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La advertencia de la Secretaría Antilavado sobre el cartel liderado por narcos uruguayos y rol del Puerto de Montevideo
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) advierte en un documento que “existe información” sobre la “posible presencia” en Uruguay de un cartel liderado por “narcotraficantes de nacionalidad uruguaya” que estaría operando con las organizaciones de la región, aunque destaca que no fue confirmado por "fuentes oficiales".
Este trabajo, que es la actualización de uno de 2017, concluye que la situación respecto al tráfico de drogas se ha agravado respecto al informe anterior por varios motivos, entre los que señala la posible existencia de un cartel uruguayo.
Además, destaca que se “ha fortalecido” el accionar de organizaciones delictivas a nivel regional. “Se destacan a los grupos de origen brasileño y argentino (principalmente de la zona de Rosario) que utilizan la hidrovía Paraguay-Paraná para canalizar en Sudamérica hacia Europa”, dice el informe.
En ese marco, dice el informe, se ha constatado la utilización del Puerto de Montevideo para envíos de cocaína y asegura que “la implementación de mayores controles en la Triple Frontera” provocó que la operativos de algunas organizaciones criminales se haya desplazado hacia el sur y “evidenciándose” su presencia en las zonas de frontera entre Uruguay y Brasil.
“El Uruguay ya no es solo un país de tránsito de drogas, sino que se ha podido constatar, por un lado, la producción nacional de drogas sintéticas y, por el otro, un aumento en el consumo de drogas a nivel local, tales como la cocaína y metanfetaminas”, agrega el trabajo realizado por el consultor internacional Alejandro Montesdeoca apoyado por la Senaclaft.
De todos modos, señala que los circuitos de acopio y exportación de drogas se encuentran diferenciados de los dedicados a la distribución para el consumo interno y están en manos de grupos pequeños, de naturaleza familiar y/o barrial. Sin embargo, dice el trabajo, “existe un vínculo entre los grupos locales que se dedican al mercado interno con los grupos regionales que movilizan la droga en tránsito”.
“Por ello, y debido a los factores expuestos precedentemente, existe un riesgo creciente de que se produzcan cambios cualitativos y cuantitativos que potencien la problemática del narcotráfico en el país”, concluye el capítulo sobre la temática.
Primer Cartel Uruguayo
A mediados de 2022, el fiscal de Flagrancia Diego Pérez condenó a unas 18 personas vinculadas a dos hechos: el ataque de a la Brigada Antidrogas y la amenaza a la fiscal de estupefacientes Mónica Ferrero, ambos en mayo de 2020.
En ese entonces, los ataques fueron reivindicados por un grupo denominado Primer Cartel Uruguayo (PCU) al que presuntamente estaría vinculado Sebastián Marset, el narco que operaba en Paraguay y que estando detenido en Dubai por ingresar con un documento falso logró tramitar el pasaporte uruguayo y quedar en libertad.
En el marco de esa investigación, se pidió la extradición de Rodrigo Fontana, socio de Marset y que tenía un pedido de captura internacional por los delitos de tráfico de armas y drogas.
El grupo que realizó la amenaza y el ataque a la brigada está vinculado a Marset aunque no existe evidencia de que el narco uruguayo haya participado directamente de esos eventos. Al mismo tiempo, el grupo narco que integran Marset estuvo detrás del asesinato del fiscal paraguayo en Colombia, Marcelo Pecci.
La sigla PCU (Primer Cartel Uruguayo) apareció en varios ladrillos de cocaína incautados en varios países de la región.
