combustible para almacenarlo en el país y no se reflejan en el precio que simula la Ursea, o el porcentaje por ley que se debe mezclar de biocombustibles. Pero es una de las formas de saber qué tan eficiente es ANCAP.

Gasoil

El gasoil es un combustible clave para la economía porque de él depende la gran mayoría de las actividades productiva en mayor o menor medida, y el transporte que tiene un efecto transversal en la economía. Por eso, estar desalineado en esa variable impacta directamente en la competitividad de las empresas.

Según ese comparativo de la Ursea, en los últimos 10 años importar gasoil habría sido más barato para el consumidor local que producirlo en la refinería.

Si la comparación la hacemos con los países de la región, como veremos en la siguiente gráfica en base a los datos que releva SEG Ingeniería, el gasoil medido en dólares también es más caro en Uruguay que en cualquiera de los países del Mercosur y Chile.

Se podrá decir, y con razón, que las realidades de las economías de las regiones son muy diferentes y se hace difícil la comparación. Por ejemplo, como explica Lema, Brasil y Paraguay cuentan con un ingreso per cápita muy inferior al de Uruguay, y Argentina aplicó en los últimos años una discrecionalidad tal en la fijación de las tarifas que es difícil conocer el costo real.

Pero si es por similitud, Chile es un buen modelo de comparación y por eso vamos a ver cómo evolucionó el precio del gasoil en los últimos dos años frente a ese mercado en la siguiente gráfica.

También aquí los precios en uno y otro mercado están divorciados, con una clara diferencia a favor de Chile que fue de 26% en agosto. 

Nafta

En el caso de la nafta Súper, hay mayor relación entre el precio en surtidor y el de paridad de importación. 

Si bien en los últimos años ha sido más caro producir a nivel local que importar, hasta 2015 las tarifas domésticas estaban bastante alineadas a los precios internacionales.

Pero, de todas formas, la nafta es mucho más cara en Uruguay que en los países de la región, incluido Chile.

El Observador informó en esta nota de comienzos de año  que el sobrecosto que pagaron los uruguayos por el monopolio de Ancap fue de US$ 290 millones en 2018, en base a los datos de Ursea.

Eso se dio porque en el promedio anual de 2018 el gasoil estuvo 14% por encima de la paridad de importación y la nafta 11%, luego de una enorme reducción ya que los años previos la brecha llegó a estar entorno a 45%. El resultado del último fue una mejora respecto a los sobrecostos de 2016 y 2017 que llegaron a estar entre US$ 450 y US$ 500 millones.

Hay un factor que la Ursea no considera en el comparativo, y que Ancap usa en su favor ante esta situación y son los subsidios cruzados que se conceden para favorecer a algún sector en detrimento de otro. Eso se refleja claramente en el precio del gas licuado de petróleo, más conocido como supergás, que se utiliza mayormente como energético doméstico para cocinar y calefaccionar hogares.

En ese energético se nota claramente que el precio al público es más bajo que el de paridad de importación, y así se ha mantenido en la última década.

Energía eléctrica

En la energía eléctrica el panorama presenta matices. A diferencia de Ancap, que después de una polémica gestión debió recibir una capitalización de casi US$ 900  millones  que votó solo el Frente Amplio en las últimas horas de 2015 mientras los uruguayos ya pensaban solo en el cordero de fin de año, en UTE las cosas marchan mejor en los números.

Eso, en gran medida favorecida por el cambio en la matriz energética que se inició cuando Ramón Méndez era director de Energía y le abrió las puertas a la generación eólica.

Eso permitió abatir sensiblemente los costos de generación eléctrica. En la campaña electoral del 2014 la inminente entrada escalonada de los diferentes parques eólicos que estaban en ejecución llevaron al gobierno a prometer rebajas de tarifas de entre 25% y 30%, como la que mencionó el entonces ministro de Industria Roberto Kreimerman. Ese objetivo, según Kreimerman, se iba a alcanzar a fines de 2015 cuando se alcanzara un parque de generación eólico total de 1.000 MW de potencia instalada. Hoy la potencia instalada en molinos de viento es de 1.500 MW, pero del 30% de rebaja ni noticias.

