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Alertan por falta de controles en empresas de seguridad privada
El Ministerio del Interior no posee información "íntegra ni confiable" sobre las empresas de seguridad privada, y las demoras en los procesos de habilitación y renovación de los permisos no aseguran que las firmas prestadoras de esos servicios y el personal "cumplan con los requisitos exigidos por la normativa", advierte un informe de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) referido al funcionamiento del Registro Nacional de Empresas de Seguridad (Renaemse).
En Uruguay están habilitadas actualmente 297 empresas de seguridad que emplean a 21 mil guardias, y de ellos 9 mil pueden trabajar armados. Los custodios privados ganan un promedio de $ 20 mil nominales.
"Los procedimientos para la habilitación de empresas de seguridad y vigilancia y su personal, presentan deficiencias en cuanto a su tramitación y controles, que afectan la integridad de las actuaciones y generan demoras, facilitando la existencia de empresas en situación irregular y la prestación de servicios con guardias de seguridad que no cumplen con el perfil requerido", sostiene la AIN, que evaluó la operativa del Renaemse del Ministerio del Interior entre el 1º de marzo de 2013 y el 31 de marzo de 2014.
El documento, que forma parte del Informe de Actuaciones 2014 de la AIN, señala que los controles que lleva adelante la dependencia ministerial "están dirigidos sustancialmente a la verificación de cumplimiento de la normativa y no al funcionamiento y calidad de los servicios".
Por ese motivo, la AIN aconseja al Ministerio del Interior "revisar los cometidos del Renaemse" en el marco de una nueva "planificación estratégica de las políticas de seguridad" pública.
En ese mismo sentido, el informe recomienda al Renaemse "agilizar el procedimiento de habilitación de personal para minimizar el riesgo de que las empresas tomen personas no capacitadas para ejercer esta actividad".
Ley marco
El Ministerio del Interior redactó un proyecto de ley que genera un marco jurídico general sobre la tarea de las empresas de seguridad. Entre otras cosas, la iniciativa establece que los guardias deberán tener entre 18 y 62 años de edad para el caso de los que portan armas y hasta 70 para el resto.
Los guardias armados actualmente pueden trabajar entre los 21 y los 65 años, por lo que implica una disminución de tres años en la edad mínima para los trabajadores que están armados.
El proyecto también introduce como novedad que los guardias que se inscriban por primera vez para trabajar con arma "deberán acreditar tener aprobado el ciclo básico o su equivalente", al tiempo que los funcionarios que no usarán arma tendrán que "contar con primaria completa". Actualmente, para trabajar en la seguridad privada no hay normativa que imponga un nivel educativo mínimo y ese aspecto queda a criterio de cada empresa.
Para el porte de armas, según establece el reglamento del Renaemse, los trabajadores deben tomar cursos de entrenamiento y están "obligados a la realización periódica de ejercicios prácticos de tiro". En el caso de los guardias que custodien valores o personas deben cumplir, además, con exámenes médicos y psicológicos y rendir una prueba física (test de Cooper) que mide la resistencia, velocidad y respuesta del organismo ante la exigencia.
