Un informe de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) efectuó una actualización de una evaluación de riesgo en la que incluyó a los sujetos obligados del sector financiero y no financiero. Uno de los capítulos refiere a las zonas francas. El informe expresa que dentro del sector hay diferencias notoria entre las actividades que se desarrollan dentro del sector y que poseen riesgos muy disímiles.
La actualización recuerda que en la anterior “Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, realizada en 2017, se señaló que “el importante volumen de negocio internacional, los exiguos –lógicamente- intercambios con la zona aduanera doméstica, y datos conocidos de diversos expedientes comerciales, indican la existencia de un elevado riesgo de existencia de algunas prácticas de infra-facturación y sobrefacturación, que podrían afectar el buen nombre del país como de las respectivas zonas operadores”.
Con posterioridad a esa evaluación se incluyó a los explotadores y usuarios de zonas francas como sujetos obligados con el deber de reportar operaciones sospechosas.
El estudio menciona que también se aprobó la ley 19.566 (modificativa de la de la ley de zonas francas) motivada mayormente por las recomendaciones de la OCDE, que introdujo importantes cambios al régimen, tales como la exigencia del requisito de sustancia acorde a la actividad que desarrolla.
También la obligación de proporcionar información detallada sobre la empresa a la Dirección Nacional de Zonas Francas, la exigencia de niveles mínimos de personal y la limitación a los plazos de autorización. El documento también destaca que la aplicación normativa de precios de transferencia evita la existencia de casos de sobre o subfacturación.
La Senaclaft aclara que existe “una diferencia notoria entre las actividades que se realizan dentro del sector, que poseen riesgos muy disímiles, por lo cual se considera conveniente diferenciar entre las distintas categorías de actividades y servicios que actúan en zonas francas, a efectos de aplicar las medidas de mitigación más efectivas”.
Y ejemplifica que se considera oportuno distinguir quienes realizan actividades propias de sujetos obligados de aquellos que desarrollan otro tipo de actividades.
En otros capítulos, el documento expone que los organismos de contralor tienen distintas falencias que impiden un mayor control a los sujetos obligados. Menciona la falta de recursos humanos, herramientas tecnológicas y de capacitación específica sobre investigación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre ellos señala a la Fiscalía General de la Nación, la Policía, Dirección General de Registros y la Auditoría Interna de la Nación.
