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Ancap vuelve a plantear la necesidad de subir las tarifas de los combustibles; proyecta una "destrucción" millonaria de su caja
A principios del próximo mes el gobierno deberá resolver si acompasa el precio de los combustibles en el mercado local al precio internacional del petróleo -su principal variable de costos-, y si pone en práctica el nuevo mecanismo de fijación de precios que toma como referencia el Precio Paridad de Importación (PPI) que publica mensualmente la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea).
Por lo pronto, este martes el Directorio de Ancap aprobó por mayoría la propuesta mensual de revisión de precios en planta, que será elevada al Poder Ejecutivo, y en la que se vuelve a plantear la necesidad de aggiornar los ingresos con la evolución de los costos para todos sus productos. La alternativa más viable para ello es ajustando al alza sus tarifas, algo que el Poder Ejecutivo descartó para el cuatrimestre enero-abril.
Además, el reporte al que accedió El Observador señala en el capítulo de proyección económico financiera, que de mantenerse vigentes los precios actuales se estima que, al cierre del ejercicio 2021, “la destrucción total de caja” se proyecta en US$ 253 millones.
También plantea un deterioro del flujo operativo que se comienza a visualizar en el mes de mayo, y para el mes de junio un aumento de egresos significativo debido al pago de dos embarques de crudo (a precios fijados en el mes de marzo).
Además, da cuenta que de acuerdo con las ventas y el tipo de cambio proyectado para el mes de abril, se espera una diferencia entre la propuesta tarifaria anterior realizada por Ancap y el ingreso a obtener de $ 1.312 millones, es decir unos US$ 30 millones. Hasta la fecha la diferencia no recaudada respecto a la paridad de importación se sitúa en $ 3.297 millones (unos US$ 75 millones al tipo de cambio actual).
Aunque el gobierno tiene la potestad de revisar los precios mensualmente, hasta ahora ha resuelto no hacer cambios en las tarifas de los combustibles para priorizar la recuperación de la actividad económica y los sectores productivos.
En caso de que se hubiera aplicado el mecanismo de ajuste por PPI a plenitud y en línea con la reforma que se impulsa desde el gobierno para el mercado de combustibles, como hubo un aumento de los precios internacionales, eso se hubiera reflejado en los precios locales de venta al público.
Por lo pronto este mes el ajuste hubiera sido casi que cercano a 20%. El litro de nafta súper hubiera pasado de $ 58,4 a $ 68,2, tomando cuenta el PPI más el factor X (estimado en $ 3 por litro). Y en el caso del gasoil su precio al público hubiera subido desde $ 40,4 a $ 47,9.
¿Qué elementos se van a considerar para definir si se extiende el congelamiento por un mes más o no? ¿La pata económica, el avance de la pandemia, los precios del petróleo?
El ministro de Industria Omar Paganini dijo días atrás a El Observador que lo más importante que se medirá serán los impactos económicos de la pandemia. “También hay que poner en la balanza todos los costos que está incurriendo el Estado, ver cómo estamos en general, y también cuánto evolucionó el petróleo. Nuestra expectativa ahora es más bien de estabilidad del petróleo en este nivel alto en el que está, pero el mundo es muy volátil, y uno no sabe qué puede pasar. Entendemos que se puede llegar a estabilizar entorno a US$ 65, y hay que ver la evolución del dólar, señaló.
En lo que va de abril, el precio promedio del crudo Brent -referencia de Ancap- se situó en US$ 66.
El economista privado Javier de Haedo cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo de congelar la tarifas de los combustibles. "Es una medida regresiva y contraria a todo lo que había estado haciendo el gobierno, que es, con una precisión quirúrgica, asignar recursos muy escasos donde rinden. Esta medida no me gusta", dijo en una entrevista con El Observador.
Proponen revisar impuestos y márgenes comerciales
El representante del Frente Amplio en el Directorio del ente, Walter Sosa no acompañó la propuesta de corrección que presentará Ancap, y planteó que si bien la empresa necesita aumentar sus ingresos, no corresponde trasladarlo al consumidor final.
“La situación por la que estamos pasando a nivel nacional amerita una reflexión a nivel global de todos los eslabones que conforman el precio final de los combustibles, para realizar un esfuerzo conjunto antes de pasarlo al bolsillo de la población uruguaya mediante precios, sabiendo que ya está pagando gran parte de la crisis injustamente”, afirmó Sosa a El Observador.
Desde su punto de vista, es necesario establecer una mesa de acuerdo en la que participen los ministerios de Industria, Economía y Ancap en forma conjunta, para evaluar qué eslabones se ajustan para mantener un precio final sin cambios al menos durante el transcurso de la pandemia
“Se debe habilitar el análisis de la recaudación por Imesi y/o IVA por parte del Estado y los ingresos que el gobierno pueda absorber del sector que ha estado beneficiado con rentas extraordinarias y exoneraciones fiscales. Y los márgenes de ganancia del sector privado en la distribución y comercialización secundaria. No estoy de acuerdo que en definitiva solo siga pagando Ancap y la población la situación por la que estamos atravesando”, señaló.
