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Rascando el fondo de la olla: Argentina tiene reservas para medio mes de importaciones y apuesta al campo para evitar un colapso
Contabilizar el deterioro continuo de las reservas del Banco Central se ha transformado, a esta altura, en una de las prácticas cotidianas de los argentinos. Con el pago de la última cuota del año al Fondo Monetario Internacional (FMI), por US$ 1.900 millones, las reservas brutas cayeron por primera vez en el año debajo de los US$ 40.000 millones, y las reservas netas —es decir, descontados los encajes, los créditos, swaps y tenencias de oro— están en apenas US$ 2.250 millones.
Esa cifra da la pauta del momento de la economía argentina: la cantidad de dólares no alcanza a pagar medio mes de importaciones. Es por eso que se instaló la convicción de que ya no hay margen para demorar la firma de un acuerdo: el cronograma tiene por delante el pago de US$ 1.000 millones durante el verano y luego US$ 2.900 millones en marzo.
Con ese panorama por delante, es llamativo que el gobierno haya evitado una turbulencia mayor que lo llevara a una devaluación. Los expertos afirman que la relativa calma se debe a la gran ayuda que brindará el campo, que está viviendo un momento excepcional, con una cosecha récord de 22 millones de toneladas de trigo, justo en un pico de precios a nivel global.
Eso genera la expectativa de que en el verano ingresen divisas por liquidación de exportaciones agrícolas por unos US$ 9.000 millones, una cifra absolutamente excepcional en una estación caracterizada por la escasez de dólares —no por casualidad, las grandes devaluaciones argentinas se han dado históricamente en el verano—.
Esta situación, que refuerza la creencia popular de que Argentina se salva con una buena cosecha, no deja, sin embargo, de ser un remedio de corto plazo. El ministro de Economía, Martín Guzmán, sabe que si no firma el acuerdo a la brevedad, se enfrentará a la posibilidad cierta de caer en default con el FMI, una situación que nunca ocurrió y con la cual ciertos sectores del kirchnerismo empezaron a coquetear.
Lo cierto es que Guzmán intentó durante todo el año cerrar el acuerdo para refinanciar la deuda de US$ 44.000 millones que tomó el anterior gobierno de Mauricio Macri.
Lo intentó, sobre todo, en el primer semestre, cuando logró un fuerte recorte en el déficit fiscal —un déficit de apenas medio punto del PIB en el primer semestre— y tenía buenos argumentos para negociar con los duros funcionarios del organismo. Pero quedó condicionado por el calendario político: la firma con el FMI no se condecía con una campaña electoral en la que, casi por definición, se debía realizar una expansión del gasto público y la emisión monetaria.
Las condiciones de Cristina Kirchner
Ahora, no solamente se agravó la situación macroeconómica, con déficit fiscal de 3,5% y una inflación a velocidad crucero de 3% mensual, sino que fue necesario implementar varias vueltas de tuerca al “cepo” cambiario para reprimir la salida de divisas, incluyendo la antipática medida de prohibir la financiación con tarjeta de crédito a los turistas que van al exterior.
De hecho, los dólares que usó Guzmán para pagar las dos últimas cuotas fueron tomados de la ayuda de emergencia que el propio FMI les otorgó a los países afectados por la pandemia. En el caso argentino, le correspondió una cuota de US$ 4.300 millones, con los que al principio se había pensado en una inyección de fondos para reactivar la obra pública.
Negociar a contrarreloj no es una posición cómoda para el gobierno, que ya ha avisado en actos políticos que no firmará cualquier acuerdo. Más concretamente, quien ha puesto las condiciones ha sido Cristina Kirchner, que avisó que un acuerdo no podrá poner en riesgo la continuidad del crecimiento, que no puede implicar un recorte en el monto destinado a obra pública, que no haya cambios en la legislación laboral y que la disminución del déficit fiscal debe ser gradual.
Cristina sabe que sus palabras son escuchadas y analizadas con atención en el organismo: los propios voceros del FMI dijeron que una condición para la concreción del acuerdo era que tuviera el más amplio consenso político y social.
