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AMLO prometió que no habrá impunidad para represores militares y policiales
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió que habrá "cero impunidad" para los militares e integrantes de las fuerzas de seguridad que participaron en la represión de los movimientos sociales, políticos, sindicales y estudiantiles entre 1965 y 1990, y garantizó también el reconocimiento a los civiles y militares caídos durante el período.
"Esa es la instrucción: el que no ocultemos nada, absolutamente nada, cero impunidad", afirmó López Obrador en el acto que marcó el inicio de las tareas de una Comisión de la Verdad que buscará esclarecer los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas y las agencias federales de seguridad bajo las sucesivas gestiones del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En ese periodo, el PRI reprimió violentamente a grupos guerrilleros, indigenistas, estudiantiles y sindicales, permitiendo y hasta alentando a las Fuerzas Armadas y de seguridad a ejercer prácticas violatorias de los derechos humanos, como tortura, secuestro, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
"De esta manera honremos la memoria de los que perdieron la vida, de los que se nos adelantaron y lucharon por un ideal, o lucharon en cumplimiento de un deber", remarcó López Obrador en el mismo día en que Amnistía Internacional (AI) denunciaba que suman 97 mil casos de desapariciones forzadas registrados desde 1964 y solo 35 sentencias condenatorias.
En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en México, la organización precisó que solo en 2021 se registraron 7 mil desapariciones en el marco de una espiral de violencia que se agravó desde 2006, cuando el gobierno federal comenzó a desplegar el actual e intenso operativo militar antidrogas que dejó desde entonces unos 340 mil muertos, según AI.
La inclusión de los militares y de los agentes de seguridad que murieron en acciones ocurridas durante aquella época en la Comisión de la Verdad, así como el monumento conmemorativo anunciado por el secretario de Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, generaron la protesta de los familiares de las víctimas civiles.
"Con orgullo expreso que el propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el monumento a los caídos de las fuerzas armadas", dijo Sandoval. "¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!" y "¡Ni perdón, ni olvido!" fue la respuesta de los familiares de las víctimas civiles que se escucharon de inmediato en el lugar del anuncio.
Fue durante la ceremonia celebrada en uno de los campos militares donde funcionaron centros clandestinos de detención y comandos de grupos represivos del Estado mexicano. En ese contexto, Sandoval admitió que “algunas acciones militares durante aquella época se alejaron de los principios de legalidad y humanidad". Sin embargo, insistió en que “históricamente las fuerzas armadas permanecieron subordinadas al presidente”.
Por su parte, una de las oradoras, Micaela Cabañas, hija del líder guerrillero Lucio Cabañas, ejecutado por los militares en 1974, recordó que fue prisionera en esa base militar cuando tenía apenas dos meses, mientras su madre era "torturada, violada y ultrajada". "Con nada nos van a pagar todo lo que pasamos y todo lo que sufrimos en estos lugares. Con nada nos van a devolver a los familiares que quedaron a la espera de justicia", dijo Cabañas.
La Comisión de la Verdad lanzada por López Obrador se da en el marco de un esfuerzo del gobierno por esclarecer los hechos ocurridos, pero también en un contexto marcado por las reiteradas denuncias del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el ocultamiento de pruebas por parte del Estado en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, secuestrados y ejecutados en 2014 en el municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero.
"Se está entregando toda la información, se han abierto los archivos como nunca antes y no se oculta absolutamente nada", dijo el mandatario sobre las pesquisas en torno a la desaparición de los estudiantes. Según el GIEI, algunas instituciones todavía se resisten a entregar la información necesaria para avanzar en la investigación, entre ellas los servicios de inteligencia.
En 2018, apenas asumió la presidencia, López Obrador impulsó las averiguaciones. No obstante, el GIEI, creado en noviembre de 2014 por un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado mexicano, viene denunciando una "simulación" por parte de los Fuerzas Armadas y de seguridad para “hacer creer que se cumplen las órdenes presidenciales”.
"Este gobierno siguió la misma ruta que el anterior, no hubo ningún cambio. Durante todo este tiempo, las Fuerzas Armadas han actuado sucio", aseguró Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes asesinados entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de setiembre de 2014, cuando los jóvenes se dirigían a Iguala para movilizarse desde allí a un acto de protesta.
Se sospecha que la desaparición de los alumnos, uno de los peores casos de violación de derechos humanos en México, fue urdida por policías del estado de Guerrero en connivencia con el cártel narcotraficante Guerreros Unidos y efectivos del Ejército. El GIEI, además, acusa a miembros de la Marina de haber manipulado pruebas durante las primeras investigaciones, específicamente en un basurero donde fueron encontrados restos humanos, incluidos los de los tres únicos estudiantes identificados hasta ahora.
En respuesta, el propio López Obrador anunció que los jefes de la Marina que participaron en ese operativo están bajo investigación. "Se dio la instrucción de investigar a los jefes que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la Fiscalía todos los que participaron", comentó. Los abogados de las familias de las víctimas, en tanto, se manifestaron indignados y reiteraron que la investigación debe incluir a “toda la cadena de mandos que obró el montaje".
Según la llamada "verdad histórica" que planteó el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron detenidos y entregados por policías locales a narcotraficantes al ser confundidos con integrantes de una banda enemiga. Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, de acuerdo con la versión oficial.
La última parte del relato es rechazada por familiares, y también por el gobierno de López Obrador, el GIEI y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El GIEI, además, precisó que varias personas que buscaban a los alumnos desaparecidos murieron en forma violenta desde entonces, como así también otras 20 personas que podían tener información sobre lo ocurrido.
La situación se da en el marco de lo que los medios mexicanos han denominado “la crisis de los desaparecidos” y cuando, según Amnistía Internacional, hay unos 52 mil cadáveres no identificados, la mayor parte en fosas comunes. Según el gobierno, al menos 37 mil de esas víctimas corresponderían a homicidios ocurridos en enfrentamientos entre bandas criminales.
