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Archivo. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema

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Asignaciones familiares: 20% de los jóvenes suspendidos fueron reinscriptos a centros educativos

"En el correr de estos días la cifra descendió de 11.588 a 9.370", sostuvo el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema

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16 de agosto de 2022 a las 15:32

El 20% de los jóvenes cuya asignación familiar suspenderían a partir de setiembre porque no estaban inscriptos en centros educativos fueron finalmente "regularizados con la inscripción correspondiente", informó este martes el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. 

"La cifra preliminar de la que partimos fue de 11.588 casos en 380.000 de todo el país (en el plan). En el correr de estos días la cifra descendió de 11.588 a 9.370. Quiere decir que más de 2 mil menores ya fueron regularizados con la inscripción correspondiente", indicó en rueda de prensa.

El 77% de los suspendidos inicialmente tienen 13 años o más.

"Ya estamos viendo los efectos de haber adoptado una medida que es antipática, que no nos genera gusto, pero que tenemos la absoluta convicción de llevarla adelante", añadió el jefe de la cartera. 

"Regularizar estos casos nos reafirma el camino elegido. Si hubiéramos optado por la vista gorda, quizá estos más de 2 mil menores no estarían inscriptos actualmente en centros educativos", insistió.

Lema señaló que, en el caso de no ejercer la medida, se hubiera dado "la señal" de que "daba lo mismo" eran enviados o no a los centros educativos. "Es muy injusto para esos menores que no puedan tener la oportunidad de formarse" y de generar "herramientas y oportunidades", sostuvo el jerarca.

Más allá de esta regularización, los datos seguirán siendo procesados durante el mes de agosto. "Cuando queda una cifra definitiva en el mes de setiembre esas personas que no cumplieron con la contraprestación ahí es donde se les suspende la asignación familiar", había explicado Lema una semana atrás en rueda de prensa.

Además, "sobre fin de año hay un nuevo control que tiene que ver con la asistencia". Los datos son cotejados por las autoridades de la educación y por el BPS (Banco de Previsión Social)". Quienes no cumplan con la asistencia serán suspendidos.

"El año pasado se dio también", recordó Lema y sostuvo que los casos "fueron alrededor de 9 mil".

“Imperiosa necesidad”

La decisión de suspender a quienes no cumplieran con la contraprestación —que los menores concurriesen a centros educativos— fue tomada por el ministro en base a una ley del gobierno de José Mujica y un decreto posterior de Tabaré Vázquez que establece que ir a la escuela, liceo o UTU es obligatorio para recibir el pago mensual de este programa social.

El anuncio a inicios de agosto por parte de Lema despertó inquietudes en legisladores del oficialismo y la oposición, que preguntaron en el Parlamento a cuántos niños y adolescentes alcanzaba y qué estaba haciendo el Estado para reinsertarlos en el sistema educativo. 

Una de las que respaldó la iniciativa aunque salió a marcar su perfil, enfocándose en las consecuencias y el seguimiento de los organismos una vez que esto ocurre fue la vicepresidenta Beatriz Argimón, quien tuvo un contacto con Lema y luego se reunió con los presidentes del Banco de Previsión Social (BPS), Alfredo Cabrera, y del Codicen, Robert Silva. 

Tras la reunión con Argimón, Silva expresó que las cifras revelaban la “imperiosa necesidad” de transformar la educación y señaló como núcleo central del problema lo que ocurre en Secundaria y UTU. “Hay un sistema en media que no colma las expectativas, el mayor problema lo tenemos a partir de los 13 años”, expresó y anunció que desarrollarán “estrategias para ir tras los estudiantes”, conocer su situación y lograr que vuelvan al sistema educativo. “Esta situación nos genera una nueva alarma. La visita de la vicepresidenta pone el tema como central y nos pone en situación de discusión permanente”, subrayó. 

La revinculación y el seguimiento que se hace a estos niños y adolescentes fueron dos de las interrogantes que planteó Argimón durante las reuniones. Según dijo la vicepresidenta en rueda de prensa, apoya la suspensión de los pagos para que no se “desnaturalice” la herramienta de las asignaciones aunque le interesa saber “qué pasa cuando esto ocurre”. 

“Nos interesa saber todo lo que el Estado hace para recuperar y volver a vincular a estos niños y adolescentes. Las situaciones son bien diversas y no es lo mismo Primaria que Secundaria o UTU”, explicó.

En este sentido, Mides, BPS y Codicen señalaron que durante todo agosto serán “proactivos” para intentar llevar al mínimo la cantidad de familias a las que se les suspende el pago.

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