De todas formas, como evaluó el economista de Deloitte Pablo Rosselli a comienzos de año en esta entrevista de En Perspectiva, se trató de una promesa irrealizable si se tiene en cuenta que el mayor porcentaje del costo de la energía eléctrica no es la generación, sino la trasmisión y distribución que demandan una enorme inversión.

Pero como explica Ruben Chaer, gerente de Técnica y Despacho de la Administración Nacional del Mercado Eléctrico (ADME), la incorporación de molinos y de generación fotovoltaica logró abatir los costos marginales de generación, es decir de las fuentes que se incorporan en el límite de la demanda, lo que se refleja en la siguiente gráfica.

La línea azul representa la previsión que se realizó en 2011 de cómo evolucionaría el precio spot de la energía eléctrica en el mercado mayorista (lo que paga el sistema por el MWh más caro del mercado), mientras que la franja verde muestra el costo marginal efectivamente operado. En grandes líneas, el costo de la última fuente en incorporarse al abastecimiento de la demanda tendieron de niveles superiores a US$ 200 por MWh en 2012 cuando se tenían que prender centrales térmicas que funcionaban con combustibles líquidos, a cerca de cero cuando lo que se convoca son energías renovables como pueden ser represas hidroeléctricas o molinos de viento que, una vez instaladas, tienen costo variable nulo porque operan con viento o agua.

Pero de todo eso, veamos en la siguientes gráficas que llega a tu casa y a qué precio, que es lo que en verdad nos importa.

Si, como ves en la gráfica, después de todo esto que te conté de la revolución energética que experimentó el país en la última década, seguimos pagando la energía residencial más cara de la región.

De todas formas, la situación mejora un poco cuando hablamos de la energía industrial, como vas a ver en la siguiente gráfica.

En los precios para las empresas estamos metidos en el pelotón y entreverados con Chile y Brasil, por arriba de Argentina y a años luz de Paraguay, que de todas formas está fuera de concurso porque tiene en su potencial hidroeléctrico el carro del Chaná.

¿Cómo se refleja eso en las cuentas de UTE?

Bastante bien, y a eso ha echado mano el gobierno desde hace un buen tiempo para intentar de alguna forma contener, aunque sin resultado, el déficit fiscal que ya bordea el 5% del PIB, el nivel más en 30 años. De  los US$ 2.300 que UTE ganó en los últimos seis años, buena parte fueron a la caja del Estado para financiar el déficit.

Sin ir más lejos, entre los ejercicios de 2015 y 2017 UTE vertió a Rentas Generales más de US$ 600 millones de lo que el Ejecutivo le había planteado como meta -que ya era ambiciosa-, lo que llevó a reconocer a las autoridades de que las tarifas no bajaron tanto como hubieran podido, como se refleja en esta nota en la que El Observador informó sobre la contratación de una consultora por parte de UTE para vencer el “mito” de que sus tarifas son caras (cri cri).

¿Es justo que UTE gane tanto?

Pero hay otro nivel en el análisis debería enfocarse en determinar si las rentabilidades que obtienen las empresas estatales se corresponden con el patrimonio con el que cuentan, aunque ahí ya se debería entrar en el terreno de los objetivos que deben tener las empresas públicas que es un tema escabroso. 

Hoy el accionista de UTE y Ancap, el Estado, le exige que le gire dividendos todos los años. Pero si bien se trata de cifras monstruosas, algunos expertos, como es el caso de Pablo Rosselli de Deloitte, no ven que se trate de algo descabellado.

Sobre un patrimonio conjunto de US$ 6.700 millones entre UTE, Ancap y Antel, según Rosselli, las empresas públicas tienen ganancias cercanas al 10% de ese patrimonio, lo que entiende razonable, e incluso baja si se tratara de una empresa privada que tuviera que distribuir dividendos.

Pero lo lógico sería que esos rendimientos se lograran con un funcionamiento eficiente, lo cual abre otra discusión eterna en la cual no vamos a entrar en esta newsletter.

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Soy Álvaro Irigoitía, subeditor jefe de  El Observador. Hasta aquí, esta nueva entrega de Rincón y Misiones, la newsletter exclusiva para suscriptores Member de El Observador para entender mejor la realidad económica y los temas que tocan nuestro bolsillo, y contar con mejor información para tomar decisiones.