Con la experiencia de haber vivido situaciones de revuelta en las calles, el organismo no quiere repetir errores del pasado, y por eso pide que no haya oposición interna, pero lo que todo el mundo interpretó es que lo que verdaderamente preocupa a los funcionarios del Fondo no es tanto lo que opinen los empresarios ni la oposición que sigue a Macri, sino la postura de Cristina Kirchner, la única dirigente política con capacidad real de sabotear un acuerdo y desestabilizar al gobierno.
Y Cristina, además de las condiciones económicas que eran previsibles, puso dos condiciones más inusuales. Una, que el propio Fondo hiciera una autocrítica por haber incumplido su propio estatuto al haberle prestado a Macri una suma mayor a la que correspondía a la cuota argentina, y además permitido que esos recursos se utilizaran para defender la cotización del dólar, lo cual posibilitó una fuga de capitales.
Pero, además, pidió que el FMI debía ayudar a Argentina a resolver el problema de su “economía bimonetaria”, al traer de vuelta la gran masa de dólares no declarados que los ahorristas tienen fuera de fronteras —se estima unos US$ 350.000 millones en total—. De ese total, unos US$ 200.000 millones se mantienen en forma líquida en cajas de seguridad o escondites hogareños, lo cual transforma a Argentina en el país con mayor cantidad de billetes físicos de dólares, después de Estados Unidos.
Es la paradoja con la que han tratado de luchar, sin éxito, todos los gobiernos: cómo hacer que esa masa de dólares se vuelque al sistema financiero y solucione el viejo problema de la “restricción externa”. Cristina apela a una solución original: quiere que el FMI ayude a esa formalización por la vía de un patrullaje de fondos en paraísos fiscales.
Un “guiño” al cepo cambiario
De momento, el Fondo no ha dado respuesta oficial a ese pedido de Cristina. Pero sí cumplió con la primera parte de la solicitud: acaba de publicar un informe crítico sobre el préstamo “stand by” aprobado para el gobierno de Macri. Reconoce que hubo errores de diagnóstico, que se falló en el propósito de estabilizar financieramente al país, que no se pudo dominar la inflación y que empeoró la situación social.
Pero acaso la parte que mayor satisfacción generó en el gobierno fue la alusión a que un error del programa fue no haber implementado un control de capitales. Esto fue interpretado como una aprobación tácita al odiado “cepo” cambiario y una admisión de que buena parte del préstamo del Fondo terminó financiando las vacaciones de la clase media argentina en Miami y los pasajes para ver a Messi en el mundial de Rusia.
De manera que hay cierta expectativa fundada en que, de todas las exigencias que el FMI le pida al gobierno, no figurará un desarme inmediato del cepo, dado que ello implicaría una mega devaluación instantánea, con su correlato de aceleración inflacionaria.
El objetivo de Guzmán es que se acepte un esquema de pago a 10 años, en el cual los primeros cuatro no se pague capital, y que además se acepte una sustancial rebaja de la tasa de interés, un tema que debe ser aprobado por el directorio del organismo. En otras palabras, que deberá tener el visto bueno del gobierno estadounidense.
La otra gran apuesta del ministro es que, una vez firmado el acuerdo, la directora Kristalina Georgieva le devuelva los US$ 4.300 millones —en forma de Derechos Especiales de Giro— que usó para pagar las últimas cuotas y que, de esa forma, pueda reforzar las reservas del Banco Central.
De lo que Argentina no se salvará es de la exigencia por un mayor ajuste fiscal. El 3,3% previsto en el presupuesto que rechazó el Congreso es visto como un número demasiado elevado. Y, de hecho, muchos creen que las cuestionadas proyecciones macroeconómicas del ministro -por ejemplo, una inflación del 33%- han sido subestimadas a propósito, con el objetivo de lograr una “licuación” del gasto público por la vía inflacionaria.
En todo caso, a Guzmán le espera un verano agitado. Por un lado, debe convencer a sus socios del kirchnerismo que no hará ninguna concesión que ponga en riesgo el proyecto político, mientras que al mismo tiempo debe persuadir a los funcionarios del FMI que, esta vez, va a prevalecer la disciplina fiscal sin que se produzcan desórdenes sociales. Y le queda poco tiempo.
