Alza de impuestos y funcionarios públicos disparó debate entre economistas en la Expo Prado

A partir de esa afirmación la discusión entre los tres expertos que hicieron su presentación en una jornada organizada ese lunes por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) en la Expo Prado se enfocó en dos temas principales: la reforma del Estado enganchada a la cantidad de funcionarios públicos y la capacidad de soportar mayor presión impositiva de la sociedad uruguaya. Los otros dos economistas que disertaron fueron la presidenta de la Academia Nacional de Economía, María Dolores Benavente y el director de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, Ignacio Munyo.

Rosselli dijo que se dice mucho que han aumentado en decenas de miles los vínculos laborales del Estado, pero cuando se hace “doble click” se encuentra que la gran parte del aumento son docentes y policías, además de funcionarios en la salud. “No estoy diciendo que no haya lugares donde tenga que haber menos funcionarios públicos, pero el proceso de construcción de un consenso para reducir el gasto es trabajoso. Al mismo tiempo hay demanda para mayores gastos para algunos temas como la inseguridad, la educación y el combate a la marginalidad y la exclusión social. Entonces, ante estas restricciones, cuánto antes reconozcamos que hay que subir los impuestos, mejor”, defendió Rosselli su postura.

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En cambio, la presidenta de la Academia Nacional de Economía, María Dolores Benavente, apuntó su discrepancia con la postura de Rosselli. La economista dijo que “es posible que para el corto plazo sea más fácil aumentar los impuestos, pero no hay estatura ética o moral para hacerlo si paralelamente no se le muestra a la población que también hay un esfuerzo en la reducción del gasto”.

Benavente graficó de manera pintoresca su posición con una anécdota con el exministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro. “En su momento yo había dicho que había que echar 100 mil funcionarios públicos. Fernández Huidobro cuando entro al ministerio dijo: ‘esta mujer está loca”. Pero después que asumió como jerarca de la cartera reflexionó: ‘esta mujer se quedó corta’”.  

En tanto, el economista Ignacio Munyo compartió la postura de Benavente, a la vez que señaló que un escenario en que no se repongan funcionarios públicos en los próximos cinco años implicaría un ahorro de dos puntos del PIB (unos US$ 1.200 millones), aunque posteriormente aclaró que se trataba del “escenario más radical para poner un número". 

Posteriormente, Rosselli señaló que existe una restricción presupuestal y no se puede pensar en mantener el déficit fiscal en entorno de los cuatro puntos del PIB por un tiempo prolongado. “El error de ajustar innecesariamente es menos grave que el de no ajustar a tiempo”, dijo. Sin embargo, aclaró que estaba convencido que el Estado gasta en cosas que no tendría que gastar y es una cifra relativamente importante, pero "tampoco es fácil ponerse de acuerdo en las cosas que no deberían gastarse". El economista criticó también la ley de cincuentones aprobada por el Parlamento porque le pareció "extremadamente injusto y una muy mala decisión" que estableció una expansión del gasto público sumamente importante.

"Cuanto antes reconozcamos que hay que subir impuestos mejor", insistió. "No pueden estar enfocados a la rentabilidad empresarial porque en este contexto estamos viendo que las empresas no tienen una rentabilidad suficiente y se tiene que recurrir a las cosas que están disponibles. Al IVA, al Imesi e incluso a subir las franjas del IRPF. Son medidas impopulares, pero cuánto antes reconozcamos esa necesidad, será mejor", planteó el socio de Deloitte.

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Benavente volvió a recoger el guante y apuntó que había que tener también presente hasta cuándo puede resistir la economía nuevos impuestos: “hay un principio económico que dice que primero tienen un rendimiento decreciente, pero después ya no te rinden”.

“Con una actividad estancada difícilmente se pueda recaudar más por más que sigamos aumentando la carga impositiva. A su vez, seguir acumulando IRPF a las personas puede desincentivar el progreso, porque la gente no nota el aumento de sueldo al subir de categoría. Sobre todo en un impuesto a la renta como el de los uruguayos que es más a los ingresos, porque no se permite descontar nada. Cuidado porque estamos en un límite de la presión fiscal y un desborde del gasto público que salta a la vista”, advirtió la profesional.

Por su parte, Munyo destacó que Uruguay tiene que pensar en una estrategia de crecimiento. “Hay que generar una agenda pro crecimiento donde se vea un horizonte, porque toda esta discusión nos va a llevar a un estancamiento que puede ser muy duradero en la economía uruguaya. Abrir la economía es la única solución que veo. Reducir tarifas e ir hacia acuerdo de libre comercio, una estrategia agresiva de inserción internacional fijando desde cancillería puntos comerciales claves”, comentó.