Artículo sobre 13 jornales puede comprometer ciertas operaciones

El artículo 116 de la Rendición de Cuentas, que obliga a las empresas portuarias a pagar un mínimo de 13 jornales a todos los trabajadores del sector que sean convocados para al menos un día de trabajo, continúa generando preocupación en el ambiente marítimo-portuario, ya que se entiende que, tal como está redactado, atenta contra la actividad y tiene un efecto negativo sobre el empleo.

Según distintos operadores portuarios consultados por El Observador, el artículo en cuestión genera más dificultades que beneficios para los trabajadores.

En la actividad de graneles, por ejemplo, los especialistas explicaron que una empresa puede pasar cuatro o cinco meses sin tener un barco para operar o bien recibir un buque chico para movilizar pocas toneladas. Esto requeriría de mano de obra por pocos días y, el hecho de tener que pagar por 13 jornales a cada uno de los obreros contratados, elevaría los costos al punto de hacer inviable la operación. De esta manera, no solo se perderán negocios, sino que los trabajadores perderán fuentes de empleo.

Como ejemplo, se manejó el de un buque arrocero, que precisaría 600 operarios durante cuatro días, ya que son tres turnos de 200 personas. En este supuesto, con la nueva normativa, la empresa debería pagar los 13 jornales a cada uno de esos 600 trabajadores.

Incluso, una situación aún más desfavorable para los costos de operación sería si el buque arriba el último o penúltimo día del mes, se trabajaría cuatro días en dos meses distintos (del 30 de un mes al 3 de otro, por ejemplo) y eso implicaría que los 13 jornales deben ser garantizados cada mes; es decir, 26 jornales para cada uno de los 600 obreros que se emplearon durante cuatro días.

Basámdose en ese escenario, algunos representantes del sector privado aseguraron que no se va a poder cumplir con la productividad que hoy se tiene y que esto terminaría en pérdida de competitividad por los costos. Asimismo, sostuvieron que la situación redundaría en que las navieras terminen eligiendo otros puertos para operar y en Uruguay baje la actividad y la necesidad de mano de obra.

En tanto, los empresarios relacionados con los depósitos portuarios y extraportuarios visualizan la inclusión del artículo como un "golpe de gracia" a la actividad tal como está concebida hoy.

"Los costos siempre se ajustaron al alza. En el último consejo de salarios se hizo un esfuerzo brutal para contemplar los pedidos de los trabajadores y ellos han optimizado su posición. Incluso hemos laudado el tema de los 13 jornales y se llegó a un acuerdo conveniente para las dos partes; pero ahora nos encontramos con esto, que sentimos como una deslealtad. Pagamos por algo que hoy perdemos: nos empujaron en el Consejo de Salarios, dimos partidas de alimentación y ajustes de salarios a nuestro límite. Laudamos el tema de los 13 jornales y ahora resulta que se pone arriba de la mesa nuevamente por imposición legal", expresó una fuente del sector.

En esa línea, otro actor importante sostuvo que el impacto será negativo en la capacidad de recibir carga por parte de los depósitos y que la actividad irá disminuyendo.

Otra crítica hacia el artículo es su redacción, ya que deja abiertos muchos flancos.

"Parece una inocentada, pero si uno lee bien se da cuenta que las consecuencias pueden ser peores", expresó un empresario.

"El artículo quiere incluir servicios que no son inherentes a la mercadería. Si alguien trabaja, por ejemplo, en el sistema de informática de la empresa, y este está tercerizado, la empresa contratante tendría que preocuparse por cómo su contratada tiene a sus empleados. Esto queda alcanzado por el artículo, aunque no se trate de empleados de la empresa portuaria", agregó.

El artículo fue propuesto por el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) e incluido por el Poder Ejecutivo a último momento en la Rendición de Cuentas enviada al Parlamento, donde ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y debe ser ratificada en el Senado.

El Frente Amplio pidió a su bancada que no introduzca modificaciones, ya que pondría en tela de juicio la aprobación en la cámara de Diputados, alcanzada gracias a las alianzas políticas del partido de gobierno con Unidad Popular y el apoyo del diputado colorado, Fernando Amado.

El antecedente de este artículo está en el decreto 248/15 del Poder Ejecutivo, que fue utilizado para terminar con un conflicto gremial en terminal Cuenca del Plata, a pesar de que esta empresa ya tenía un promedio de 16 jornales promedio acordado con sus trabajadores.

La normativa se extendió en su momento a todos los operadores de contenedores y ahora intenta alcanzar a toda la actividad portuaria.

La inclusión de esta normaes vista por el Supra como un triunfo pero, sin embargo, la preocupación ya no está instalada solo en el sector privado, sino en los distintos gremios de trabajadores de las empresas privadas, que dijeron estar temiendo por sus fuentes de trabajo si sus empleadoras quedan fuera del mercado.