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Lavado de activos: detectan riesgo por falta de personal, tecnología y capacitación
Un informe de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (Senaclaft) advierte que los organismos públicos tienen distintas falencias que impiden un mayor seguimiento y control. Menciona la falta de recursos humanos, herramientas tecnológicas y de capacitación específica sobre investigación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El documento “Evaluación nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo” fue elaborado por el consultor internacional Alejandro Montesdeoca con el apoyo de la Senaclaft y el Banco Central (BCU).
En uno de los capítulos señala que Uruguay ha adoptado numerosas medidas de tipo preventivas para fortalecer su sistema de antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo a través de diferentes leyes y acciones. También destaca los esfuerzos para implementar un enfoque basado en el riesgo para la supervisión de los distintos sujetos obligados, tanto financieros como no financieros.
Pero por otro lado se advierte sobre circunstancias que dificultan la identificación de los riesgos y, en consecuencia, la aplicación del enfoque basado en riesgo en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El documento destaca que hay carencias para identificar los métodos y las tipologías utilizadas para lavar activos en el país, dado que existen pocas investigaciones y casos judicializados de lavado. Tampoco existen estadísticas suficientes, ni se han realizado análisis de los casos judiciales, o informes sobre las tendencias delictivas a cargo de las distintas autoridades pertinentes.
Expone que existen dificultades para coordinar acciones entre las autoridades competentes, ya sea por aspectos normativos o restricciones presupuestales. Esa situación limita la realización de acciones conjuntas y coordinadas y tampoco se comparte información en tiempo y forma, por lo que no se pueden obtener estadísticas. En este aspecto añade que las evaluaciones sectoriales de riesgo y los estudios estratégicos realizados por las autoridades son aún parciales.
La actualización dedica un capítulo a las vulnerabilidades y allí repasa las que tienen los organismos intervinientes en la prevención y control del lavado de activos.
Expresa que la Senaclaft no cuenta aún con la estructura organizacional, ni con los recursos humanos y materiales para cumplir con sus funciones de coordinación del sistema. Por otra parte, no tiene personal efectivo, ya que todos los funcionarios se encuentran en régimen de pase en comisión, con la posibilidad de que sean solicitados por sus organismos de origen o sujetos a los cambios de gobierno.
Sobre la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), unidad especializada dentro del BCU, dice que posee escasos recursos humanos y tecnológicos. Eso limita su capacidad de llevar a cabo la labor de supervisión, análisis operativo y estratégico y a la vez cooperar eficazmente con las autoridades correspondientes. Ese déficit contrasta con la situación de otros organismos similares de la región, que experimentaron un notorio desarrollo en los últimos 20 años en cuanto a aspectos estructurales y funcionales.
En el caso de la Fiscalía General de la Nación no cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir su rol en el sistema acusatorio en materia de lavado de activos. Añade que no se han producido investigaciones financieras paralelas acordes al perfil de riesgo del país.
El estudio marca que en la Policía se constata la insuficiencia de la capacitación específica sobre las técnicas de investigación referidas al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como la limitación de recursos humanos y tecnológicos disponibles.
En la Dirección General de Registros se observa una ausencia de herramientas tecnológicas que permitan acceder oportuna y eficazmente a la información necesaria para las investigaciones. En especial existe dificultad de acceder a información de la titularidad de los bienes por vía patronímica.
En la Auditoría Interna de la Nación hay insuficiencia de recursos humanos y tecnológicos para la adecuada fiscalización de un universo de más de 60 mil sociedades en lo que respecta al registro de titulares y beneficiarios finales.
La Senaclaft indica que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) integra la Comisión Coordinadora Antilavado y debería desempeñar un papel clave en el combate a la corrupción en el país, lo que ha realizado parcialmente ya que no cuenta con los recursos ni las facultades legales necesarias para hacerlo.
El informe señala que Uruguay tiene fronteras terrestres e hídricas porosas y riesgosas. La situación de fronteras secas habilita la libre circulación por determinados lugares del país que facilitan el ingreso de capital sin declaración al mercado local. No obstante, complementa, tanto la Dirección Nacional de Migración (DNM) como la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) tienen escasos recursos para realizar un control eficiente de ingreso de mercaderías y personas.
Sectores potenciales
La Senaclaft menciona que Uruguay recibe flujos financieros provenientes de países vecinos, que pueden obedecer a delitos de corrupción o tributarios que suceden en el exterior. Esos capitales usan la plaza uruguaya como tránsito hacia otras jurisdicciones o para integrarse en el sistema bancario local u otros sectores financieros, así como en el rubro inmobiliario y agropecuario.
Advierte que, sin dudas, el sector financiero presenta un importante nivel de riesgo dado el volumen de operaciones, los clientes con los que opera y el tipo de operaciones que realiza. Informa que se ha constatado el uso de cuentas bancarias (con titularidad personal, de sociedades anónimas uruguayas o no residentes), la realización de transferencias internacionales, el arrendamiento de cofres fort y la realización de transacciones en el mercado de valores nacional y en el exterior para canalizar activos de origen ilícito.
En especial, se considera de mayor riesgo las operaciones de clientes no residentes, considerando la prevalencia de los delitos mencionados, así como los desequilibrios macroeconómicos y las restricciones cambiarias existentes en la región.
Dentro del sector no financiero se destacan los rubros inmobiliarios y el de automóviles de alta gama, embarcaciones y aeronaves. Sobre el primero expresa que se ha constatado la presencia de inversiones inmobiliarias en la mayoría en la mayoría de los casos de lavado de activos. Asimismo, se evidencia el ingreso de capitales extranjeros mediante la inversión inmobiliaria, en muchos casos utilizando estructuras societarias.
La Senaclaft plantea que a los efectos de mejorar el sistema sería importante distinguir entre los distintos actores que operan en el sector (inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas constructoras, otros intermediarios, escribanos y rematadores) para poder enfocar las medidas de mitigación adecuadas para cada uno de ellos.
Sobre el segundo rubro asegura que se detectó el fenómeno de la compra de vehículos de alta gama, embarcaciones y aeronaves en la mayoría de los casos de lavado de activos ocurridos en el país. El escrito afirma que es evidente la tendencia notoria por parte de los delincuentes de utilizar la compra de este tipo de bienes como forma de canalizar el dinero obtenido en sus actividades ilícitas.
También menciona a los criptoactivos, rubro en el que se observan algunos casos vinculados con su uso y el de plataformas que permiten la comercialización. Concluye que la presencia de esos instrumentos en un marco que no siempre resulta transparente, y tomando en consideración que la regulación (incluido el marco legal) todavía se encuentra en proceso y que no existe una evaluación sectorial de riesgo, hacen que esta modalidad operativa constituya un alto riesgo emergente.
