Aplicación de tobilleras a violentos se multiplicó por cinco en cuatro años

Eran las 16 horas y en el juzgado de familia especializado, donde se atienden los casos de violencia doméstica, los ocho magistrados responsables de esas sedes estaban ocupados en audiencias.

En uno de los pasillos, una madre amamantaba a su bebe, mientras un niño de pies descalzos correteaba bajo el cuidado de una policía, y un hombre de unos 30 años le explicaba a su abogado que estaba allí porque su pareja lo había denunciado en un acto de despecho.

En ese momento, una mujer sacó del bolsillo de su campera un aparato negro, similar a un celular. Extrajo una antena, apretó un botón y se llevó el dispositivo al oído.

Enseguida una voz respondió el llamado. La mujer preguntó si existía algún peligro en que recorriera las siete cuadras que separan el juzgado de familia especializado (Rondeau y Valparaíso) de 18 de Julio, a donde pretendía llegar para tomarse el ómnibus.

La respuesta la tranquilizó, y enseguida volvió a guardar el dispositivo y salió del edificio.

Ese intercomunicador es el que reciben las víctimas de violencia doméstica en los casos en los que se dispone el uso de tobillera electrónica para el agresor. La voz del otro lado de la línea monitorea -desde el Ministerio del Interior- al agresor y se asegura de que no haya riesgo de que la víctima se cruce con él.

A través de este dispositivo también se alerta si el agresor se acerca más allá de lo que el juez de familia especializado dispuso, lo que paralelamente inicia un protocolo de seguridad para proteger a la víctima.

Como en este caso, actualmente el Ministerio del Interior sigue los movimientos de 750 personas, entre víctimas y victimarios.Los agresores están obligados a llevar la tobillera por entre 90 y 180 días si no quieren ser arrestados por desacato. La otra parte del dispositivo la lleva la víctima para ser monitoreada. Según la responsable de políticas de género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, se trata de un "número enorme" de tobilleras, que no ha parado de crecer.

Se espera que ese número vuelva a crecer en 2018, ya que a mediados de diciembre de este año el sistema de tobilleras tendrá cobertura nacional, al incorporarse los departamentos de Artigas, Rivera, Lavalleja, Rocha, Soriano y Río Negro, en los cuales los jueces todavía no pueden disponer de esta herramienta para proteger a las victimas. Actualmente el Ministerio del Interior cuenta con 350 tobilleras disponibles para utilizar, y llegará a 400 cuando termine el año.

Pero, en ocasiones, la demanda es mayor a la oferta de dispositivos y, cuando estos faltan, se debe disponer una guardia policial de dos efectivos en tres turnos. Según contó Zabaleta, eso llevó a que llegara a haber 120 policías en Montevideo dedicados específicamente al cuidado de 20 víctimas de violencia doméstica.

Las más de 500 tobilleras dispuestas por la Justicia uruguaya en 2017 están muy por encima de las 141 que, por ejemplo, la Justicia de Madrid ordenó colocar en 2016, pese a que se trata de una ciudad con una cantidad de habitantes comparable a la de todo Uruguay (3,16 millones). Zabaleta dijo que no se ha estudiado por qué se da esa diferencia, aunque elementos como la pobreza de las víctimas y la gran dificultad de estas para mudarse con el objetivo de alejarse de sus agresores explican, en parte, esa diferencia.

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Su competencia es la de disponer medidas urgentes para la protección de las víctimas inmediatamente después de que se presenta una denuncia, como el retiro del agresor del hogar en el que convive con ella, disponer prohibición de comunicación y acercamiento, colocar tobilleras, entre otras. Su materia no es penal, por lo que no juzga delitos sino que toma medidas de urgencia para intentar poner a salvo a la víctima y luego deriva el caso a un juzgado penal para que sea el colega el que sancione al agresor.

Según datos aportados por el Ministerio del Interior, en el 50% de las 31.854 denuncias de violencia doméstica presentadas entre enero y octubre de 2017, un juez dispuso medidas cautelares para proteger a las víctimas.

Elhorriburu dijo que en un turno (que son semanales) recibe unas 100 llamadas por día correspondientes a denuncias, y por teléfono ya define medidas de protección urgente, que se mantienen hasta tanto se realice la audiencia, lo que puede demorar entre 24 y 48 horas, dependiendo de la gravedad del asunto denunciado.

Antes de que se produzca la audiencia, un equipo técnico de psicólogos del Poder Judicial escucha a los agresores, al denunciante, e incluso a los menores que podrían haber presenciado las agresiones. Sus informes son el insumo con el que cuentan los jueces para definir si las medidas cautelares se deben extender en el tiempo e incluso si es necesario agregar nuevas.

Para el psicólogo Gastón Trucelli, quien integra desde hace diez años este equipo, la cantidad de trabajo se ha vuelto "inabordable" por lo que "dar una respuesta adecuada a veces es difícil".

Si bien los jueces pueden disponer el uso de tobilleras incluso antes de llegar a la audiencia, luego suelen consultar a los técnicos del Poder Judicial sobre la pertinencia de continuar su uso.

Sin embargo, el psicólogo Trucelli contó que para dar su visión técnica apenas pueden realizar una única entrevista con las víctimas y sus presuntos agresores. Además, la información previa con la que cuentan se reduce a un parte policial, lo que hace que sus conclusiones sean "muy falibles".

El especialista dijo que hay casos en los que se "sobredimensionan" situaciones de violencia como parte de una pugna por el lugar en el que vive la pareja, pero que igual se termina recomendando medidas de alejamiento para "prevenir". "Aún admitiendo que puedo generarle un perjuicio a una persona que es un hombre, yo tiendo a prevenir antes que a curar", explicó. "Si un fallo de un juez de violencia doméstica es inadecuado y luego eso tiene una derivación trágica se incendia la República y el Poder Judicial", concluyó.

Para la directora de la unidad de género de la Fiscalía General de la Nación, Patricia Lanzani, a la "víctima hay que dignificarla y hay que creerle". "Cuando una mujer va a hacer una denuncia es un paso muy importante en su vida, está denunciando al hombre que quizás todavía quiere, y sabe las consecuencias de esa denuncia", explicó. Lanzani valoró el papel de las tobilleras para la protección de las víctimas.

"Es una herramienta que permitió que en los casos en los que se dispuso no hubo más hechos de violencia". dijo. Lanzani recuerda un caso en el que una mujer se presentó ante la Policía con un brazo quebrado luego de que su marido la golpeó por haberse sentado en su sillón.

Según contó, un operador judicial le preguntó a la mujer por qué había hecho eso si sabía que el marido se enojaba. Lo mismo en un caso en el que el hombre argumentó que la golpeó porque la comida estaba fría o porque cuando llegó a la casa luego del trabajo se la encontró a ella conversando con una amiga.

Lanzani dijo que la formación de policías, fiscales y funcionarios judiciales, permitió disminuir este tipo de casos, pero que todavía persisten porque se trata de algo "cultural".