Advierten escollos en regulación de alquileres a través de Airbnb

El Poder Ejecutivo y la empresa Airbnb retomaron la semana pasada las conversaciones para comenzar a trabajar en una regulación que formalice los servicios de alojamiento que ofrece esa plataforma digital. Un trabajo elaborado por el estudio Jiménez de Aréchaga, Viana y Brause señala algunos aspectos que, se entiende, deberían ser tomados en cuenta para la regulación en Uruguay.

El trabajo indica que la reciente incorporación en el mercado de estos nuevos productos ha derivado en que el mundo haya comenzado a regular sobre la marcha con el objetivo de solucionar los derechos y obligaciones de las partes involucradas, aunque también es frecuente que la causa de la regulación sea el reclamo de otros agentes intervinientes en el mercado. Un ejemplo de ello son los operadores inmobiliarios.

"Habrá que ver si la regulación legal en Uruguay es apta para solucionar los problemas jurídicos que puede presentar esta nueva forma de alojamiento", dice el trabajo de los especialistas.

Hoy ya existe regulación en Reino Unido, Francia, Holanda, Italia, Alemania y algunas ciudades de Estados Unidos. En general tienen como principal objetivo establecer reglas impositivas y administrativas para el nuevo producto. De hecho, la mayor preocupación de esos países es el área impositiva. En algunos mercados es Airbnb quien toma a su cargo calcular, recaudar y pagar los impuestos de alojamiento, se explica.

En ese sentido, los expertos explican que Airbnb se presenta como una empresa que ofrece una plataforma por internet para conectar a anfitriones y huéspedes. Ello conlleva la necesidad de delimitar el rol de cada parte interviniente, así como los derechos, obligaciones y garantías de cada uno.

A modo de ejemplo, se explica que la plataforma se encarga de cobrar a los huéspedes antes de su llegada y el anfitrión recibe el pago 24 horas después del arribo del huésped.
Pero en caso de que el huésped tengan problemas con el viaje (por ejemplo, el anfitrión no proporciona al usuario los medios para acceder al alojamiento o el alojamiento no coincide con las descripción del anuncio, entre otros supuestos), Airbnb reconoce la posibilidad de que el cliente requiera que se transfiera su pago a otra estadía o solicite un reembolso. Y en caso de que sea el huésped quien cancele la reserva sin causa justificada, el anfitrión queda inmediatamente habilitado para alojar a otras personas en la propiedad e, incluso, puede quedar habilitado a reclamar el depósito de seguridad.

Otro ejemplo es el caso de que el huésped exceda la estancia acordada.
Las políticas de Airbnb prevén que el anfitrión tiene derecho a "expulsar" al huésped, aunque no se precisa cuál es el procedimiento para llevar a cabo esa "expulsión".

También se establece para esos supuestos una tarifa mayor a cargo del huésped, equivalente al doble de la tarifa de alojamiento diaria pagada originalmente por el huésped, destinada a cubrir las molestias ocasionadas al anfitrión.

La plataforma también recomienda a los anfitriones conocer el reglamento de copropiedad o el contrato de arrendamiento por el cual usan el inmueble, a los efectos de constatar si existe alguna restricción en actuar como anfitrión (tal como la prohibición de subarrendar).

En ese sentido, el trabajo destaca que de acuerdo a la normativa uruguaya, los huéspedes y sus invitados deberán ajustar su comportamiento, pudiendo dar lugar a responsabilidad civil el exceso de la normal tolerancia entre vecinos (por ejemplo, caso de molestias intolerables por ruidos molestos).

Además, se entiende que la normativa sobre defensa del consumidor debería jugar un rol importante en este tipo de producto, por ejemplo, en casos de publicidad engañosa o información falsa.