20 de agosto de 2020 14:45 hs

Por Michael Stott

Colombia ha sido una rara historia de buenas noticias en un continente atribulado. A pesar de una larga historia de violencia política y una más reciente de brutalidad financiada por la cocaína, el país ha encontrado un camino hacia la prosperidad contra todos los pronósticos.

Una decisión de la Corte Suprema de este mes de ordenar el arresto domiciliario de la figura política más poderosa del país amenaza con cambiar todo eso.

Esto no se debe a que la corte haya actuado indebidamente: las acusaciones de obstrucción a la justicia contra Álvaro Uribe –quien lideró el país entre 2002 y 2010 y fue una figura fundamental en asegurar la elección del actual presidente Iván Duque en 2018– se basan en una amplia evidencia, dicen personas familiarizadas con el caso.

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El problema es que al enfocarse en Uribe, quien se convirtió en un héroe cercano a la santidad para muchos colombianos después de librar una guerra exitosa contra las guerrillas marxistas de las FARC que habían aterrorizado a su país durante décadas, la corte le ha echado sal a las heridas abiertas de los conflictos recientes de Colombia.

Miles de partidarios de Uribe salieron a las calles tocando bocinas en apoyo de su ídolo después de su arresto domiciliario el 4 de agosto. Pero sus oponentes también se regocijaron. Finalmente, dijeron, un hombre sobre el que se ha cernido la sombra de la violencia paramilitar va a enfrentarse a la justicia, aunque sea por un cargo menor.

Uribe siempre ha negado enfáticamente las acusaciones de vínculos con los paramilitares, que lo han perseguido desde mediados de la década de 1990.

José Miguel Vivanco, jefe de la división de las Américas de Human Rights Watch (Observatorio de Derechos Humanos), recuerda haber confrontado a Uribe, entonces gobernador provincial, con evidencia de que docenas de miembros de su tan cacareada grupo de vigilancia vecinal eran probablemente criminales y paramilitares.

“Se enojó y me insultó”, dijo Vivanco. “Entonces su esposa lo calmó y él hizo una gran muestra de preocupación, ordenando a su jefe de gabinete que investigara las acusaciones. Pero no creo que haya pasado nada ”.

Lo peor estaba por venir. Durante la presidencia de Uribe, el éxito del ejército en contraatacar a la guerrilla tuvo un alto precio: miles de personas inocentes fueron asesinadas y algunas fueron contabilizadas como bajas de la guerrilla para mejorar las cifras de desempeño del ejército, según grupos de derechos humanos.

Los uribistas, como se conoce a los partidarios del expresidente, ven el pasado y el presente de manera diferente. Su héroe es víctima de las difamaciones mediáticas y de un sórdido esfuerzo de los ex guerrilleros y un sistema legal de izquierda para destruirlo políticamente y asegurar el triunfo del marxismo.

La amarga controversia sobre Uribe importa no sólo por su influencia política. El acuerdo de paz de 2016 que puso fin al conflicto de cuatro décadas entre el Estado y las FARC pende de un hilo. La campaña para las elecciones presidenciales de 2022 apenas comienza.

Uribe fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010

En lugar de no involucrarse en la disputa, el actual presidente Iván Duque no ha ocultado sus simpatías. “Siempre seré un creyente en la inocencia y el honor de alguien que se ha ganado un lugar en la historia de Colombia”, dijo sobre Uribe.

“Esto dividirá aún más al país”, dijo María Jimena Duzan, columnista de la revista Semana. Pronosticó que el líder de extrema izquierda Gustavo Petro estaría entre los principales beneficiarios, a medida que el país se radicalice debido al destino de Uribe.

La tormenta ha surgido en el peor momento posible. La economía de Colombia se está contrayendo drásticamente a medida que covid-19 causa estragos. La pandemia ha puesto al descubierto las debilidades del sistema de salud, las limitaciones del estado de bienestar y la magnitud de la desigualdad.

En lugar de abordar esos desafíos, el país ahora está consumido por una feroz polémica sobre Uribe.

Antes de que surgiera el virus, Colombia era la principal economía de más rápido crecimiento en América Latina. Este año, su tasa de homicidios, una vez entre las más altas del mundo, debe alcanzar el nivel más bajo desde la década de 1970.

Ese progreso ahora está en riesgo. “Esto va a retrasar a Colombia durante bastante tiempo”, dijo Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, una consultora. “Convierte el progreso de todo el país en un apéndice de la saga de Uribe”.

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