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Alta desigualdad y bajo crecimiento: limitantes del desarrollo humano en América Latina
La pandemia de covid-19 profundizó y dejó más en evidencia que nunca la brecha existente entre la extrema riqueza y la extrema pobreza y vulnerabilidad que caracteriza a América Latina. A pesar de los avances de las últimas décadas, los países de América Latina y el Caribe son más desiguales que los de otras regiones con niveles similares de desarrollo, y sus indicadores sociales aún se encuentran por debajo de los esperados para su nivel de ingreso promedio.
Estas son las conclusiones del Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 Atrapados: Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento en América Latina y el Caribe, lanzado de forma virtual este martes por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y que analiza la trampa en la que se encuentra sumida la región, que impide el avance hacia el logro de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El informe explora tres factores que se repiten y retroalimentan el círculo vicioso de alta desigualdad y bajo crecimiento: la concentración de poder, la violencia en todas sus formas y las políticas de protección social que no funcionan bien.
“El informe hace un llamado a los latinoamericanos para que comprendan la conexión entre todos estos factores y destaca un punto de entrada que puede servir para liberarse del bajo crecimiento y alta desigualdad: la implementación de sistemas universales de protección social que sean redistributivos, fiscalmente sostenibles y más favorables al crecimiento,” dijo Luis Felipe López Calva, subsecretario general adjunto de la ONU y director regional de PNUD para América Latina y el Caribe.
El documento señala que la concentración de poder en manos de unos pocos que defienden sus intereses privados es uno de los factores que conectan la alta desigualdad con el bajo crecimiento. A través de su influencia política, el poder mal utilizado distorsiona las políticas públicas y debilita las instituciones. Un ejemplo que se explora en el informe es el rol de las élites económicas en el bloqueo a reformas fiscales que apoyarían una forma más progresiva de redistribución. Para balancear la distribución de poder, el organismo sugiere explorar líneas de acción como la regulación del lobby y el financiamiento de las campañas políticas.
También se destaca que la región es la más violenta del planeta, y advierte que si bien la desigualdad causa mayor violencia, la violencia también aumenta la desigualdad porque afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, contribuyendo a perpetuar su estado de privación. La violencia limita también el crecimiento a través de su impacto sobre el capital humano (y la productividad) y sobre la inversión pública y privada que se ve distorsionada, así como por el gasto en seguridad y por la incertidumbre acerca de los derechos de propiedad.
Entre las líneas de acción que propone el documento para abordar este tema, figuran el fortalecimiento de los sistemas de justicia local y la expansión de la atención en salud mental para las víctimas de violencia.
El informe también se detiene en la fragilidad de los sistemas de protección social de la región, evidenciada en su limitada capacidad de respuesta durante la pandemia. La vinculación de los sistemas de aseguramiento frente a los riesgos con el empleo formal ha motivado a los gobiernos a crear sistemas paralelos, de menor calidad, para cubrir a las personas que quedan excluidas, que en la región son la mayoría. Los países de América Latina y el Caribe tienen mercados laborales segmentados y sistemas de protección social que reproducen desigualdades e incentivan la organización de la producción en negocios muy pequeños y poco productivos. Para ello, el documento sugiere repensar la protección social para asegurar universalidad.
Finalmente, el reporte plantea que las soluciones deben llevar a un mayor crecimiento con sostenibilidad ambiental, y a una mayor inclusión y movilidad social. Se trata de soluciones que requieren balancear el poder en el área de la definición de reglas y políticas, erradicar la violencia en todas sus formas y redefinir del ambiente institucional que constituye la esencia del contrato social: las oportunidades en el mercado laboral, la fiscalidad y la protección social.
La visión sobre la desigualdad y las respuestas esperadas
Según este informe, en primer lugar, la gente es muy consciente de lo desigual que es la región actualmente, muy alejada de la distribución deseada del ingreso.
Esto va acompañado de percepciones generalizadas de injusticia, no solo en la distribución del ingreso sino también en el acceso a los servicios públicos y con respecto a las garantías legales.
Además, si las personas se perciben como “ganadoras” o “perdedoras” frente al sistema (si piensan que están entre el 20% superior o el 20% inferior de la distribución del ingreso) es informativo acerca de qué tan justo creen que es el sistema.
El informe del PNUD explica que "la gente se siente frustrada no solo por la injusticia en los resultados sino también en los procesos, en particular por la enorme influencia política de unos pocos grupos poderosos. Existe un acuerdo abrumador entre la población latinoamericana de que sus países son gobernados en interés de unos pocos grupos poderosos y no por el bien de todos. En 2020, el 77% de la población de la región creía que esto era así, y la proporción alcanzó el 95% en Paraguay y el 91% en Chile y Costa Rica". Uruguay está en 58%.
"Las percepciones de injusticia y desigualdad (junto con dónde la gente cree que se ubica en la distribución del ingreso) son importantes porque determinan las posturas políticas de la gente y sus preferencias por determinadas medidas de política", dice el material y pone como ejemplo a quienes deberían recibir transferencias del gobierno y quienes debería pagar impuestos.
Los datos de percepciones sugieren que en América Latina la mayoría piensa que la carga tributaria debería aumentar con los ingresos (con mayor apoyo a esta visión entre quienes piensan que están en el 20% inferior en contraste con el 20% superior, lo que plantea un desafío político inherente).
Las percepciones de injusticia y desigualdad también pueden determinar diferentes rutas de vida. Pueden actuar como un incentivo al esfuerzo si existe la convicción de que a través suyo se puede lograr mejores resultados.
Sin embargo, si el referente aspiracional parece demasiado lejano o inalcanzable, las personas pueden desanimarse, lo que genera frustración y motivos para salirse del contrato social. Las aspiraciones se construyen alrededor del universo de futuros posibles que uno puede imaginar y el subconjunto de estos futuros que parecen alcanzables.
A través de su impacto dinámico sobre el esfuerzo que la gente elige hacer para alcanzarlas, sobre los tipos de decisiones de inversión que toma para sí misma y su descendencia, y sobre las tendencias más amplias de las preferencias de la sociedad, y en la política y las políticas, estas aspiraciones contribuyen a moldear los ingresos futuros de las personas y la distribución de ingreso.
