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El preocupante diagnóstico que hizo sobre Uruguay un experto en lavado de activos y corrupción: "Se quedaron"
Por Maximiliano Montautti y Santiago Soravilla
Cuando Alejandro Montesdeoca llegó para realizar la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos contratado por la Secretaría homónima que funciona en Presidencia, Sebastián Marset no era un nombre conocido para los uruguayos.
Él tampoco lo conocía, pero sí advertía que los fenómenos vinculados al narcotráfico y el lavado de activos se estaban expandiendo en la región, y que Uruguay no estaba resultando ajeno. Por eso, palabras más, palabras menos, comenzó a decirle a todos sus interlocutores -autoridades y funcionarios públicos y privados- que era cuestión de tiempo para que alguna bomba estallara.
Varios meses después, y con la primera parte de sus tareas culminadas, Montesdeoca dice a El Observador que el país no valora "adecuadamente" el riesgo del lavado de activos.
Que no investiga como debería, y que la percepción interna está muy por debajo de lo que ocurre. "Uruguay tiene un pensamiento un poco envejecido", lamenta y plantea que el país "se quedó" en el combate a estos delitos.
"No se le da la debida importancia al tema de corrupción, y por lo tanto a los organismos encargados de prevenir y combatir. La percepción del riesgo de que en el país existan hechos de corrupción es bastante baja. Ha sido difícil poner sobre la mesa el riesgo de la corrupción local como un problema en sí mismo", dice.
A continuación un resumen de la entrevista.
¿Cuál es el principal problema de Uruguay en cuanto al combate al lavado de activos?
Claramente la falta de presupuesto, es un denominador común a todos los sectores, tanto el público como el privado pero sobre todo en el público. No hay recursos, no hay estructura y no hay la suficiente capacitación. Una de las cosas buenas de este diagnóstico es que se hizo con todos los actores. Todos reconocen, y lo dicen, que es necesario incrementar los presupuestos, que tienen carencias para cumplir su trabajo.
¿Pero por qué, si reconocen el problema, no logran tener más presupuesto?
Hay varios factores. Desde el punto de vista de la evolución del sistema, Uruguay apostó por la adecuación normativa y siempre trató de estar a tono con los estándares internacionales. Eso implicó tiempo y esfuerzo. Se está a la vanguardia en la región desde el punto de vista normativo, pero desde el punto de vista de la asignación de recursos, me da la impresión que no se ha valorado adecuadamente el riesgo que presenta este tipo de actividades delictivas al país. Hay una idea de peculiaridad del país, que según gran parte de los actores, les hace sentir que el Uruguay no está expuesto a la criminalidad organizada.
¿Eso a qué se debe? Todos los reportes de crimen organizado nos ubican como parte de la cadena.
Creo que hay dos cosas claras. Desde el punto de vista geográfico, es bien claro que Uruguay está en la hidrovía Paraguay-Paraná. Es claro que hay problemática de narcotráfico y otros delitos que producen activos que pueden canalizarse en el sistema económico. Uruguay es el puerto de salida de la hidrovía junto con Buenos Aires y otros puertos intermedios.
Lo que creo que no es tan claro, pero debería establecerse, es que Uruguay forma parte de la triple frontera. No es lo que uno tradicionalmente entiende como tal, pero el país está ahí. No se toma conciencia de eso. Los uruguayos piensan que Uruguay en vez de tener frontera con Argentina y Brasil, y estar muy cerca de Paraguay y Bolivia, tenemos frontera con Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo. Existe esa equivocación fruto del perfil diferencial del país desde el punto de vista institucional, seguridad jurídica, etcétera. Pero esos valores positivos no constituyen una barrera de contención frente a manifestaciones delictivas cada vez más poderosas y fuertes, que están creciendo en el mundo y particularmente en la región.
Uruguay tiene un pensamiento un poco envejecido. Tengo la sensación de que los actores públicos y privados tienen la sensación de que estamos en el siglo XX en estos temas y no, estamos en el siglo XXI. No creemos que acá puedan pasar esas cosas, pero pasan, y Uruguay no tiene las herramientas necesarias para afrontar este fenómeno con las características y las dimensiones que tiene en estos tiempos.
¿Cómo es posible que la UIAF del BCU no acceda a datos de la DGI?
Es muy llamativo. Es bastante común que existan dificultades para esas unidades de acceder a información que tienen las autoridades tributarias. Todos los países lo han sufrido, pero progresivamente lo han ido superando. En la región, las autoridades tributarias han progresivamente asumido un rol en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La mayoría de los países de Gafilat, dentro de sus autoridades tributarias tienen especializados en prevención, en algunos hasta son sujetos obligados. Acá planteamos el tema pero la propia DGI no se siente partícipe del sistema. Estamos en una situación que la mayoría de los países de la región han superado hace tiempo
¿Qué pasa que acá no se persiguen delitos de lavado de activos? No hay incautaciones ni investigaciones propias de lavado. Siempre son cuestiones conexas.
No se está persiguiendo. Es muy notoria la inconsistencia entre las investigaciones y las sentencias de condena por delitos precedentes más relevantes, también incautaciones y decomisos. Hay inexistencia, o muy pocas investigaciones, de casos de lavado de activos vinculado a esos delitos precedentes. Eso a todas luces demuestra que no está funcionando bien.
