Economía y Empresas > OBRA DEMORADA

ANP negocia pagar sobrecosto de hasta US$ 20 millones en muelle pesquero de Capurro

La controvertida obra para poner fin al endémico problema de los buques pesqueros sigue generando capítulos; el proyecto tendrá cambios respecto a su plan original
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07 de noviembre de 2018 a las 05:02

La obra del muelle pesquero de Capurro viene siendo todo un parto para la Administración Nacional de Puertos (ANP), un proyecto considerado estratégico para descongestionar el puerto y “limpiar” la zona para la futura terminal de celulosa que demandará UPM si confirma su segunda pastera en Paso de los Toros.  

La iniciativa acumula ya un rezago de más de tres años desde que se otorgó el proyecto al consorcio privado integrado por Teyma, Lavigne y Chediack en setiembre de 2015, con el cual ahora el ente portuario negocia para ver hasta cuánto tolera un sobrecosto en virtud de algunos cambios y la demora en ejecutar la obra civil.

Este proyecto está previsto sea el puntapié a una cadena de obras que están programadas para el correr de 2019 en el puerto de Montevideo donde se invertirán más de US$ 450 millones entre la nueva terminal para una factible segunda pastera de UPM (demandará unos US$ 200 millones), un viaducto para ordenar y agilizar el ingreso del tren y los camiones a la terminal capitalina (en el cual se invertirán otros US$ 125 millones), y obras en el acceso norte en la zona del barrio Capurro.

El consorcio había ganado el llamado en su momento con un precio de US$ 98 millones, o de US$ 78 millones si la ANP se hacía cargo de una explanada de relleno en la zona por medio de geotubos -utilizar el material proveniente del dragado para ganar superficie portuaria-.

En diálogo con El Observador el vicepresidente de la ANP, Juan José Domínguez, admitió que hubo “algunos cambios” al proyecto original que no estaban explicitados en su momento. Precisamente, esos retoques al plan inicial -como la zona de maniobras y la construcción de un segundo muelle para buques nacionales- sumado a la demora de más de tres años para el comienzo de la obra civil, llevaron a que el consorcio privado ajustara la cotización del proyecto.

“Hay discusiones y matices en el enfoque de los ajustes, que siempre surgen y se debaten hasta el final. De todas formas, nosotros (por la ANP) aceptaríamos algunos gastos que vamos a tener por pedidos nuestros”, reconoció el jerarca. El funcionario añadió que “es común” se reconozca el incremento de algunos “costos unitarios” cuya cotización se eleva.  El jerarca recordó que durante la construcción del muelle C la ANP reconoció algunos costos extras en que incurrieron los encargados de la obra al encontrarse piedra en el suelo que dificultó las tareas.

“Lo importante es que la obra arranque porque tenemos los aspectos más generales resueltos”, afirmó Domínguez.

La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) estaría liberando por estas horas la autorización para que el consorcio pueda arrancar con las obras, anunció.

Si bien todavía no una cifra definida sobre cuánto más podrá costar la obra luego que se termine de cerrar la negociación con el privado, el vicepresidente de la ANP manejó un rango probable de entre US$ 10 millones y US$ 20 millones por encima de los US$ 98 millones originales. “Eso sería lo más razonable”, consideró.

En tanto, desde el consorcio indicaron a El Observador que el costo final de la obra se definirá una vez que la ANP termine de definir qué es lo se que quiere con la obra, aunque reconocieron que el objetivo es que termine cerca de la cifra original.

Las idas y vueltas

El director del Partido Nacional en la ANP, Juan Curbelo, relató la cronología de la peripecia que arrastra el muelle pesquero Capurro, donde está previsto que en un futuro se amarren los buques de pesca industrial, y que en una etapa posterior un privado pueda instalar un frigorífico. Cuando se firmó el contrato con el consorcio hace tres años, este tenía 90 días para presentar el proyecto ejecutivo. Este plazo no se cumplió tanto por responsabilidad del privado pero también de la propia ANP, reconoció el director de la oposición.

El tema se había estancado de tal forma que por unanimidad el Directorio del ente portuario decidió -a principios de diciembre del año pasado- rescindir el contrato con el privado. Luego de unas semanas, la ANP reconsideró esa decisión y volvió negociar con el consorcio para ver si era posible avanzar con la obra. En julio de este año, el adjudicatario presentó un nuevo proyecto ejecutivo que, según Curbelo, implicaba un sobrecosto de entre 46% y 48% respecto a los US$ 98 millones estipulados en el contrato original. También por unanimidad el Directorio rechazó esa alternativa. A posteriori, el consorcio presentó una nota donde “aceptaba” que el monto era superior al inicial y que continuaría negociando con los técnicos de la ANP para ajustar los costos.

En tanto, en una etapa posterior, el Directorio de la ANP -sin la participación de Curbelo- decidió levantar la recisión del contrato que estaba en suspenso. “No estuve de acuerdo con esa decisión. Pretendía que le levantaran la rescisión cuando presentaran el proyecto ejecutivo definitivo”, fundamentó el jerarca. Curbelo dijo que está dispuesto a acompañar una “readecuación” del monto original siempre y cuando “sea algo razonable” que no implique un sobrecosto del 50%, pese a que “siempre hay imponderables”.

Algunas de las alternativas que se barajan para que la inversión implica llevar la profundidad del puerto a 5 metros y no a 7 metros como estaba previsto inicialmente, entre otras variables que se están discutiendo entre ambas partes.

Cuadernos K sin impacto
En agosto El Observador consignó que el empresario argentino Juan Chediack, propietario de la empresa que lleva su nombre, había sido mencionado en la causa de las coimas y el reparto de la obra pública durante la era kirchnerista. El ejecutivo admitió haber cometido delitos y colaboró con la justicia de la vecina país en la trama de los “cuadernos K”. Chediack deslindó a sus familiares -también accionistas de su compañía- y dio un pasado al costado en la dirección de la empresa y ahora espera por un juicio oral y público donde será juzgado. Según supo El Observador, la empresa pudo sobrellevar sin grandes sobresaltos su actividad y su continuidad en Uruguay en el consorcio junto a Teyma y Lavigne para el  puerto pesquero Capurro no está en riesgo.

 

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