Antel amplía denuncia penal y suma informe jurídico señalado como engañoso

Cosse, que en ese entonces fue llamada a sala para responder sobre los datos reservados del complejo polifuncional, justificó la construcción basándose en un informe del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República, que, según explicó, autorizó el avance: "Realizamos una consulta a la Universidad de la República y a la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho recibió un dictamen del Instituto de Derecho Constitucional, suscrito nada menos que por su director, el Dr. Alberto Pérez Pérez, en agosto de 2013". Ese informe constituía la cobertura legal que la expresidenta de Antel necesitaba para avanzar con el proyecto y al que se referiría en múltiples ocasiones para legitimar su decisión. 

Sin embargo, el actual presidente de la empresa pública, Gabriel Gurméndez, cuestionó la autoría institucional de ese trabajo al ser elaborado por un solo representante de los cinco que tenía la sala del organismo.

Leé también

Gandini: el sobrecosto del Antel Arena "está en algún lado" y la Justicia "deberá averiguar a qué bolsillo llegó"

Gurméndez, que fue "interpelado" por el oficialismo y sin la presencia de la oposición este miércoles para responder a los "procesos de decisión, construcción y administración" del complejo Antel Arena, concluyó que el dictamen, que lucía con "apariencia" del Instituto de Derecho Constitucional, era en realidad un análisis personal del director Pérez Pérez, uno de los miembros del consejo. "Era el dictamen que podía tener mayor valor porque no era una consulta paga a un profesional que informaba y es el que trató de justificar el obrar anticonstitucional e ilegal de Antel", precisó.

Fuentes de Antel dijeron a El Observador que ampliarán la denuncia penal presentada por la construcción del Antel Arena con este elemento. La investigación está a cargo del fiscal Enrique Rodríguez.

Según los legisladores de la coalición, el llamado a sala permitió conocer un "episodio muy grave" y parte de los "engaños" que se han ido sucediendo en torno al proceso. El senador nacionalista Jorge Gandini, por ejemplo, dijo que la administración anterior "se abrazó" al informe para justificar que no se violó el artículo 190 de la Constitución que consagra el principio de especialidad de las empresas públicas y por el que Antel, técnicamente, estaría imposibilitada de construir un estadio deportivo. 

En esa línea, acusó a las autoridades del gobierno frenteamplista de "venderlo" como una respuesta del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, cuando, a su juicio, era la opinión personal de un abogado con filiación frenteamplista que evitó de incorporar la postura de los otros integrantes, los profesores Ruben Correa, Felipe Luzardo, Jaime Sapolinski y María Elena Rocca. 

El legislador sostuvo que la administración Cosse protagonizó un "hecho de corrupción" actuando bajo "secretismo" y recordó que en 2013 había realizado un pedido de informes para conocer el trasfondo de la constitucionalidad del proyecto sin obtener respuesta.

"La ingeniera Cosse decía: 'Tenemos un sólido respaldo jurídico porque la Udelar y la Facultad de Derecho nos han dicho que corresponde que Antel haga ese tipo de inversiones'. Y ahora nos venimos a dar cuenta que nos engañaron otra vez, que no era verdad, que era un informe del Dr. Pérez Pérez, a quien todos conocemos como asesor del Frente Amplio durante mucho tiempo. Ahora, resulta que nos engañaron, que no era la Udelar, que no era la famosa Facultad de Derecho con todo su prestigio, que no era el instituto, sino que era una opinión personal hecha en hoja membretada del instituto de un abogado amigo del poder", matizó.

Leé también

Antel amplía denuncia penal y suma informe jurídico señalado como engañoso

"Nos lo vendieron como un informe de la Udelar. Cuando yo hice el pedido de informes no me lo contestaron; otra perla del secretismo, del ocultamiento, que no era para proteger a Antel, sino para los que desviaron los recursos. En mi barrio esas cosas se llaman corrupción", insistió.

El frenteamplista Charles Carrera respondió a las acusaciones del senador blanco y destacó parte de la trayectoria académica del catedrático: "Si algo le faltaba al circo de Gandini era insultar la memoria del Dr. Alberto Pérez Pérez, exdecano de la Facultad de Derecho, G 5 de Derecho Constitucional y DD.HH, exdirector de ambos Institutos y exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

"Un hombre que ya no puede defenderse de los agravios que con tanta liviandad propina muy suelto de lengua el senador Gandini. Pero, esto se responde solo; basta analizar quién es Gandini y quién fue el Dr. Alberto Pérez Pérez, para que cada uno saque sus propias conclusiones", agregó.

En el informe que remitió el abogado Pérez Pérez –fallecido– bajo el membrete del organismo que dirigía dejaba explícito que estaba cumpliendo con un pedido del instituto y notificaba a la entonces decana Dora Bagdassarián con un saludo de despedida. "Confiando haber cumplido cabalmente el encargo recibido por este Instituto, saludo a la señora decana con mi más elevada consideración", rezaba el texto.

Sin embargo, un oficio de la Presidencia de Antel a la Facultad de Derecho determinó que el asunto nunca se trató formalmente en el instituto y que Pérez Pérez asumió personalmente la opinión sobre el particular, privando a la discusión de los aportes de los otros integrantes. El pasado 3 de noviembre, el Consejo de la Facultad de Derecho informó a la decana Cristina Mangarelli que la consulta remitida por el exdirector Pérez Pérez no había contado con la participación de los otros docentes que desempeñaban tareas en la sala. Además, advirtió que el escrito no contaba con la firma de la otra figura de referencia y entonces secretario del instituto, el profesor Felipe Luzardo.

"Corresponde agregar que de conformidad con el art. 3º del Reglamento de Institutos de la Facultad de Derecho, Udelar, es un cometido del Instituto asesorar a las autoridades de la facultad en todo lo que le fuere solicitado y evacuar con previa autorización del Consejo o del Decano, las consultas que les dirijan las autoridades que integren otros órganos públicos e instituciones privadas con finalidades de alto interés social", afirma el documento al que accedió El Observador, que aparece firmado por los profesores Rocca y Correa,  secretaria y director del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho.

"El instituto dijo que no hay actas que señalen que el informe pasó a ser considerado por la sala de aquella época. Además, respondió que tres integrantes que integraban esa sala en 2013 –y la integran ahora– no recuerdan que eso (por el informe) haya pasado por la sala (una reunión donde se discute si aprobarlo o desaprobarlo)", aseguró Mangarelli a El Observador.