¿Falta también una actitud proactiva, más allá de la falta de recursos?
Me da la impresión que el país no le da la debida importancia al tema de corrupción, y por lo tanto no le da la debida importancia a los organismos encargados de prevenir y combatir. Hay sentencias por corrupción, pero no hay casos de lavado de activos por corrupción. En las entrevistas puede ver que la percepción del riesgo de que en el país existan hechos de corrupción es bastante baja. Más que nada se hace alusión a la exposición al riesgo de que activos provenientes de actos de corrupción de otros países puedan introducirse en el país, pero ha sido difícil poner sobre la mesa el riesgo de la corrupción local como un problema en sí mismo
Cuando decís difícil. ¿Por qué lo ha sido?
Porque no se percibe que sea un problema en el país. La corrupción viene de otros países, y el eventual dinero que producen los actos de corrupción en otros países puede sí ser traído al país. Existe la percepción y el criterio experto de los participantes de que efectivamente estarían introduciéndose activos de actos de corrupción de otros países, pero no ocurre lo mismo con los actos de corrupción en el país. Podrá haber episodios aislados pero por montos mínimos y funcionarios que no forman parte de la estructura central del Estado.
¿Significa que los grandes jugadores están afuera?
Esa es la percepción.
¿Cuánto puede cambiar esta situación con la fiscalía especializada en lavado de activos creada recientemente?
El principal problema es que no hay investigaciones financieras paralelas, esto es que ante casos de delitos precedentes como puede ser narcotráfico, contrabando, tráfico de personas o corrupción, no se sigue la ruta del dinero. Lo que se encuentra se incauta, decomisa, pero no se siguen investigaciones por lavado de activos.
Es de esperar que con esta fiscalía comiencen a realizarse investigaciones paralelas, pero también se necesitan recursos, porque es una sola fiscalía. El personal que se asigne debería ser acorde con las amenazas que se han identificado.
¿Cuánto incide la flexibilización de utilizar efectivo para transacciones?
El uso de efectivo está detectado como un problema, porque se pierde la trazabilidad. Eso lo reconoce el FMI, el Banco Mundial, el BID y el GAFI. El tema es que ante transacciones en efectivo se considere el riesgo que ello presenta. No se ha interpretado adecuadamente (la modificación) por parte de los sectores no financieros que tienen la calidad de sujeto obligado. Ante transacciones en efectivo, esos sujetos tiene que considerarlas de alto riesgo y hacer un reporte de operación sospechosa, pero eso no está pasando.
¿El caso de Sebastián Marset es paradigmático para Uruguay?
Cierto. Fue muy interesante el momento en que explotó el caso. Ya habíamos empezado a hacer la evaluación, y en las primeras reuniones con autoridades y sectores que participaron, dije que estamos en una situación de mucha exposición a la delincuencia organizada transnacional y regional, y no somos conscientes de eso. En cualquier momento nos puede estallar una bomba, y el objetivo de esta evaluación es comenzar a trazar un camino que apunte a tener en cuenta esos riesgos. Dije que no solo había empeorado muchísimo la situación, sino que se ha extendido y acercado. Después que dije eso, saltó el caso Marset.
¿La muestra del problema es que no está siendo investigado por lavado de activos? ¿Cómo es posible?
Según tengo entendido es porque no habría causas por un delito precedente en Uruguay. Eso no quiere decir que no haya lavado activos, pero no existe ese concepto. Puede haber lavado de dinero autónomo, eso es algo que no se ha explorado acá.
Uruguay se quedó. Más allá de lo normativo, se quedó en la parte operativa. Uno ve en la región claros avances, hay fortalecimiento de la toma de conciencia, mejores ROS (reportes de operaciones sospechosas), más unidades de inteligencia financiera, investigaciones paralelas, pero acá no se ve. Uruguay no despegó.
¿Cuánta amenaza ves en el fútbol?
No la puedo cuantificar porque no hay información. Hay una inconsistencia seria vinculada con las ONG. En 2017 se las incorporaron a todas como sujetos obligados lo cual no tiene ningún sentido, no es eficiente ni lo que se recomienda. Es imposible de controlar. Las SAD no entraron, porque no son ONG. ¿Manejan menos dinero que los clubes de fútbol o tienen menos riesgo? No tiene sentido que no sean sujetos obligados. El GAFI tiene trabajos sobre la utilización del deporte, el fútbol, para lavado. Es un sector de riesgo.
El otro tema son los partidos políticos. ¿Es necesario aprobar la ley de financiamiento?
Es importante aprobarla. Se debe entender que es un tema que se debe empezar a tratar lo antes posible. Los partidos políticos per se no son sujeto obligado. Solo si superan el umbral. No tiene ningún sentido. Se debería hacer ese cambio normativo.
¿Está bien que tengan que hacer declaraciones juradas o debe haber algo más?
Depende de cada caso, lo estándar son las declaraciones juradas.
¿También hay que aprobar el delito de corrupción privada?
Si, cumplir con la convención de Mérida. Es un debe. Ya estaba en la estrategia nacional anterior pero no se avanzó.
¿Cuándo estará pronta la nueva estrategia?
Se prevé que esté aprobada a principios del año que viene.
