Ante aumento de violencia en juzgados de Familia, toman medidas de seguridad

La magistrada sorprendida prefirió preguntarle al hombre que estaba sentado del otro lado de la sala: “¿Es cierto que tiene un arma?”.  La respuesta afirmativa que vino después llevó a que la jueza decidiera pedir apoyo de uno de los pocos policías que se encontraban en el edificio de la calle Rondeau 1750. 

Leé también

Suprema Corte "seriamente" preocupada por no poder implementar la ley de violencia de género

El hombre no se resistió y entregó su arma, pero dejó en evidencia la falta de medidas de seguridad en el edificio que reúne a varios juzgados de familia de la capital.

Por situaciones como estas, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio del Interior comenzaron a trabajar en un protocolo que estandarice la seguridad de las sedes judiciales, con especial énfasis en aquellas que eran tradicionalmente tranquilas.

Según dijo a El Observador el presidente de la Asociación de Magistrados, Alberto Reyes, la mayor preocupación del gremio no está en las sedes penales –que ya cuentan con ciertas medidas de seguridad-, sino en los juzgados de familia tradicionales, donde se tratan temas de tenencias de menores, régimen de visitas, pensiones alimenticias, entre otros asuntos. Ocurre que a diferencia de aquellos donde se tratan temas de violencia doméstica –los juzgados de familia especializados-, los juzgados de familia no solían registrar episodios de violencia, por lo que las medidas de seguridad son más bien reducidas.

"Observamos con preocupación, las afectaciones de la seguridad de magistrados y funcionarios, se está trabajando en la elaboración de un protocolo y en futuro inmediato solicitaremos una audiencia con el Ministerio del Interior a fin de profundizar el análisis de esta cuestión", presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Turell durante el día de su asunción el pasado 1° de febrero.

Sin embargo, el jefe de Servicios Administrativos de la Suprema Corte de Justicia, Marcelo Pesce, señaló que en los últimos meses se empezaron a dar “amenazas” contra jueces por fallos de tenencia de menores o pago de pensión alimenticia. 

Pesce explicó que si bien estos casos no son frecuentes,  “antes no se daban” y ahora “más que un caso aislado son una tendencia”. “Siempre hubo materias donde la presencia de seguridad era habitual, materias conflictivas donde uno podría esperar cierto riesgo. Lo que sucede es que lamentablemente se han dado casos de violencia hacia jueces donde no era habitual”, lo que llevó a revisar la respuesta que ofrece el Ministerio del Interior. 

El jefe de Servicios Administrativos de la Suprema Corte de Justicia dijo que la mayor seguridad en las sedes no pasa exclusivamente por aumentar la presencia policial, sino que también pueden sumarse cámaras de videovigilancia o mejores controles de acceso para controlar quién entra a las audiencias. En los próximos días la Suprema Corte solicitará una reunión con el ministro del Interior Eduardo Bonomi para evaluar las acciones a tomar. 

Disparidad interior y Montevideo

Para la elaboración de un protocolo de seguridad para la protección de jueces, funcionarios y usuarios de la Justicia, el Poder Judicial hizo un relevamiento de las distintas sedes de todo el país. Según Pesce, en el interior se constató que algunas sedes penales tienen escaso apoyo policial o medidas de seguridad alternativas. 

El pasado 18 de enero, una persona a la que se le imputó un delito de receptación y una medida de prisión preventiva por 90 días, se desacató y destrozó una sala de audiencias. 

Durante el episodio, el hombre tomó una silla y la arrojó contra una funcionaria policial. Luego arremetió contra el resto de los funcionarios, destrozó la computadora y el sistema de grabación de audio. La única policía que se encontraba en el lugar no pudo contener al hombre, que finalmente debió ser reducido por cuatro efectivos policiales que llegaron más tarde a apoyarla. 

Pesce apuntó que en ese caso fallaron los protocolos de seguridad, puesto que el hombre ya se había desacatado anteriormente, pero nadie se lo informó a la sede, por lo que tampoco pudo tomar las medidas necesarias.

Asimismo, el jerarca reconoció que este no es el único episodio de violencia que se ha vivido en juzgados penales del interior, donde la presencia policial en ocasiones es insuficiente. 

En Montevideo en tanto, en el juzgado penal de Juan Carlos Gómez y Reconquista se instalaron molinetes para controlar el ingreso de las personas que ingresan al edificio, así como se pedirá que las personas que quieran entrar a una audiencia se identifiquen. “Que una persona quiera entrar para ejecutar a otra persona durante una audiencia no es descabellado, queremos prevenirlo”, explicó Pesce.